Nada mejor que ver en persona una emergencia humanitaria para que las alarmas salten y lo que antes era desidia, se convierta en necesidad de actuación. Es lo que ha ocurrido con el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, que ayer era testigo de cómo se intenta tratar con algo de dignidad a los centenares de migrantes que llegan al sur de Gran Canaria cada semana –más de 700 migrantes arribaron al Archipiélago en menos de 24 horas entre la madrugada del jueves y el viernes–. Una misión que se convierte en un imposible si se carecen de espacios de acogida. Un mes después de cancelar su visita a las Islas y varios meses después de que la situación se hiciera insostenible, el ministro hacía al fin un hueco en su agenda para comprobar in situ la gravedad de una situación que recuerda demasiado a la crisis de los cayucos de 2006. “Tenemos que buscar una solución a cómo se recepciona a los migrantes y así se lo voy a trasladar a los responsables del Gobierno”, aseguró Escrivá tras reunirse con el presidente canario, Ángel Víctor Torres, y su homólogo en Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales.
Tras conocer la situación mucho más controlada que se vive en Tenerife, Escrivá se enfrentaba ayer a primera hora al muelle de Arguineguín, donde se hacinan unas 500 personas en carpas colocadas y gestionadas por la ONG Cruz Roja. La pandemia ha cerrado las fronteras de numerosos países, frenando la libre movilidad de las personas. A eso se une el bloqueo por parte del Ministerio del Interior a la hora de permitir que los migrantes que llegan al Archipiélago prosigan con su camino hacia la Península y el resto de Europa. Con unas islas desbordadas, Escrivá manifestó su temor. “No hay que descartar que tengamos una situación no sé si tan complicada, pero que sí puede aproximarse a las que ha vivido Canarias en tiempos pasados, por lo que el Gobierno de España tiene que dar una respuesta equivalente a la que dio entonces y abordar el asunto en toda su problemática y toda su integración”, aseguró Escrivá, en referencia a la crisis de los cayucos que se produjo hace 14 años.
Una acogida sin fisuras
No sólo el área de Fernando Grande-Marlaska no mueve ficha. También el Ministerio de Defensa, dirigido por la socialista Margarita Robles, sigue sin dar señales de vida. “Creo que las peticiones que ha hecho el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, a Defensa para que ayude con las instalaciones que tiene deben ser atendidas, la situación lo justifica y así lo trasladaré al Gobierno”, aseguró Escrivá. Rehabilitar el cuartel de Las Canteras en La Laguna –que “es la única opción que se ha dado de todas las que se han solicitado” al área de Robles– está cuantificada en dos millones de euros, “un coste elevado que supondrá un esfuerzo presupuestario importante que estamos dispuestos a realizar”, según el ministro. Las instalaciones de La Isleta, en Gran Canaria, también son del agrado de Escrivá por lo que su ministerio seguirá insistiendo al de Defensa para “convencerle” de que lo ceda.
Tras dirigir la mirada al conjunto del Gobierno central, en general, y al Ministerio de Defensa, en particular, Escrivá evitó criticar a las administraciones canarias –como sí hizo en su comparecencia en el Senado a finales de septiembre–, pero sí dejó entrever que la cooperación había sido escasa. El ministro agradeció a los cabildos y sólo a seis de los 88 ayuntamientos de las Islas su ayuda a la hora de acoger a migrantes. Los consistorios de Las Palmas de Gran Canaria –que ha cedido el colegio León, que el ministro visitó ayer–, Arucas, Moya, Tejeda y La Aldea, en Gran Canaria, y el de La Aldea, en Tenerife, fueron señalados por el responsable estatal como los cooperadores que han permitido acoger a unas mil personas en pequeñas instalaciones como albergues, mientras que los hoteles y apartamentos de las Islas atienden a 2.700 personas.
Con el problema humanitario por fin reconocido por Escrivá y con unos responsables políticos también señalados por él, ¿cuál es el papel del Ministerio de Migraciones? Para su titular, cumple escrupulosamente sus funciones. “En cuanto pasan 72 horas, que es cuando se realiza el triaje y se procede a la identificación, las personas llegadas en patera pasan a nuestro sistema de acogida, que cumple desde el punto de vista humanitario con todos los estándares”, aseguró Escrivá, que elogió la labor de los trabajadores y voluntarios de Cruz Roja y que recordó que alojar a los migrantes en hoteles supone “un coste muy elevado”.
Para Escrivá, su área “está a la altura de lo que requiere esta situación tan triste”. Sin embargo, el ministro obvió resaltar que su sistema de acogida tiene un fallo estructural: la falta de instalaciones lo hace imposible. Esto ha provocado que, pasadas las 72 horas que él citaba, centenares de personas hayan tenido que aguantar semanas en el muelle de Arguineguín, en la nave de la vergüenza de Puerto de la Luz o en el terrero de Arinaga.
