La investigación que se sigue en los tribunales contra el diputado de Podemos por Santa Cruz de Tenerife y secretario de Organización de la formación, Alberto Rodríguez, llega al Supremo. El alto tribunal abre una causa penal al dirigente tinerfeño por presuntos delitos de atentado contra la autoridad y lesiones que tienen su origen en 2014 cuando Rodríguez participó en una protesta en La Laguna con motivo de la visita del entonces ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert. El procedimiento abierto por el Juzgado de Instrucción número 4 de la Ciudad de los Adelantados ha sufrido varios vaivenes en estos años y finalmente fue en diciembre de 2019 cuando se remitió la causa al Supremo por la condición de aforado del dirigente de la formación morada.
Los hechos investigados tuvieron lugar en enero de 2014 cuando Wert visitó La Laguna para inaugurar la catedral en su condición de ministro de Cultura. Por entonces las protestas se sucedían en todo el país en contra de la Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (Lomce) y se convocó una manifestación en la ciudad tinerfeña para mostrar el rechazo a la visita de Wert y a la ley que impulsaba su Ministerio. La protesta finalizó con disturbios y enfrentamientos entre los manifestantes y la policía en los que se vio envuelto Rodríguez.
El parlamentario se vio envuelto en unos disturbios en La Laguna en enero de 2014
El atestado policial de lo sucedido aquel día refleja que hubo lanzamiento de vallas y objetos de todo tipo contra los agentes policiales que custodiaban el templo donde se encontraba Wert. Algunos policías resultaron agredidos y con lesiones y, según el atestado que recoge también el fiscal, el diputado de Podemos estaba en un grupo que participó en dichas agresiones. Junto a Rodríguez se denunció a cinco personas más y en sus conclusiones el fiscal pidió un año de prisión para el dirigente e inhabilitación para cargo público por el mismo periodo, además de una multa por un delito de atentado contra agentes de la autoridad y lesiones.
Nulidad parcial
El juzgado de instrucción abrió diligencias para la apertura de juicio oral contra Rodríguez y el resto de los encausados pero al acreditar la condición de aforado por ser diputado en Cortes, se acordó la nulidad parcial del auto que abría el juicio en la parte relativa al parlamentario de Podemos y se elevó al Tribunal Supremo, que ahora abre la causa penal.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha designado instructor al magistrado Antonio del Moral , que deberá ahora aclarar el grado de culpabilidad y de participación en los hechos de Rodríguez en los disturbios de La Laguna ya que, en el informe de la Fiscalía, refleja que el diputado de la formación morada y el resto de acusados estaban en el grupo que se enfrentaron a las fuerzas policiales a base de pancartazos y puñetazos, resultando heridos varios agentes.
No es la primera vez que el dirigente tinerfeño se ve envuelto en una causa por disturbios callejeros. También el Supremo abrió una causa contra el parlamentario en 2017 por un delito de desordenes públicos por unos hechos ocurridos también en La Laguna en 2006 por un altercado con policías locales. Entonces, el diputado de Unidas Podemos explicó que había sido detenido por defender a su hermano “de un abuso policial por el que perdió parte de la visión de un ojo”. “Sobra decir que colaboraré con el Tribunal Supremo y defenderé mi inocencia, pero esto ocurrió hace muchísimo tiempo y se podía haber solucionado mucho antes. Me resulta cuando menos extraño que se abra una causa ahora y que este asunto, que se podía haber resuelto en un juzgado ordinario, llegue al Supremo”, lamentó el diputado hace tres años. Finalmente, el Supremo declaró extinguida su responsabilidad penal porque había prescrito el delito.
Rodríguez también fue investigado por un altercado en 2006 que después prescribió
Tras conocerse la apertura de la causa penal por parte del Supremo, la formación a la que pertenece el dirigente tinerfeño mostró su “asombro”, según las fuentes consultadas por Europa Press. Recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid condenó a la diputada y portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, a un año y siete meses de prisión por los delitos de atentado a la autoridad, lesiones leves y daños a raíz del intento de frenar un desahucio en 2014 en la calle Tribulete, ubicada en el barrio madrileño de Lavapiés.
En el fallo, la Sala le impone a Serra una multa de 2.400 euros y 19 meses de inhabilitación para “el derecho al sufragio pasivo” al margen de la condena de prisión, que en principio no implica el ingreso en la cárcel, y le absuelve del delito de desórdenes públicos. En el caso de Rodríguez, la Sala del Supremo tendrá que decidir la condena que solicita.
