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Sánchez eliminó en febrero el órgano que coordinaba la política de inmigración

La reestructuración del Gobierno con la entrada de Podemos acabó con la Comisión para Asuntos Migratorios cuando ya repuntaban las pateras

Migrantes llegados a las costas de Fuerteventura el pasado viernes

Migrantes llegados a las costas de Fuerteventura el pasado viernes

Canarias clama por una coordinación estatal de su actual crisis migratoria y la implicación directa y activa de todos los ministerios con responsabilidad y competencia en la materia, pero el Estado no dispone en estos momentos de ningún órgano que lleve a cabo esa labor. Lo tenía hasta hace unos meses, pero desapareció de la noche a la mañana sin explicación ni justificación aparente. El Consejo de Ministros aprobó el pasado 25 de febrero un real decreto que modificaba la estructura de los órganos colegiados entre ministerios y que eliminó la Comisión Delegada para Asuntos Migratorios, que había sido creada por el primer Gobierno de Pedro Sánchez menos de año y medio antes, en julio de 2018.

De esta forma, la batalla del Ejecutivo canario para poder llevar a cabo una estrategia coordinada para hacer frente a la emergencia que está suponiendo la avalancha de pateras y cayucos a las Islas, con 6.081 migrantes llegados entre enero y septiembre y más 1.000 sólo en las últimas dos semanas, se torna más compleja y dependerá así de la capacidad de los departamentos implicados en buscar una acción conjunta, que por el momento no se atisba. El propio ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, reconoció en su reciente visita a las Islas que hace falta más coordinación interministerial, que debe implicar sobre todo a sus colegas de Interior, Defensa y Asuntos Exteriores, y el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, reclama ya la urgente presencia en el Archipiélago de los titulares de los dos primeros, Fernando Grande Marlaska y Margarita Robles, respectivamente.

La eliminación de la Comisión Delegada para Asuntos Migratorios en febrero llama la atención sobre todo por el hecho de que ya en esas fechas se manifestaba como una evidencia que la ruta canaria de embarcaciones procedentes de las costas africanas estaba tomando el relevo de las travesías más usuales en años anteriores, las del Mediterráneo y la del Estrecho (1.181 africanos habían llegado hasta entonces, un incremento del 1.396%). El propio Torres había dado la voz de alarma sobre esta circunstancia, que propició una visita urgente a Canarias del ministro Marlaska, precisamente un día antes de la última reunión, el 14 de febrero, de la comisión estatal de inmigración. Y se da la paradoja de que esa reunión estuvo presidida de forma excepcional por el propio Pedro Sánchez, aunque el motivo principal de esa postrera convocatoria estuvo originada por la sentencia que acababa de dictar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos avalando las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla.

Sólo once días después de esa reunión, el Consejo de Ministros aprobó la modificación interna de los órganos colegiados que suponía la eliminación de la comisión encargada de coordinar las políticas migratorias, así como de otras dos comisiones delegadas. Aparentemente, dicha modificación respondía a la nueva estructura del Gobierno de coalición que se acababa de formar entre el PSOE y Unidas Podemos, tal como señala el real decreto que la amparaba, pero lo cierto es que las competencias en materia de inmigración no cambiaron sustancialmente en los ministerios respectivos que las asumieron, el de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de la anterior legislatura, que lideraba la ministra Magdalena Valerio, y el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de ahora que gestiona José Luis Escrivá.

“Situación compleja”

De hecho, la justificación que daba el Gobierno cuando en julio de 2018 creó esta Comisión Delegada reconocía el cambio de rutas por parte de las mafias de la inmigración irregular y que se estaba incrementando la presión sobre las costas españolas, sobre todo en ese momento más hacia la zona de Levante y del Estrecho que en Canarias, pero que desde finales de 2019 se comprobó que empezaba a trasladarse ya hacia las islas orientales del Archipiélago. Una nota oficial de la Moncloa señalaba para justificar la creación de esa comisión, hoy desaparecida, que “la actual ola de presión migratoria era un fenómeno previsto y de 2016 a 2017 se han incrementado las llegadas irregulares a las costas españolas un 170%, ante el cierre de las otras rutas del Mediterráneo. La situación, por tanto, viene heredada de la imprevisión del Ejecutivo anterior, por lo que el Gobierno de Pedro Sánchez ha tenido que dar respuesta en menos de dos meses a una realidad migratoria sumamente compleja”.

La Comisión Delegada para Asuntos Migratorios estaba presidida por la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, y la integraban además los titulares de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social; Asuntos Exteriores; Interior; y Fomento; así como el director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, y los secretarios de Estado de Asuntos Exteriores; para la Unión Europea; de Cooperación Internacional; de Defensa, de Seguridad; y de Migraciones e Igualdad. La llegada del nuevo Gobierno de coalición en enero pasado supuso un cambio de criterios sobre esta cuestión y originó la desaparición de esta herramienta que tanto se echa en falta en la nueva crisis migratoria en Canarias.

Fuentes de distintos ministerios señalan ahora que el hecho de que esa comisión haya desaparecido no significa que no se trabaje en labores de coordinación en esta materia, aunque reconocen que no con el alto nivel de representación que se daba en ese órgano. Aunque de manera oficiosa y sin publicidad, es lo que ocurrió por ejemplo en una reunión convocada por el equipo de la vicepresidenta el pasado 10 de septiembre, que sin embargo fue calificada internamente como “reunión técnica” de la que no se facilitó ninguna información. Muy lejos, por tanto, de la comisión que reclama el Gobierno de Canarias para hacer frente a la situación, y de la que insta el Senado al Ejecutivo según una moción aprobada la semana pasada por la práctica totalidad de la Cámara. Es más, no hay en estos momentos ninguna reunión en el horizonte en la agenda de los distintos ministros que tenga que ver con la situación en Canarias o con una cumbre interministerial sobre inmigración.

Marlaska y Robles vía teléfono

El Gobierno de Canarias considera que, independientemente de la eliminación de la comisión estatal encargada de esa coordinación, el Estado debe activar a todos los departamentos para que se dé respuesta eficaz a la crisis actual, tanto en el ámbito de la cooperación con los países de origen de los migrantes, como de la vigilancia exterior y rescate en el mar, la atención y acogida de las miles de personas que se encuentran en instalaciones no apropiadas en Canarias, la derivación de migrantes a la Península y a Europa, o las devoluciones o repatriaciones a sus países de procedencia garantizando sus derechos.

Ángel Víctor Torres conversó informalmente el pasado lunes con el ministro del Interior y la ministra de Defensa durante el acto en el Palacio Real, en Madrid, con motivo de la fiesta del Doce de Octubre, a quienes mencionó de pasada esta situación y quedando en hablar telefónicamente con ellos en los próximos días, pero sin obtener de momento ningún compromiso formal para una visita a Canarias en el corto plazo.

El presidente regional confía en que la visita de Escrivá, sobre la que se hace un balance positivo pero con muchos matices y acotaciones a pie de página, sirva de acicate para que el Estado “se ponga las pilas” y que el propio titular de Migraciones agite a sus colegas de gabinete, entre otras cosas porque cree que él se está exponiendo en exceso en una materia sobre la que otros ministros tiene mayor responsabilidad y grado de competencia. Torres también insistirá en los próximos días para que la crisis migratoria en Canarias, y en general la política estatal en esta materia, sean abordadas de manera concreta en la Conferencia de Presidentes del próximo día 26 en el Senado. Es una cuestión que ha ido planteando en las reuniones telemáticas celebradas desde marzo con motivo de la pandemia, y que ahora cree que debe discutirse de manera concreta para implicar también al resto de comunidades autónomas.

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