El Ministerio de Hacienda prepara una suerte de fondo de rescate para los ayuntamientos a los que no les basta con los remanentes de tesorería para hacer frente a la crisis. Las corporaciones municipales de Canarias, sobre todo esas que no han tenido la suerte de acumular superávits en los últimos ejercicios, creen que el Estado debería autorizarles para recurrir al endeudamiento “en términos razonables”. Sin embargo, la intención del Gobierno central es que los consistorios capeen el temporal con el superávit y los remanentes y ayudar a aquellos que no cuenten con estos ahorros para atender las necesidades de sus vecinos.
Así lo expuso ayer la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo estatal, María Jesús Montero, en la reunión por videoconferencia de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), donde también estuvo presente la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias. La CNAL, que se celebró a continuación del Consejo de Política Fiscal y Financiera con las comunidades autónomas, sirvió como también este último para poner cifras a la suspensión de las reglas fiscales anunciada por Montero la semana pasada. En este caso, la titular de la cartera de Hacienda concede a los ayuntamientos un tope de déficit y deuda de solo una décima del PIB, frente al 2,2% en el caso de las regiones. Sin embargo, por un lado hay que puntualizar que el objetivo de déficit inicial de las entidades municipales era cero, es decir, que sus gastos en ningún caso podían superar los ingresos (ahora podrán hacerlo, en conjunto, en una suma máxima equivalente al 0,1% del PIB); y, por otro, que ya disponen de los superávits del último ejercicio y de los alrededor de 15.000 millones de euros en remanentes (los remanentes son los superávits acumulados de años anteriores). Además, y en última instancia, los consistorios que no tengan remanentes o cuyas finanzas estén al límite podrán acceder a ese fondo de rescate. Se trata, en definitiva, de que también estas entidades locales dispongan de un extra de financiación para hacer frente a la pandemia, si bien está por ver en qué consistirá ese instrumento extraordinario que estudia el Ministerio.
Las entidades locales de las Islas confían en que el Ministerio abra la mano con la deuda
Como también les trasladó a los responsables de las haciendas autonómicas, la ministra explicó a los representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), presidida por Abel Caballero, que la suspensión de las reglas fiscales convierte el objetivo de déficit y deuda para 2021 en una tasa de referencia, una base a partir de la cual los alcaldes puedan elaborar los presupuestos para el próximo ejercicio. No en vano, no puede exigirse el cumplimiento de una normativa suspendida, lo que no quiere decir que el Estado vaya a abrir la mano sin más en el tema del endeudamiento. Esa es la razón de que la tasa de referencia para el déficit y la deuda se haya fijado en el 0,1%, ya que Montero confía en que los miles de millones de los remanentes basten para que los ayuntamientos superen el próximo ejercicio. Al menos la gran mayoría de ellos, de ahí que para el resto se disponga ese fondo de rescate.
Hay que recordar que la Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que entró en vigor en 2012 por exigencia de Bruselas para que España corrigiese la senda de sus cuentas públicas, obliga desde entonces a los ayuntamientos a destinar su superávit para pagar deuda. El superávit es la diferencia entre los ingresos y los gastos al cierre del ejercicio cuando aquellos superan a estos. Esos fondos que quedan en la caja del consistorio una vez cubiertos todos los gastos del año. Ese es el dinero que desde entonces solo puede utilizarse para devolver crédito a los bancos.
El Gobierno intenta que los municipios capeen el temporal con los superávits
Muchos consistorios acabaron con toda su deuda, o con una gran parte de la misma, pero han seguido teniendo superávit ejercicio tras ejercicio. Un dinero que a falta de poder gastarlo, porque ya no hay deuda que pagar, se ha quedado bloqueado en las cuentas corrientes de los ayuntamientos, esto es, los llamados remanentes de tesorería. De esta forma, los ayuntamientos canarios acumulan ociosos en los bancos entre 2.000 y 4.000 millones de euros en forma de remanentes. Esta es la cantidad que podrán utilizar el próximo ejercicio para atender el mayor gasto social por la crisis. Eso los que tienen estos ahorros, que ciertamente son la mayoría; los que no, recibirán la ayuda del Estado.
Además, el Ministerio de Hacienda también pretende elaborar una nueva normativa en la que queden recogidas cuestiones como el incremento de las entregas a cuenta, la liquidación de 2018 y la creación de un fondo de transporte.
