La Fiscalía y la acusación ejercida por el Cabildo de Gran Canaria mantienen el delito de malversación contra los dos procesados que presuntamente cambiaron la factura del cáterin que se sirvió en el congreso del Centro Canario Nacionalista (CCN) en Infecar en diciembre de 2011 y que se abonó como un taller de comida saludable.
En la tercera sesión del juicio, las dos acusaciones plantearon que el pago del cáterin con la subvención destinada a la Feria de la Infancia y la Juventud que se celebró posteriormente no se debió a un error, pues sostienen que se trata de unos hechos intencionados cometidos por el responsable de Hérgora Catering, Carlos Orce, y el exdirector y director de ferias y eventos de Infecar, Rafael Suárez.
La fiscal da por seguro que Rafael Suárez ordenó a Orce que cambiara el concepto en la factura para que pasara de cáterin al de comida saludable y lo hizo para que pudiera cobrar, porque el CCN era un “partido moroso”, si bien cuando se les “pilló”, le pidió a Hérgora que devolviera el dinero.
Se pagó con dinero público un servicio que se prestó a un partido político, y esto es un delito, subrayó la fiscal, quien también apuntó que las defensas han querido hacer ver que se trató de una conspiración, pero todo ello con la intención, a su juicio, de desviar la atención.
Rafael Suárez era el director de ferias y eventos y director general en funciones y Carlos Orce era director de calidad y biólogo, “pero no se ocupaba de eso” como han señalado varios testigos, que aseguraron en el transcurso del juicio que trataba con el personal de Infecar, remarcó.
La fiscal además recriminó a la defensa que presentara en el último momento a una “testigo sorpresa” de Infecar, una administrativo del departamento de ferias y eventos en 2011 que afirmó ayer al jurado que la directora técnica del área, María López, era la encargada de supervisar la factura que se pagó a Hérgora del taller y no Rafael Suárez.
La testigo explicó también que en una reunión preparatoria de la Feria de la Infancia se planteó repartir bolsas con alimentos en el taller de comida saludable.
“La teoría del error no cuela”, recalco la fiscal, quien apuntó que Suárez había mediado entre Hérgora y el coordinador del grupo mixto en el Cabildo, Juan Francisco Herrera, que era militante del CCN, y a quien se le encargó buscar el cáterin, por lo que se tuvo que dar cuenta de que no era por el taller.
Así mismo, subrayó que no importa si las irregularidades denunciadas por el consejero del CCN del Cabildo Lorenzo Olarte fueron por motivos políticos, la cuestión es que se ha cometido un delito.
La defensa de Rafael Suárez, que pidió la absolución de su cliente, indicó al tribunal que la administrativo que compareció como testigo en la sesión de ayer fue propuesta antes de 2014, que fue cuando se inició el procedimiento, pero la fiscal se opuso a que figurara.
“La fiscal se ha equivocado, está en las actuaciones” y ello obedece a que “tiene una carga de trabajo insoportable, pero lo de ellos son errores y lo de los demás son delitos”, manifestó el letrado.
El abogado de Rafael Suárez añadió que, al margen de lo que denunciara Lorenzo Olarte en el Cabildo y de las “miserias de los partidos”, los hechos son consecuencia de un “error humano no intencionado” que ha dado origen a un procedimiento penal.
Insistió en que si el exdirector de Infecar es juzgado por haber firmado la factura, también debía figurar en la causa el consejero del área, Juan Hernández, pues la firma es mancomunada.
Cuando su cliente se dio cuenta de que hubo un error en la factura dijo que se cambiara el concepto, pero no para pagar al CCN sino el servicio que se había pedido a Hérgora para el taller de comida saludable, y cuando se enteró de que no se ofreció devolvió el dinero al Cabildo y reclamó a la empresa los 3.500 euros.
La defensa de Carlos Orce insistió en que su cliente solo era el director calidad de comidas en diciembre 2011 y que se han aportados pruebas suficientes que lo demuestran y que siempre sostuvo que la conversación telefónica que tuvo con la testigo Mónica Gómez nunca existió, que es la única prueba que lo inculpa.
Desde su punto de vista, las acusaciones no han podido demostrar que existiera esa conversación en que asegura que Carlos Orce le dijo que había cambiado el concepto de la factura del cáterin que sirvió Hérgora en el congreso del CCN por el de un taller subvencionado por el Cabildo por orden de Rafael Suárez.
El presidente del tribunal ha impuesto una multa de 800 euros al director general de Hérgora Catering, Antonio Agustín González, por no comparecer ante el tribunal pese a haber sido llamado como testigo.
