Los cabildos mostraron ayer su respaldo al decreto ley del Gobierno de Canarias de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turístico y territorial, con el que se persigue aligerar la burocracia para facilitar la recuperación económica de la crisis sanitaria. Pero eso sí, reclaman mejoras en el texto como paso previo a su convalidación en la Cámara regional como proyecto de ley.

El decreto ley, que fue aprobado el 10 de septiembre por el Consejo de Gobierno y que ya está en vigor sin perjuicio de las modificaciones parlamentarias que se puedan introducir, incluye modificaciones de leyes y decretos relacionados con el turismo, las costas, la agricultura, la construcción, la restauración, las energías renovables y la ordenación del territorio. Suprime, por ejemplo, la autorización previa para cualquier actuación de renovación y modernización turística que no suponga nuevas plazas de alojamiento, y facilita el uso sanitario con carácter complementario o auxiliar al uso turístico principal, entre otros aspectos.

También se sustituye la autorización por la declaración responsable en la ejecución de obras en construcciones e instalaciones anteriores a la Ley de Costas de 1988 si se cumplen determinados requisitos; facilita la legalización de explotaciones ganaderas que se encuentran sin cobertura jurídica y que les impide acceder a subvenciones; y en energías renovables, se potencia el autoconsumo al permitirse la ocupación del 100% de la superficie de las cubiertas.

El presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, aunque apuntó que “no pone pegas” sí mostró “serias dudas” de su efectividad, porque esta reducción de trabas burocráticas “parece que es la modificación de la ley de reducción de trabas burocráticas que ya teníamos”.

Además de Hernández Zapata, participaron en la reunión la presidenta del Cabildo de Lanzarote, Dolores Corujo, y el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, mientras que Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura estuvieron representados por consejeros insulares. Todos ellos coincidieron en que se trata de una norma positiva pero apuntan discrepancias con alguno de sus contenidos y su voluntad de contribuir a su mejora.