“Es una medida importante y necesaria aunque llegue tarde”. Los alcaldes de las dos capitales canarias consideraron ayer “positiva” la decisión del Gobierno central, anunciada el miércoles, de suspender durante este año y el próximo las reglas fiscales, lo que permitirá a comunidades autónomas, ayuntamientos y cabildos usar sus remanentes de tesorería e incurrir en determinadas tasas de déficit y deuda, pero aclararon que se han perdido tres meses por el retraso en la adopción de esta medida.
José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria), alcalde de Santa Cruz de Tenerife, lamentó que “hayamos tenido que ponernos como nos pusimos” para que se tomara esta decisión, lo que “se podía haber hecho hace tres meses”. El nacionalista fue precisamente uno de los primeros alcaldes que se alzaron contra la negativa inicial del Ejecutivo de Pedro Sánchez a suspender la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 2012 aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy para dar un respiro económico a las administraciones públicas ante la grave crisis económica por la pandemia del coronavirus Covid-19.
“Me alegro de que el Estado diera marcha atrás; reactivaremos la economía”
Su homólogo de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo (PSOE), coincidió en que el decreto llega “tarde” porque “no dará tiempo a gastar el dinero en inversiones dado que estamos en octubre, aunque permitirá gastar más dinero en 2021”. “En junio hubiera estado bien pero ahora en octubre cualquier proyecto de inversión hay que llevarlo a pleno y sacar un concurso público”, detalló el responsable municipal sobre la dificultad para gastar los fondos a estas alturas. “Es imposible, hemos tardado mucho en llegar a un acuerdo”, remató Hidalgo, que añadió que hasta que no salga el decreto publicado no se podrá decidir qué hacer, porque “dependerá de las líneas de actuación que se marquen”. “Ya he visto tres decretos bailar”.
Bermúdez e Hidalgo, eso sí, admitieron que la noticia ha supuesto un desahogo, ante la dura situación económica, que les permite contar con nuevos fondos para afrontarla. “Me alegro de que el Estado haya dado marcha atrás, se haya buscado otro camino y nos permita utilizar el ahorro que nosotros mismos hemos producido”, puntualizó el alcalde de la capital tinerfeña, quien añadió que Santa Cruz gastará ese ahorro de forma prioritaria “en aquello de lo que habla el Ministerio que hay que hacer, en medidas de reactivación económica y social para la ciudad”. Augusto Hidalgo, por su parte, matizó que “aunque es un decreto de mínimos, es una gran noticia; era necesario”. El primer edil socialista aclaró que “por prudencia y porque la ciudad no lo necesita no se va a gastar el superávit que tiene Las Palmas de Gran Canaria”.
“Ahora estamos pendientes del decreto para conocer las líneas de actuación”
Otro de los alcaldes canarios que se unió a la rebelión contra la negativa inicial del Gobierno nacional a aparcar la Ley de Estabilidad Presupuestaria fue Héctor Suárez (CC). El responsable del segundo municipio con más habitantes de Gran Canaria, Telde, mostró su satisfacción con el acuerdo adoptado el miércoles pero también expuso sus peros: “El municipalismo esperaba más”. Suárez desea ahora, después de que el Ejecutivo de Sánchez reculara, que cuente con los ayuntamientos en las decisiones sobre el reparto de los fondos nacionales y europeos para abordar la crisis económica generada por la pandemia. “Se tiene que contar con los ayuntamientos porque son las administraciones que tienen un trato más directo con los ciudadanos”.
“Tienen que contar con los ayuntamientos para el reparto de las ayudas nacionales y europeas”
Federación de cabildos
Los cabildos canarios también se beneficiarán de esta medida. De ahí que la federación de las corporaciones insulares (Fecai) celebrara ayer la decisión del Gobierno central de dejar en suspenso durante los años 2020 y 2021 las reglas fiscales vinculadas al déficit y la deuda. Esta circunstancia permitirá a las instituciones insulares usar sus remanentes de tesorería y el superávit acumulado para cubrir el coste de los servicios públicos esenciales, hacer frente a la merma de ingresos derivados de la disminución del bloque de Financiación Canaria y a los desajustes presupuestarios generados por la pandemia.
La presidenta de la Fecai y del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo (PSOE), agradeció "la sensibilidad" mostrada con el Archipiélago por el Ministerio de Hacienda y aplaudió una medida que "nos permitirá poner todos los recursos disponibles al servicio de la recuperación económica".
En sesión telemática, los miembros de la Fecai acordaron por otro lado ayer la creación de una comisión que coordinará los proyectos que se trasladarán al Gobierno de Canarias para su inclusión en el Plan Reactiva, una herramienta impulsada por el Gobierno de Canarias para combatir los efectos de la pandemia Covid-19. Dotado con una inversión total cercana a los 6.000 millones de euros hasta 2023, el Plan ha reservado 1.425 millones para el ejercicio 2020, de los que 440 se destinarán al mantenimiento de los servicios básicos y el refuerzo de las capacidades sanitarias y sociosanitarias.
