Día señalado en las agendas de las comunidades autónomas y corporaciones locales en relación a sus respectivos estados de cuentas para hacer frente a la situación de gasto derivada de la pandemia sanitaria por coronavirus. El Congreso debatirá hoy, y con toda probabilidad aprobará por práctica unanimidad, el decreto del Ministerio de Hacienda por el que se suspenden las reglas fiscales sobre deuda, déficit y gasto durante dos años, 2020 y 2021, y que permitirá a las administraciones púbicas a hacer uso de los superávit acumulados, así como de tener un amplio margen de endeudamiento en el próximo ejercicio. Con ello se garantizan la liquidez suficiente como para compensar la caída de ingresos por la crisis económica provocada por la pandemia, especialmente en los capítulos de gastos sanitarios y sociales.
Con todo, la buena noticia que supone esta medida queda matizada por el hecho de que sus efectos prácticos no serán inmediatos por lo avanzado del año y sin apenas tiempo de que las distintas administraciones beneficiadas puedan hacer las modificaciones necesarias para imputarlo a los sus actuales presupuestos. De esta forma, tal y como reconocen el Ejecutivo regional y los ayuntamientos y cabildos canarios, el verdadero impacto de la supresión de las reglas fiscales se traslada a sus respectivas cuentas de 2021. El Gobierno de Canarias cuenta en principio con un superávit de 389 millones cuyo principal uso se concretará en los presupuestos del próximo año que ya está empezando a elaborar la consejería de Hacienda, mientras las corporaciones locales e insulares harán lo propio con sus remanentes acumulados, que calculan en una cifra de entre 2.000 y 3.000 millones. La comunidad autónoma estima que la medida que verá la luz verde en el Congreso le otorga un colchón de entre 800 y 900 millones para el próximo año, con unas cuentas que probablemente superarán el techo de gasto del actual ejercicio a partir de una capacidad de endeudamiento, en base a su PIB, de 440 millones.
Óscar Hernández: “Apenas nos vamos a beneficiar de la decisión tardía del ministerio”
“Vamos a ver como afecta a la liquidación de los Presupuestos de 2020 y al Presupuesto de 2021. El decreto facilita poder afrontar el próximo ejercicio con una perspectiva optimista en cuanto a capacidad de gasto y las múltiples necesidades que tenemos. De no ser así, hubiese sido un caos absoluto y estaríamos planteándonos cierres de servicios, pero la capacidad de usar el superávit en 2020 es prácticamente nula, porque estamos a dos meses de finalizar el ejercicio”, afirma Óscar Hernández, vicepresidente de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y alcalde de Agüimes.
Gasto sin riesgos
Señala en este sentido que, “salvo aquellas corporaciones que de forma arriesgada, con la complicidad de los interventores, han suspendido de antemano la regla de gasto, las demás apenas nos vamos a beneficiar ya este año de la decisión tardía del Ministerio”. Se refiere Hernández a casos como el cabildo de Gran Canaria, que llegó a disponer de más de 300 millones de euros de remanentes, pero de los que el equipo de gobierno de Antonio Morales, presidente de la corporación, se gastó en torno a 150 a riesgo de que el Ministerio de Hacienda le interviniera a través de la aplicación un plan económico financiero por saltarse la regla de gasto, aún en vigor. Ahora podrá gastar el resto y sin ese riesgo.
“Los que hemos esperado, no vamos a hacer prácticamente nada hasta el 2021 porque aprobar la obligada modificación de crédito nos llevará casi un mes y estaremos entonces en diciembre”, asegura el vicepresidente de la Fecam. Sin embargo, se reconoce “optimista” en relación con el efecto del decreto sobre el presupuesto del próximo año, “porque nos permite, pese a las dificultades administrativas, llegar con el tiempo suficiente para poder ejecutarlo en ese ejercicio”.
Los grupos parlamentarios del Congreso plantearán todas esta cuestiones hoy a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante el debate de convalidación. La suspensión de los elementos centrales del Plan de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 2012, aprobada tras la aplicación de la cláusula de salvaguarda por parte de la Comisión Europea para casos de emergencia, deja sin efecto los objetivos de déficit, deuda y gasto público para este año y 2021. Junto con el acuerdo de suspensión de las reglas fiscales, el Gobierno informará al Congreso del nuevo límite de gasto no financiero, el conocido como techo de gasto para los próximos Presupuestos Generales del Estado de 2021, fijado en 196.097 millones.
