El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) podría contar desde mañana con un nuevo presidente, que sustituirá en el cargo a Antonio Doreste más de un año después de haber expirado su mandato, en julio del 2019. El pleno del Consejo General del Poder Judicial votará la presidencia entre la terna de candidatos que se mantiene activa tras el aplazamiento que se produjo en noviembre por no alcanzar ninguno de ellos la mayoría cualificada en el seno del gobierno de los jueces.
Los candidatos al TSJC vuelven a ser los mismos que a final de año. Los tres pasaron el ‘primer examen’ ante la Comisión Permanente del Poder Judicial de los cinco que se presentaron inicialmente: el progresista Pedro Herrera (Jueces para la Democracia), presidente de la Audiencia Provincia de Las Palmas; el centrista Juan Luis Lorenzo (Asociación Judicial Francisco de Vitoria), decano de los Juzgados de Santa Cruz de Tenerife; y el independiente José Félix Mota (Foro Judicial Independiente), magistrado de la Audiencia Provincial de Tenerife. Quedaron excluidos en ese corte la magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, María Auxiliadora Díaz, y el presidente de la Sección Sexta de la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife Carlos de Millán.
La falta de acuerdo en el seno del Pleno del CGPJ en una primera votación obligó a reclamar una nueva terna, lo que se realizó en diciembre. La nueva ronda fue aplazada en dos ocasiones, primero en enero y posteriormente en julio, en espera de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. La votación de mañana, que en principio no garantiza el consenso necesario para que culmine en un nombramiento efectivo, se produce en plena polémica institucional y política precisamente por esa circunstancia. La renovación está bloqueada en el Congreso por la negativa del PP a llevarla a cabo por diferencias con los partidos que forman el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos. Algunos sectores cuestionan la legitimidad del actual gobierno de los jueces para elegir cargos, cuando su propia conformación ha superado el plazo de cinco años que establece la Constitución.
La normativa, en cualquier caso, permite al actual Poder Judicial la designación de los cargos pendientes.
El Pleno de CGPJ hará en total diez nombramientos, seis de ellos en el Tribunal Supremo. Los jueces echan leña al fuego tras la controversia creada por la ausencia del Rey el viernes en Barcelona en la entrega de despachos a los nuevos jueces, y hacen oídos sordos al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que ayer instó a paralizar toda decisión en tanto no se renueve el órgano de gobierno de los jueces.
A aumentar la tensión ha contribuido también el comunicado firmado por varias fuerzas parlamentarias, representantes de más de la mayoría absoluta del Congreso, en el que exigen al resto de partidos que permitan renovar las instituciones cuyo tiempo de ejercicio “ha caducado”. Los firmantes son PSOE, Unidas Podemos, ERC, Junts per Catalunya, PNV, Más País, Compromís, Teruel Existe y Nueva Canarias, que suman 187 escaños. “Los grupos parlamentarios que, amparados en las mayorías reforzadas a las que obliga el ordenamiento jurídico, bloquean las renovaciones previstas, incurren en una grave irresponsabilidad. Ningún interés partidista y sectario justifica tal comportamiento”, se lamentan.
