Con el susto aún en el cuerpo por la indefinición del Gobierno central sobre la continuidad de la Zona Especial Canaria (ZEC) y la Reserva para Inversiones (RIC), la patronal pidió ayer ajustes en el Régimen Económico y Fiscal (REF) que ayuden a hacer frente a la crisis por el coronavirus y a salvar puestos de trabajo. Lo hizo la patronal en mayúscula, ya que las dos organizaciones provinciales optaron en esta ocasión por un comunicado conjunto para reclamar ese REF “adaptado a la nueva realidad” que entienden vital para superar la coyuntura. La división tinerfeña de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE-Tenerife) y la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), la patronal de la provincia de Las Palmas, avisan a los Gobiernos, al central y al regional, que de no llevarse a cabo estos ajustes, “se pondría en grave riesgo la viabilidad del tejido empresarial y por ende el mantenimiento del empleo”.
Pero ¿qué modificaciones piden los empresarios? La ley del REF establece una serie de plazos y requisitos para que una empresa pueda beneficiarse de un determinado incentivo. La entidad que lleva a cabo una determinada inversión, por ejemplo, puede contabilizarla como inversión RIC con cargo a los beneficios del año de que se trate o de los tres siguientes. Esto le permitiría no tributar por esos beneficios destinados para la RIC. Sin embargo, la RIC caducará el 31 de diciembre si antes el Ejecutivo de Pedro Sánchez no hace su trabajo para prorrogarla, como también la ZEC, con lo que las empresas se ven ahora en la necesidad de materializar inversiones en apenas un par de meses. Hay más de 1.300 millones del ejercicio de 2016 pendientes de materializar, ya que son mayoría las operaciones en que se apura hasta el cuarto y último año de plazo. El problema es que 2020 no ha sido un ejercicio normal, castigado y paralizado por la Covid-19, de ahí que una de las principales demandas de la patronal sea que se amplíen los plazos para cerrar las operaciones sujetas a incentivos.
Medida urgente
Así pues, la CCE y la CEOE-Tenerife consideran “urgente” la flexibilización de los plazos de inversión y también de “los períodos de dotación, de utilización y de mantenimiento de las inversiones”, sobre todo en lo relacionado con los requisitos de empleo en la RIC y la Zona Especial Canaria.
No obstante, la demanda de los empresarios se produce cuando el Gobierno de Sánchez ni siquiera ha comunicado a Bruselas la intención de prorrogar los incentivos del REF, lo que cuenta con el beneplácito de las autoridades comunitarias desde julio. Y luego será necesario aprobar una ley o una disposición de ley que plasme esas modificaciones impepinables, es decir, la prolongación de la ZEC y la RIC más allá del 31 de diciembre. A esto tendrían que sumarse luego los cambios que reclama la patronal canaria, y teniendo en cuenta la tardanza en Madrid, todo parece que será difícil una modificación exprés del fuero regional. “Ante las preocupantes noticias según las cuales el Gobierno de España sigue sin concretar cuándo y cómo se llevará a cabo dicha reforma, exigimos tanto al Gobierno canario como al estatal que la misma sea aprobada urgentemente”, insistieron ambas confederaciones. “Ello, entendemos, exige coordinación entre las distintas fuerzas políticas para alcanzar un consenso para instar desde el propio Parlamento de Canarias al Gobierno de España a adecuar los aspectos fiscales del REF a la situación actual derivada del Covid, tal y como establece el Plan de reactivación económica y social de Canarias”, reza el comunicado de la patronal.
