El diputado de Unidas Podemos por Santa Cruz de Tenerife, Alberto Rodríguez, decidió mantenerse en la senda ordinaria de tramitación de la causa abierta contra él por un presunto delito de atentado contra agentes de la autoridad, y renunció a comparecer voluntariamente en el Tribunal Supremo para dar su versión de los hechos. El parlamentario canario estaba citado en la mañana de ayer ante el magistrado instructor de la causa, Antonio del Moral, pero, como ya anunció el lunes, eludió dicha comparecencia y remitió un escrito explicando que, “desde el respeto a los procesos judiciales”, deja el procedimiento en manos de la iniciativa del juez y activando así su condición de aforado para que, en su caso, se tenga que solicitar el suplicatorio en el Congreso si finalmente se le abre investigación en el Supremo.

Esta es la decisión que debe tomar ahora el magistrado ante la acusación que pesa sobre el también secretario de Organización de Podemos a la vista de la causa abierta contra éste por el juzgado de Instrucción número 4 de La Laguna por una supuesta agresión a un policía durante una manifestación contra la Ley de Educación (LOMCE), en enero de 2014, antes de su entrada en política y ser elegido diputado en 2015, con motivo de la presencia del entonces ministro de Educación, José Ignacio Wert, en la ciudad tinerfeña.

El juzgado de instrucción acordó la apertura de juicio oral contra Rodríguez pero al acreditar éste su condición de diputado en el Congreso, acordó la nulidad parcial de dicho auto en la parte de la causa referido al aforado. El Ministerio Fiscal presentó escrito de acusación solicitando una pena de un año de prisión por atentado a los agentes de la autoridad y lesiones, dando por probado en el atestado policial de esos hechos que Rodríguez “propinó una patada al policía, quien sufrió traumatismo en un dedo de la mano derecha y contusiones en la rodilla izquierda”. En su escrito remitido ayer al Tribunal Supremo, el parlamentario niega las acusaciones. “En ningún caso he cometido los hechos por los que se me investiga”, afirma Rodríguez, quien explica que acudíó a la manifestación, “como miles de canarios y canarias, a ejercer mis derechos democráticos de forma pacífica y es prueba de la contundencia de mis afirmaciones que ni fui detenido, ni siquiera identificado por esos supuestos hechos en ningún momento”. Considera en este sentido que “gobiernos anteriores pretendieron criminalizar las protestas, pero no lo vamos a consentir”.

Según fuentes jurídicas, el instructor del Supremo decidirá en unos días si abre investigación sobre los hechos que le ha trasladado el juzgado tinerfeño que abrió la causa y que en caso afirmativo remitirá una solicitud de suplicatorio al Congreso. Las mismas fuentes creen que a la vista del escrito del fiscal es más que probable que De la Mata iniciará esa investigación previa solicitud del suplicatorio, mientras que también se considera un puro trámite la votación en pleno de la retirada del aforamiento al diputado.