Todas las administraciones canarias van a disponer por fin de una herramienta fundamental y largamente demandada para poder afrontar la crisis derivada de la pandemia sanitaria por la Covid-19, y para contrarrestar la brutal caída de ingresos, de más de 1.000 millones este año, que está suponiendo el parón del sector turístico desde marzo pasado. El Gobierno central, siguiendo la recomendación de la UE y tal y como ya han hecho otros países, ha decidido suspender durante 2020 y 2021 las reglas fiscales vinculadas al déficit y a la deuda fijadas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 2012, que impedía a las administraciones usar sus remanentes de tesorería e incurrir en determinadas tasas de déficit y deuda. Con ello les otorga liquidez a corto plazo y un respiro para hacer frente al desajuste presupuestario que la crisis está provocando.
De esta forma, el Ejecutivo regional y los gobiernos de los ayuntamientos y cabildos dispondrán en su conjunto de una parte de los en torno a 3.500 millones de superávit acumulado y parte de él atesorado como remanente en las cuentas bancarias, justo cuando están preparando sus presupuestos para el año próximo y confirmaban sus dificultades para cubrir el coste de los servicios públicos esenciales y los gastos extra que provoca la pandemia. La medida, de ámbito estatal, fue anunciada ayer por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien explicó que la decisión supondrá dejar en suspenso las normas de consolidación fiscal impuestas en su día por Bruselas, permitiendo al Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales incurrir en déficit como consecuencia del mayor gasto asociado a la pandemia sin preocuparse de infringir la legislación.
La comunidad autónoma dispondrá de sus 386 millones de superávit del 2019
Esta medida lleva años siendo reclamada por el conjunto de administraciones regionales y locales, y en particular desde Canarias, por ser una de las comunidades donde –tanto en el ámbito autonómico como en el insular y municipal– las cuentas estaban más saneadas. El actual Gobierno regional, que dispondrá de los 389 millones de superávit del 2019, lo ha puesto sobre la mesa en todo contacto y negociación con el Ejecutivo central y su consejero de Hacienda, Román Rodríguez, lo volvió a reclamar con motivo de la reciente presentación del marco macroeconómico para la elaboración de los presupuestos regionales del próximo año. Cabildos y ayuntamientos llevaban por su parte esperando una reunión con la ministra sobre esta cuestión desde antes del verano, que no se ha llegado a producir. Esta medida les acerca a sus objetivos. Disponer del superávit y autorización de endeudamiento extra son elementos imprescindibles, según Rodríguez, para poder superar los efectos del ‘cero turístico’ de los últimos meses y que puede prolongarse para la temporada de invierno.
Ayer el vicepresidente canario al tiempo que celebraba el cambio de criterio del Ministerio de Hacienda se mostraba cauto sobre el alcance del anuncio realizado por la ministra de Hacienda en tanto no se conozcan todos los detalles de la medida y su articulación normativa.
Ayuntamientos y cabildos podrán usar parte de sus 2.600 millones de remanentes
La suspensión de las reglas fiscales decidida por el Estado viene a corregir los efectos del reciente desacuerdo del Ministerio de Hacienda con los ayuntamientos de todo el país sobre su inmediata financiación, y sobre el rechazo parlamentario de hace dos semanas del decreto con el que el Ejecutivo pretendía resolver el conflicto. Ese decreto establecía que el Estado se quedaba con los 15.000 millones de remanentes de las corporaciones, cediéndoles a éstas a través de créditos a fondo perdido 5.000 millones para uso propio durante dos años, y devolviéndoles el resto en un plazo de diez años desde el 2022.
Montero afirmó ayer ante periodistas que la suspensión de estas reglas fiscales tiene como objetivo poner la “totalidad de los recursos de las administraciones al servicio de los ciudadanos”. No obstante, insistió en el compromiso incuestionable del Gobierno con la estabilidad presupuestaria, la sostenibilidad y los compromisos europeos en materia de consolidación fiscal, por lo que durante este tiempo el Gobierno mantendrá las medidas de seguimiento que sean imprescindibles para permitir el reequilibro de las finanzas públicas en cuanto sea posible.
“Decisión sin precedentes”
De esta forma, el Ejecutivo central no renuncia a preservar el principio de estabilidad presupuestaria y sigue creyendo en sus beneficios, fundamentales para preservar la sostenibilidad y el futuro del Estado del bienestar. Por tanto, el ministerio de Montero se compromete a seguir reduciendo el déficit público en los próximos años, aunque la prioridad actual es combatir la pandemia. Así, aunque quedan suspendidas todas las limitaciones en materia de cumplimiento de reglas fiscales, deberán mantenerse las medidas de seguimiento y supervisión, imprescindibles para el reequilibrio de las finanzas públicas. “Se suspende la regla de gasto pero no la responsabilidad fiscal. Las comunidades no tendrán que hacer ajustes, pero todos tendremos que hacer Presupuestos razonables. Confío en el compromiso de todas las administraciones”, aseguró Montero.
En su explicación, el Ministerio de Hacienda señala que la medida implica que quedan suspendidos los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para 2020, así como los fijados para el período 2021-2023 aprobados por el Congreso en marzo y que habían quedado desfasados en la situación actual. A pesar de ello, existirán unos niveles de déficit de referencia que servirán para permitir el funcionamiento presupuestario ordinario de ambos ejercicios. La suspensión de las reglas fiscales supone que los Planes Económicos Financieros (PEF) presentados por Comunidades Autónomas y Entidades Locales para ambos ejercicios como consecuencia del incumplimiento de los objetivos establecidos para 2019 deben considerarse superados.
Román Rodríguez celebra el cambio de criterio aunque pide cautela hasta conocer los detalles
Según Montero, los ayuntamientos que tengan remanentes podrán gastarlos como quieran y de forma íntegra durante este año y el próximo. Pasado ese periodo, volverán las reglas de gasto. La ministra insistió sin embargo en pedir “responsabilidad” a todas las administraciones para gastar de forma razonable. “Esta decisión sin precedentes supone promover políticas de estímulo en todas las administraciones para no dejar a nadie atrás. Pero el Gobierno de España no renuncia al principio de estabilidad presupuestaria. Se suspende la regla de gasto pero no la responsabilidad fiscal”, afirmó ayer Montero.
La estabilidad presupuestaria es la pauta que fija que las administraciones públicas deben cerrar en equilibrio sus finanzas a lo largo de un período de tiempo, sea un año o más, pudiendo incurrir en superávit pero nunca en déficit. Según lo establecido por el Artículo 12 de esta Ley de Orgánica, las administraciones no pueden gastar más de una cantidad concreta con respecto al año anterior que viene ya marcada por la “tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española”. Esto significa que, en el ejercicio actual, en el que este dato alcanzó el 2,9% del año pasado, si en 2019 un ayuntamiento gastó 200 millones de euros, en 2020 no puede gastar más de 102,9 millones. De esta manera, las administraciones no podían gastar los remanentes que tienen acumulados y solo disponían de la opción de destinarlos a amortizar deuda o a depósitos bancarios.
CC aplaude pero quiere conocer “la letra pequeña”
CC “celebra”, con matices, la decisión del Gobierno central de suspender las reglas fiscales que marcaban las políticas de gastos de las administraciones regionales y locales. “Es una medida, de entrada, de sentido común, algo que llevamos reivindicando desde hace mucho tiempo, pero habrá que ver la letra pequeña”, afirmó ayer el senador Fernando Clavijo. Según él, el anuncio de Montero “es positivo”, pero “tenemos suficiente experiencia sobre la diferencia entre los anuncios oficiales de este Gobierno y su traslación a medidas concretas”. Señala en este sentido que “no sabe en qué situación quedan los ayuntamientos que no disponen de superávit ni, por tanto, qué va a ocurrir con los 5.000 millones que se iba a poner a disposición del conjunto de corporaciones locales en el decreto de financiación que rechazó el Congreso, o con los 1.000 millones para el transporte”. Según Clavijo, el hecho de que los grupos parlamentarios rechazaran ese decreto no debe suponer que el Estado se desentienda de las corporaciones que ahora quedan sin cobertura por no disponer de remanentes de tesorería “y que están en una situación de necesidad financiera importante”. También hay aclarar “qué parte de los ahorros se va a poder gastar, así como el destino que se les puede dar”. | J.A.
