Los alcaldes canarios, sobre todo quienes gobiernan municipios donde el superávit y los remanentes de tesorería están muy por debajo de las necesidades de los vecinos, quieren que el Ministerio de Hacienda les permita recurrir al endeudamiento. La suspensión de las reglas fiscales anunciada por la portavoz del Gobierno central, María Jesús Montero, implica que los ayuntamientos podrán gastar su superávit y remanentes en lo que consideren oportuno, pero no cambia las reglas del juego en lo relacionado con la deuda. “Se mantienen en 2020 los términos del régimen de autorización de operaciones de endeudamiento de las entidades locales”, explican desde el Ministerio. Queda por tanto en el aire cómo podrán los consistorios que no tienen superávit y remanentes, o que los tienen pero en cuantías muy inferiores a las necesidades, financiar un gasto público tan enorme como el que ha generado la pandemia. “Nosotros, por ejemplo, tenemos un pequeño remanente, pero creo que debemos poder endeudarnos en unos parámetros razonables si fuera necesario”, resume el alcalde del municipio grancanario de Valsequillo, Francisco Atta.
Lo cierto es que, en general, los regidores de las localidades isleñas no acaban de fiarse del anuncio de la ministra. Todos comparten lo positivo de que al fin puedan usar los dineros ociosos en las cuentas corrientes de sus ayuntamientos, pero quieren esperar a ver la letra pequeña del decreto del Gobierno antes de lanzar las campanas al vuelo. “Lo primero es esperar a que salga el decreto, porque igual nos llevamos alguna sorpresa”, avisa el alcalde gomero de Alajeró, Manuel Ramón Plasencia. De hecho, el expresidente de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) ni siquiera tiene por seguro que al final se les vaya a permitir saltarse sin más la regla de gasto, por más que así lo hayan asegurado desde el Ejecutivo estatal, “y si te dejan utilizar el remanente pero no saltarte la regla de gasto, estaremos en las mismas”. En cualquier caso, y aun dando por hecho el mejor de los escenarios, es decir, que efectivamente las reglas fiscales queden en suspenso sin condicionantes de última hora, el dinero de los superávits y los remanentes será una ayuda importantísima pero no la solución a medio y largo plazo. Y mucho menos en consistorios, sobre todo los pequeños, con bajos remanentes y superávits.
Francisco Atta: “Debemos poder endeudarnos de forma razonable si fuera necesario”
Fue en 2012 cuando entró en vigor la Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Lo hizo por exigencia de Bruselas para que España corrigiese la senda de sus cuentas públicas, con una deuda y un déficit desbocados que desde entonces se han encauzado solo en parte (por ejemplo, hay comunidades autónomas que han hecho su tarea, como sin ir más lejos Canarias, pero otras, como Cataluña, que han ignorado la ley de forma casi sistemática). Sea como sea, la ley impuesta por las autoridades comunitarias obliga desde entonces a los ayuntamientos a destinar su superávit para pagar deuda. El superávit es la diferencia entre los ingresos y los gastos al cierre del ejercicio cuando aquellos superan a estos. Esos fondos que quedan en la caja del consistorio una vez cubiertos todos los gastos del año. Y ese es el dinero que desde 2012 solo puede utilizarse para pagar a los bancos.
Ocurrió así que las entidades locales acabaron con toda su deuda, o con una gran parte de la misma, mientras han continuado teniendo superávit ejercicio tras ejercicio. ¿Qué ha pasado entonces con ese dinero? Pues que a falta de poder gastarlo porque ya no hay deuda que pagar, se ha quedado bloqueado en las cuentas corrientes de los ayuntamientos. Son los remanentes de tesorería, esto es, los superávits acumulados año a año por la imposibilidad de destinarlos para cualquier cosa que no sea cubrir deuda aun cuando ya no haya deuda o esta sea insignificante. Es verdad que las quejas de los alcaldes llevaron a Hacienda a inventarse las llamadas inversiones financieramente sostenibles, que permitían o permiten gastar parte del superávit siempre que la obra o el trabajo en cuestión no signifique un incremento del presupuesto de gastos. En la práctica, sin embargo, su capacidad para movilizar recursos ha sido muy pequeña. En definitiva, los ayuntamientos canarios acumulan ociosos en los bancos entre 2.000 y 4.000 millones de euros en forma de remanentes.
Ramón Plasencia: “Igual nos llevamos alguna sorpresa cuando se publique el decreto”
No obstante, esa es la cuantía global, pero hay municipios cuyos superávits y remanentes son sumas modestas o que incluso siguen endeudados, de ahí que la suspensión de las reglas fiscales no les alivie las cuentas en la misma medida que a aquellos otros cuya deuda ya era baja en 2012, cuando se promulgó la ley de estabilidad. No en vano, estos últimos no han hecho más que acumular remanentes ejercicio tras ejercicio. Esta es la razón de que haya muchos casos en los que no basta con desbloquear el superávit y los remanentes, sino que el ayuntamiento necesita endeudarse para atender las necesidades del municipio.
El alcalde de Guía, Pedro Rodríguez, insiste así en la importancia de que el Ministerio abra la mano también en el tema del endeudamiento, entre otras cosas “porque tras casi diez años pagando deuda, tenemos margen para ello en estos momentos tan duros”. Airam Puerta, su homólogo del municipio tinerfeño de Güímar, también apuesta por que se permita recurrir al endeudamiento “siempre sin comprometer las cuentas públicas”, que es algo en lo que todos, tengan más o menos margen en sus consistorios, coinciden. Es decir, la petición en ningún caso es que se dé total libertad para endeudarse, sino hasta cierto punto y pensando sobre todo en el medio y largo plazo. No hay que olvidar, puntualiza Francisco Atta, que es más que probable que lo peor de la crisis esté por venir, y entonces harán falta más recursos que nunca para sostener los ayuntamientos y ayudar a los ciudadanos. En otras palabras: los superávits y los remanentes dan para encajar el golpe pero no para arreglar el problema. “Debería poder permitirse un nivel de deuda razonable”, agregó por su parte el alcalde de Agüimes, Óscar Hernández Suárez, que recalcó que debe facilitarse a los ayuntamientos “disponer de más recursos”.
Fuentes del Ministerio explicaron que se está trabajando en una fórmula para auxiliar a aquellas entidades sin remanentes y superávits suficientes.
