El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aplaza por tercera vez la elección del nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). El pleno del órgano de gobierno de los jueces decidió ayer retirar de la orden del día la votación para nombrar al sucesor de Antonio Doreste, cuyo mandato venció hace más de un año.
Los candidatos a ocupar la Presidencia del alto tribunal canario –Pedro Herrera, magistrado de la Audiencia de Las Palmas; Juan Luis Lorenzo, decano de los Juzgados de Santa Cruz de Tenerife, y José Félix Mota, magistrado de la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife–, tendrán que esperar aún más para conocer quién será el relevo de Doreste. Los plenos del CGPJ se celebran con carácter mensual, pero aún se desconoce si la votación se llevará a cabo en el previsto para el próximo mes o más adelante. Para ser elegido como nuevo presidente es necesario lograr la mayoría de tres quintos del cónclave –13 de 21 votos– y el plenario busca, según informó en un comunicado, alcanzar el mayor consenso posible.
La terna de candidatos también fue devuelta una vez por falta de acuerdo
Este tercer aplazamiento del Poder Judicial respecto a la elección del nuevo inquilino de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias se suma al rechazo que concitó la misma terna el año pasado. Después de que Herrera, Lorenzo y Mota pasasen la criba de la Comisión Permanente del Poder Judicial en noviembre y ninguno lograra, dos semanas después, la mayoría del plenario, el proceso de elección regresó al punto de partida. Una situación inédita. Esos tres mismos candidatos fueron los que en diciembre pasaron de nuevo el corte, ya que la magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, María Auxiliadora Díaz, y el presidente de la Sección Sexta de la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife, Carlos de Millán, quedaron de nuevo excluidos.
El procedimiento seguía su curso, pero el órgano de gobierno de los jueces decidió en enero congelar el nombramiento de los cargos judiciales que estaban pendientes ante el bloqueo de la renovación del CGPJ. Su presidente, Carlos Lesmes, anunciaba entonces un “tiempo prudencial” para constatar avances en dicha renovación, puesto que el mandato de cinco años del Poder Judicial había vencido el 4 de diciembre de 2018. En cualquier caso, advirtió a través de un comunicado que la elección de los cargos pendientes se retomaría si las negociaciones entre los partidos no fructificaban para “evitar perjuicios en el servicio público de la Administración de Justicia”.
El órgano presidido por Lesmes sí nombra a tres presidentes de Sala del Supremo
La orden del día del pleno celebrado a final de julio volvió a incluir el debate y votación para nombrar al sucesor de Doreste, en interinidad desde julio de 2019. De nuevo el pleno del CGPJ decidía retirar esta elección “por razones de prudencia ante la confirmación de la existencia de negociaciones entre los grupos parlamentarios para la renovación del órgano de gobierno de los jueces”. Las conversaciones, sin embargo, están ahora enquistadas ante la negativa del PP de pactar la renovación por diferencias con los dos partidos que conforman el Gobierno central: PSOE y Podemos.
Esta circunstancia se suma, además, a la polémica generada por la ausencia del Rey en la entrega de despachos a los nuevos jueces que se celebró hace una semana en Barcelona. El cruce de comentarios –y más de un reproche– no ha cesado desde ese día. Ayer mismo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, arremetió contra Lesmes por haber hecho pública la llamada "privada" que le hizo Fernando VI tras el acto de la Ciudad Condal, ya que, a su juicio, buscaba con ello la “finalidad política” de criticar al Gobierno. Lesmes, tras la ceremonia, desveló que el Rey le había comentado que le hubiera gustado asistir al acto. “Hay un pacto entre todos de que las llamadas privadas del Rey no se explican, y cuando el señor Lesmes habla de esa llamada privada y lo cuenta públicamente lo hace con una finalidad clarísima, que es criticar y poner en cuestión al Gobierno de la nación", aseguró Robles, según informa Efe.
En medio de este controvertido escenario dos colectivos de juristas –la Asociación Libre de Abogados y Abogadas (ALA) y la Comisión de Defensa del Colegio de la Abogacía de Barcelona– pidieron el lunes al órgano presidido por Lesmes que se abstuviese de tomar decisiones en funciones. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, señaló en una entrevista ante los micrófonos de RNE que si bien nunca pediría al Poder Judicial que paralizase los nombramientos, “sería una medida de apoyo a la obligada renovación”.
De otra parte, la mayoría de la Cámara baja añadía el mismo día presión. En un comunicado firmado por PSOE, Unidas Podemos, ERC, Junts per Catalunya, PNV, Más País, Compromís, Teruel Existe y Nueva Canarias lamentaban que “los grupos parlamentarios que, amparados en las mayorías reforzadas a las que obliga el ordenamiento jurídico, bloqueen las renovaciones previstas”, e incurran en una grave irresponsabilidad, subrayaban. “Ningún interés partidista y sectario justifica tal comportamiento”, se lamentaban con especial refrencia a PP.
El pleno del CGPJ, además de frenar ayer la votación del nuevo presidente del TSJ de Canarias, también paró el nombramiento de otros procesos selectivos en marcha. En concreto, el de las presidencias de la Audiencia Provincial de Orense, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga y la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Sin embargo, sí designó, “con un amplio consenso”, a los nuevos presidentes de las Salas Tercera, Cuarta y Quinta del Tribunal Supremo y a tres magistrados de la Sala Segunda del alto tribunal.
