España está sufriendo la crisis más importante de su reciente historia y Canarias es el territorio donde más se está dejando notar. Los efectos de la pandemia sanitaria dibujan un panorama desolador en todos los indicadores económicos, y en especial en un territorio tan dependiente del turismo como sector más castigado por esta situación. Mientras el país entero se desangra por el golpe a sus sistema productivo, y el Archipiélago galopa hacia una emergencia social sin precedentes en los tiempos modernos, el sistema político español hace aguas y sus líderes se enzarzan en una guerra sin cuartel ajenos a la perplejidad que provocan entre la ciudadanía. Con el virus de nuevo ganando espacios a lo largo y ancho del país y llevándose centenares de vidas por delante, la política española se ha instalado en una dinámica cainita que imposibilita cualquier acuerdo de base para superar este estado de cosas.
Este es el escenario en el que Canarias está tratando de trasladar desde hace meses a los poderes del Estado y a los responsables políticos nacionales la gravedad de la crisis que está sufriendo, y sobre la que no logra captar la atención necesaria para hacerle frente. El Gobierno central sigue sin atender la mayoría de las reclamaciones, a través de medidas singularizadas, que hagan efectivo el rescate económico y social de las Islas, en espera de la respuesta que vaya a dar en los próximos Presupuestos estatales y en el reparto de los fondos europeos de reconstrucción, mientras los partidos estatales se enquistan en la bronca política que protagonizan en Madrid. Las sesiones del Parlamento estatal ganan decibelios e intercambio de insultos y descalificaciones en cada sesión, mientras el debate de fondo sobre la salida de la crisis no acaba de despegar. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha tenido que dar un toque de atención a los diputados ante el espectáculo televisado que protagonizan cada miércoles.
Las relaciones ente Canarias y el Estado se atascan en la mayoría de los asuntos pendientes
La última y más importante batalla abierta en la política estatal es la relacionada con el enfrentamiento entre el Gobierno y el PP por la gestión de la pandemia en la Comunidad de Madrid, gobernada por la popular Isabel Ayuso, que se resiste a tomar medidas restrictivas para tratar de contener los contagios tal como le reclama, y finalmente le ha impuesto, el Ministerio de Sanidad. Pero durante las últimas semanas, otros asuntos ajenos tanto a la emergencia sanitaria, como a la propia crisis económica, han monopolizado los debates del Congreso o las polémicas mediáticas, construyendo una realidad paralela a las preocupaciones de la sociedad, y constatando la imposibilidad de un mínimo pacto de país para afrontar la situación.
Así, polémicas como la ausencia del Rey en un acto oficial del Consejo General del Poder Judicial en Barcelona; el papel de la monarquía en la España actual; la propia renovación del gobierno de los jueces, del Tribunal Supremo y otros órganos constitucionales (bloqueados por el PP); el caso kitchen sobre la trama policial en el Ministerio del Interior durante el anterior Gobierno de los populares y la apertura de una comisión de investigación en el Congreso; el anuncio por parte del ministro de Justicia, Juan Carlos Campos, sobre el inicio de la tramitación de los indultos solicitado por algunos presos independentistas catalanes; las acusaciones a Podemos por presunta financiación irregular; o la presentación de la moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por parte de Vox, son las que están marcando la agenda política en el Estado y a las que se entregan los partidos y sus líderes en este otoño caliente español.
Esta dinámica es observada desde la periferia y desde la mayoría de las comunidades autónomas con gran irritación por lo que dificulta el normal desarrollo de su agenda de asuntos con el Gobierno central y porque aparta el foco de los problemas que les preocupan. Un ejemplo palpable ha sido la instrumentalización política que los partidos, en especial el PP para no dejar sola a Ayuso, hicieron el martes pasado del Consejo Interterritorial de Salud donde se acordaron los criterios de restricción de movilidad para tratar de frenar los contagios. Sólo en los últimos días las comunidades han visto trasladar uno de sus asuntos a la actualidad política y mediática tras el anuncio de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de la suspensión de las reglas fiscales de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y con ello autorizando al conjunto de la administraciones a disponer de sus ahorros, y liberarlas de las restricciones generar défícit durante este año y el próximo. Una medida largamente reclamada desde Canarias pero sobre la que lamenta su tardanza en adoptarse, y en torno a la que hay que aclarar todavía sus criterios y condiciones de aplicación efectiva.
Relaciones estancadas
En este marco, Canarias ha visto cómo algunas de sus principales preocupaciones están siendo orilladas por los partidos estatales en el debate nacional, mientras que las relaciones y gestión de temas bilaterales entre la comunidad autónoma y el Gobierno central se encuentran estancadas. En materias como turismo, la visita durante el verano de la ministra del ramo, Reyes Maroto, no se ha traducido en la aprobación de una plan específico para las Islas, ni en la agilización de los corredores seguros con los mercados turísticos europeos.
Especial relevancia ha tenido en las últimas semanas el malestar provocado en el Gobierno regional, incluido su presidente, Ángel Víctor Torres, por la suspensión, aplazamiento o no confirmación, de la visita del ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, en plena emergencia migratoria por la incesante llegada de pateras a las costas canarias. Ninguno de los partidos estatales ha marcado en sus respectivas agendas cualquiera de estos puntos de enorme calado para las Islas, aunque algunos de sus diputados o senadores canarios, sobre todo los del PP, sí han presentado preguntas escritas al Gobierno o realizado alguna oral.
Sí han tenido una actividad más relevante en este sentido los representantes de los partidos nacionalistas en el Congreso y el Senado, CC y NC, cuyas iniciativas han sido las únicas que han trasladado de una forma más directa e intensa a ambas cámaras la situación que vive el Archipiélago, con mociones, propuestas y preguntas que han dado ocasión al Ejecutivo de explicar sus medidas, consideradas en la mayoría de los casos claramente insuficientes.
Desde la dos formaciones isleñas se lamentan en todo caso de la degradación de la vida política y parlamentaria del país, y de la escasa implicación de las fuerzas estatales en la búsqueda de salidas para la crisis en las Islas.
El Ejecutivo canario y las fuerzas políticas del Archipiélago se mantienen a la espera de que en las próximas semanas se presente en el Congreso el proyecto de Presupuestos para 2020, que deben expresar claramente los planes del Ejecutivo central en relación con la crisis canaria. De las respuestas que los ministros están dando en las últimas semanas a los temas planteados no se encuentran por ahora motivos para el optimismo, más bien aumentan los recelos, sobre todo a la vista de la abstención socialista en la Cámara baja a varios puntos de una moción de NC que solicitaba el pago de los 500 millones en carreteras, que los Presupuestos respeten el REF y el Estatuto, y que el reparto de los fondos europeos tenga en cuenta el mayor efecto de la crisis en las Islas. De hecho, según fuentes parlamentarias, aunque el PSOE se abstuvo en esos apartados de la moción, la orden desde el Ministerio de Hacienda era que directamente los rechazaran.
Otros temas de la agenda bilateral se encuentran estancados, entre ellos la convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias Canarias-Estado para el desarrollo del nuevo Estatuto de Autonomía y el traspaso de las competencias previsto tras casi dos años de aprobado el nuevo texto. También el desarrollo de aspectos fiscales y normativos del nuevo REF, y la revisión o actualización de los convenios de infraestructuras pendientes, entre otros asuntos, esperan una normalización de la vida política para sentar en la mesa ambas administraciones.
