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Canarias iniciará proyectos millonarios antes de tener el dinero de Europa

El viceconsejero Antonio Olivera admite que operar de ese modo conllevará “algo de riesgo”, pero la economía del Archipiélago no puede esperar a los plazos de Bruselas

Un operario en las obras de construcción de una carretera en las Islas

Un operario en las obras de construcción de una carretera en las Islas Juan Castro

Los plazos para que lleguen a las Islas los, se calculan, 3.600 millones de euros del programa europeo aprobado para paliar los efectos de la pandemia no satisfacen la necesidad imperiosa de oxígeno que tiene la economía del Archipiélago. No será hasta, al menos, la mitad del año próximo cuando Bruselas comience a dar luz verde a proyectos concretos, por lo que el Gobierno de Canarias ha decidido no esperar y poner en marcha el motor de generación de empleo desde los primeros meses de 2021.

“Habrá algo de riesgo”, admitió ayer el viceconsejero de la Presidencia del Ejecutivo regional, Antonio Olivera, sobre la posibilidad de que alguna de las actuaciones puestas en marcha no merezca las subvenciones a ojos de Bruselas. No obstante, matizó que esta práctica de ir por delante tampoco difiere en demasía del procedimiento habitual: “En todos los casos, el proyecto se ejecuta y es en el momento en que se certifica cuando llega el dinero de Europa”.

La clave en este caso reside en la imposibilidad de proceder con desacierto. La Administración regional habrá de hilar con la máxima finura para desterrar esas discusiones a posteriori sobre la pertinencia de las iniciativas. No obstante, en los edificios de Usos Múltiples de la Administración regional no se adentran a ciegas en caminos desconocidos. Los grandes ejes están definidos y eso permite una primera segregación entre los planes, públicos o privados, que pueden contar con el respaldo del capital de la Unión Europea (UE) y aquellos que no.

Entre esos grandes ejes se encuentran la eficiencia y transformación energética o la digitalización, por ejemplo. El jueves se abrió el plazo en Bruselas para que los estados miembros remitan sus respectivos anteproyectos. Estará abierto hasta abril del año próximo. Es el último paso dado hasta la fecha para la puesta en marcha del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, core del conocido como Next Generation, programa que contempla 672.500 millones de euros, entre subvenciones y préstamos, para la recuperación económica de los países miembros.

Conferencia de Presidentes

El próximo 26 de octubre se celebrará una Conferencia de Presidentes en la que el jefe del Ejecutivo canario, Ángel Víctor Torres, solicitará para las Islas el 5% de los 72.700 millones de euros que la Comisión Europea (CE) destinará a España. Torres ya ha avanzado cuál será el destino, grosso modo, de esos 3.600 millones de euros. A eficiencia energética irán a parar 580 millones; a aspectos hidrológicos, 600 millones; a digitalización, 456 millones; a empleo, 283 millones; a vivienda, 340 millones; al sector primario, 50 millones; a infraestructuras turísticas, 140 millones, y a turismo, 300 millones de euros.

Antonio Olivera señaló que el Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias ya permitió “identificar las grandes líneas de actuación, con lo que las consejerías ya pueden explorar diferentes líneas de trabajo”. ¿Qué deben hacer a partir de este momento? “Constatar que los proyectos encajan con las exigencias de la UE”, añadió el viceconsejero.

Esa será la labor a desarrollar durante las próximas semanas y hasta el final de este año. Para ello, la Administración autonómica cuenta con la colaboración de empresas especializadas en la vigilancia de la normativa europea que se promulga –“la letra pequeña”, en palabras del viceconsejero– y la rápida adaptación a ella por parte de los actores públicos y privados.

No menos importante, apunta Olivera, será la labor de “priorizar los proyectos en función de su grado de madurez y el impacto y el efecto reactivador que tienen para la economía canaria”. El empleo que generen y el efecto beneficioso o tractor sobre otros sectores serán dos de los parámetros que en gran medida determinarán que las iniciativas se hagan acreedoras a la financiación europea. Del mismo modo lo hará la disponibilidad que atesoren de cara a ponerse en marcha en el plazo más corto posible.

La intención del Ejecutivo es iniciar inversiones por valor de 1.500 millones en 2021

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Si se esperan 3.600 millones de euros en ayudas directas –más otra importante partida de casi el mismo tamaño en créditos–, la intención del Ejecutivo de Ángel Víctor Torres es comenzar a materializar 1.500 millones el año próximo. De esperar por los plazos con los que trabaja Bruselas, las Islas no pondrían ningún proyecto en marcha el próximo año, y eso es algo que no puede permitirse una de las economías más golpeadas por la pandemia. La dependencia del turismo y la práctica imposibilidad para viajar sin tener que someterse a cuarentenas al regreso de las vacaciones han convertido al Archipiélago en uno de los epicentros del terremoto económico que seguirá al problema sanitario.

Otra de las estrategias que atenderán quienes determinen qué proyectos son prioritarios será “eliminar cuellos de botella para permitir que el sector prívado pueda seguir creciendo”, apuntó el viceconsejero de la Presidencia. Como ejemplo citó la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos. “Si no se puede crecer por esta carencia, eliminarla tendrá un efecto multiplicador”, expuso. Este y otros casos, como el despliegue total de la fibra para acortar la brecha digital, supondrían ejemplos de colaboración entre los ámbitos público y privado.

Los plazos del Next Generation


15 de octubre. El jueves se abrió el plazo para que los estados miembros remitan a Bruselas -hasta abril- el trazo grueso de los planes a financiar con el fondo Next Generation para la recuperación.


Conferencia. El 26 de octubre se celebra una Conferencia de Presidentes -Gobierno central y autonomías- en la que Canarias pedirá el 5% de las subvenciones directas que recibirá España.


Madurez e impacto. Se dará preferencia a los proyectos que estén preparados para ponerse en marcha y que generen mayor impacto positivo en la economía.


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