La suspensión de las reglas fiscales le da a Canarias un colchón de seguridad de 880 millones de euros. Hasta esa cantidad podrá la Comunidad Autónoma endeudarse o incurrir en déficit en 2021 si fuera necesario. Una red de protección a la que la Consejería de Hacienda podrá recurrir en caso de que la crisis del coronavirus se ponga aún más fea y que despeja el camino hacia la aprobación de los presupuestos regionales para el próximo ejercicio. Además, el Archipiélago también recibirá 458 millones de los fondos europeos anticrisis entre 2021 y 2022, lo que solo está pendiente de fijar qué porcentaje transferirá el Estado el próximo año y, por tanto, qué cuantía quedará para 2022. Así se acordó ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también se comprometió a mantener las transferencias del sistema de financiación autonómica con independencia del rumbo de la economía, una decisión en la que las Islas se jugaban otros 600 millones de euros.
El vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, salió visiblemente satisfecho de la primera reunión del CPFF en siete meses. El órgano que trata de armonizar las políticas financieras del Estado y las comunidades autónomas debía poner cifras a la suspensión de las reglas fiscales anunciada por Montero la semana pasada. Lo hizo con la única ausencia del País Vasco, que una vez más decidió no sentarse junto a las restantes comunidades por considerar que su espacio de debate con el Estado debe ser la Comisión Mixta del Concierto Económico, y a falta de la aprobación de las Cortes. No obstante, la satisfacción generalizada tras el CPFF invita a pensar que el refrendo en el Congreso será un mero trámite. En el caso del Archipiélago, los acuerdos del Consejo no solo garantizan que Canarias tendrá presupuestos para 2021, sino que los tendrá con el mismo nivel de gasto que los de este año y “puede” que incluso más, aseguró Rodríguez.
La financiación autonómica se mantendrá pero habrá que devolver una parte en 2023
Aunque las reglas fiscales (objetivos de deuda y de déficit, techo de gasto, bloqueo de los remanentes...) quedarán suspendidas (a pesar de su difícil situación socioeconómica España ha esperado hasta ser el vigésimo país de la UE en hacerlo), el Estado quiere evitar la barra libre. Por eso el CPFF decidió fijar una tasa de referencia del 2,2% del PIB para las operaciones de endeudamiento. Si se respeta ese límite (el consejero canario no descartó que haya regiones que lo sobrepasen, como de hecho hay regiones que vienen saltándose las reglas fiscales a conveniencia), las autonomías podrán así buscar nueva financiación en los mercados y/o incurrir en déficit por hasta un 2,2% de sus respectivos PIB. De este modo, las Islas se garantizan una red de seguridad de alrededor de 880 millones de euros, esto es, el 2,2% de los 40.000 millones en que quedará su Producto Interior Bruto en 2021. Hay que puntualizar, eso sí, que la idea del Ministerio de Hacienda es que ese 2,2% se distribuya a la mitad entre el Estado y las comunidades autónomas. Es decir, que sea la Administración central la que acuda a los mercados para obtener una parte de la financiación y que la otra parte la negocien directamente las administraciones autonómicas. ¿Por qué? Porque hay regiones que tienen prácticamente cerrados los mercados por el mal estado de sus cuentas, con lo que si no media el Estado, difícilmente serán capaces de financiarse a un precio razonable. No es este, sin embargo, el caso de Canarias, que figura entre las comunidades con menores ratios de deuda y de déficit y que no tendrá problemas para financiarse por su cuenta.
En resumen, y siempre que finalmente salga adelante la idea del Ministerio, las Islas podrán ir a los mercados hasta por un máximo de 440 millones de euros y optar a igual cuantía con la intermediación del Estado. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, a través de un instrumento similar al FLA, el Fondo de Liquidez Autonómica que se puso en marcha en 2012 para paliar las consecuencias de la crisis financiera, o incluso por medio de transferencias directas por un montante global de 13.486 millones (el 50% del nuevo techo de deuda/déficit). En cualquier caso, Canarias se garantiza recursos suficientes para el peor de los escenarios, sobre todo si se tiene en cuenta que los máximos de deuda y déficit permitidos hasta ahora eran de apenas una décima (0,1% del PIB).
La suspensión de las reglas fiscales despeja el camino para aprobar las cuentas de 2021
El CPFF también acordó que de los 72.000 millones que vendrán de Europa a fondo perdido para hacer frente a la crisis, hasta 10.000 se distribuyan entre las comunidades autónomas en función de la población. El Archipiélago recibirá así 458 millones de euros en los dos próximos años al margen de los proyectos que presente para hacerse acreedor a los dineros comunitarios. Los restantes 62.000 millones sí se repartirán en función de los proyectos. De hecho, los 10.000 millones son parte de una preasignación de la UE a España por un montante de 12.436 millones de euros “para paliar las consecuencias socioeconómicas de la pandemia, lograr la reactivación de los sectores afectados y reforzar el sistema sanitario”, explicaron desde el Ministerio. Los otros 2.436 millones irán justamente a Sanidad.
Además, Montero también confirmó a los consejeros de Hacienda que las regiones recibirán en 2021 igual cantidad de recursos del sistema de financiación autonómica que este año. De esta decisión dependían en torno a 600 millones en el caso de Canarias. En circunstancias normales, las entregas a cuenta con cargo al sistema de financiación se calculan a partir de la evolución de la economía. Como esta ha entrado en barrena, las transferencias a las comunidades deberían haber disminuido sensiblemente, que es lo que se ha evitado manteniendo las cuantías de 2019. Eso sí, las regiones tendrán que devolver en 2022 lo recibido de más este año y en 2023 lo que reciban de más en 2021, ya que el sistema se liquida a dos años vista.
Hacienda sí estará muy vigilante con el cumplimiento de los plazos de pago a los proveedores
En total, el nuevo techo de déficit permite que las autonomías gasten hasta 26.800 millones de euros extras el año que viene. Montero, también portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez, incluso apuntó tras la reunión del CPFF que no se castigará a las comunidades que se endeuden o incurran en déficit por más de ese 2,2% de referencia. «El efecto del incumplimiento es ninguno; confío en que harán unos proyectos de presupuestos razonables», sostuvo la titular de la cartera de Hacienda, que, no obstante, sí puso mucho énfasis en que los plazos máximos legales para el pago a los proveedores deberán respetarse sí o sí. Si una región incumple estos plazos, Hacienda no descarta intervenir.
Montero destacó que las autonomías han contado este año “con la mayor financiación de toda su historia” (133.863 millones de euros) y apuntó que en 2021 tendrán «un poquito más» (140.400 millones, un incremento del 4,8%). Las comunidades recibirán así 113.729 millones de euros del sistema de financiación autonómica, un 1,67% menos que en 2020, pero para compensarlo, el Estado prevé inyectarles el equivalente a la mitad del 2,2% de déficit y deuda permitido, los susodichos 13.486 millones, y les permitirá endeudarse o incurrir en un déficit efectivo por otros 13.400 millones.
La ministra defendió que estas medidas suponen «dejar atrás las recetas austericidas con que se combatió la anterior crisis», aunque se mantendrá la lucha contra el déficit a partir del próximo año.
