¿Cuál es ahora la situación de la demanda de vivienda en Canarias y cómo le afectará la crisis del coronavirus?
Ahora mismo no se está notando todavía un incremento respecto de la situación anterior. Canarias llega a la crisis del Covid con una convergencia bastante negativa respecto al resto de territorio nacional. Un canario era de media un 17% más pobre que la media de cualquier español y el Covid no va a hacer otra cosa que incrementar esa diferencia, porque el peso de nuestro sector turístico es tres veces mayor que el de la media nacional. En Canarias la vivienda era una necesidad y tras el Covid es una prioridad. Hay varios factores alrededor del sector de la vivienda como la gentrificación que hemos sufrido en el Sur de las islas. La gente no puede vivir donde desarrolla su proyecto de vida, el efecto de la vivienda vacacional en muchos términos municipales impide que los canarios puedan vivir donde trabajan. Ahora mismo tenemos 17.000 demandantes de vivienda en Canarias a los que tenemos que dar una respuesta.
¿Qué perfil tienen estos demandantes?
La mayoría, un 66%, demandan vivienda en alquiler. Hay que diferenciar entre lo que llamamos alquiler social o alquiler asequible. Son dos tramos poblacionales diferentes. La vocación de Visocan es dar soporte también a ese alquiler asequible, que son tramos poblacionales que aun teniendo trabajo no pueden hacer frente a un alquiler privado.
¿Se espera que el número de demandantes aumente cuando finalicen los ERTE o se incremente el paro?
Los ERTE son una medida que se ha mostrado muy eficaz, nuestra situación sería muy distinta de no contar con los ERTE. Pero no pueden subsistir para siempre. Por eso, nuestro empeño es crear empleo. La idea del plan en el que estamos trabajando se basa en solucionar la necesidad de viviendas, para poder dar soporte a esa demanda no satisfecha, y en crear empleo. Estamos hablando de reactivar la economía para salvar a las empresas y el empleo. Hablamos de que las familias canarias tengan un hogar para desarrollar su proyecto vital y hablamos de sostenibilidad, porque uno de los focos es el desarrollo de vivienda inacabada, donde no consumimos suelo. En Canarias no podemos construir ilimitadamente. Tenemos una oportunidad, que es gran generadora de empleo, finalizar la obra inacabada, ya que además nos permite crear empleo en el momento en el que necesitamos crearlo que es en los años 2021 y 2022. Canarias necesita que creemos miles de puestos de trabajo. Estamos hablando de crear entre puestos directos e indirectos más de 25.000 puestos de trabajo.
¿Cuáles son las líneas de trabajo del Plan Extraordinario de Vivienda?
Primero, la adquisición de vivienda disponible, que ya en este 2020 estamos comprando. También la adquisición de obra inacabada para terminarla, puesto que es una gran generadora de empleo por cada euro que invertimos. Además, el desarrollo de obra nueva. Visocan tiene suelo en cartera para construir más de 5.000 viviendas, de las cuales 1.000 ya tienen licencia de obra, solo tenemos que licitarla y poner a la gente a trabajar. Y adicionalmente, tenemos una línea muy concreta que es la de rehabilitación. No podemos dejar de tener como una prioridad rehabilitar. El parque canario medio tiene 40 años de antigüedad. El 85% de todas las viviendas de canarias son anteriores al código técnico de la edificación y no tienen ninguna medida de eficiencia energética.
“En el sur de las Islas no tenemos la presencia que deberíamos tener y hay que corregirlo”
¿Cuántas viviendas se van a construir y en cuánto tiempo?
Hablamos de intervenir sobre unas 9.700 viviendas de las que más de 5.700 son rehabilitación del parque existente. Estamos hablando de unas 4.000 viviendas de obra nueva, de las cuales 1.750 son reactivar obras paradas de la anterior crisis. Una segunda línea es el desarrollo de suelo en cartera, Visocan tiene mucho suelo finalista preparado para empezar a trabajar, y una tercera línea novedosa que es la cesión del derecho de superficie, donde se sintetiza la colaboración público-privada. Consiste en ceder unos suelos durante periodos de 50, 60 o 70 años para que los promotores privados construyan en ellas, pero limitaremos los precios de la renta en diferentes tramos. Así cuanto mayor sea el alquiler al que pueden arrendar las viviendas, menor será el plazo de concesión. Hablamos de 1.000 viviendas sin presupuesto público.
¿Todas estas viviendas se destinarán al alquiler?
Siempre para alquiler. Van a ser patrimonio de la comunidad y van a estar ahí para siempre. Es importante que los ciudadanos entiendan que van a tener un acceso a un hogar y que va a estar ahí, no va a desaparecer.
Pero, las circunstancias de los demandantes van cambiando, ¿podrá existir una rotación en estas viviendas?
Hay que introducir medidas de control y programas nuevos. Va a existir un programa nuevo de Emancipación, para menores de 35 años, que van a ser unos pisos con unas tipologías. Unas de las necesidades que tenemos es tener un parque friccional. Nosotros no tenemos ahora mismo ninguna vivienda disponible. Todo el parque está ocupado. Si tuviéramos un conjunto de viviendas, un parque flotante, vacío para hacer esos cambios. Mediante la ampliación del parque de vivienda podemos generar esa movilidad intraparque.
Uno de los objetivos principales del proyecto es equilibrar el peso insular del parque de vivienda, ¿cuál es ahora mismo la situación y cómo se quiere corregir?
Tiene dos características. Una de las importantes es que, a día de hoy, en La Gomera y en El Hierro Visocan no tiene ninguna vivienda. Tenemos que compensar esa situación. Otra más importante es que en el Sur de las islas no tenemos la presencia que deberíamos tener. No tiene sentido que la gente no pueda desarrollar su proyecto vital donde trabaja. Vamos a intervenir en todas las islas. Es una política para toda Canarias. Cada isla tiene su necesidad. Ahora mismo los parques están balanceados entre provincias, salvo las anomalías de La Gomera y El Hierro. Pero si nos vamos a las islas más orientales tenemos un problema de verdad. En Lanzarote y Fuerteventura existían problemas de empleabilidad. El sector hotelero no podía contratar porque la gente no podía pagar los alquileres de las islas. Por eso, cada isla tiene unas circunstancias diferentes.
¿Qué inversión está prevista?
Estamos hablando de 460 millones de euros en tres años, que se dividen en 30 millones para rehabilitación, 140 millones para el desarrollo de los suelos en cartera de Visocan, 184 millones para reactivar obras paradas y 107 millones de euros que son inversión puramente privada.
¿Cualquier ciudadano podrá acceder a las nuevas viviendas que está previsto construir?
Sí, por supuesto. Tenemos un procedimiento. El acceso a las viviendas de Visocan como requisito previo es la inscripción en el registro de demandantes de vivienda protegida en régimen privado. Simplemente el procedimiento es el mismo. Yo les animo a que se inscriban en las listas.
“Solo 30 de las más de 5.700 viviendas que gestiona la sociedad pública están ‘okupadas’”
¿Cree que el incremento del parque tradicional de alquiler debido a la caída del vacacional servirá para regular los precios?
Se están notando ciertos indicios de que alguna vivienda vacacional se está reconduciendo al sector del alquiler tradicional, no obstante, siempre habrá zonas tensionadas y para eso está lo público. No hay mejor forma de intervenir que creando empleo y vivienda. Es la mejor forma que tenemos para intervenir en el precio del alquiler. Poner de verdad un parque de alquiler asequible a disposición de los ciudadanos donde lo necesitan.
¿No está entonces a favor de regular el precio del alquiler como se ha hecho en otras zonas?
Al final las políticas intervencionistas hay que estudiarlas con mucha cautela. No se pueden lanzar medidas populistas sin entender los resultados. Podemos ver el resultado alemán, en Berlín se generaron unas bolsas de bloqueo. El modelo berlinés de intervención sobre los precios no ha sido perfecto. Ninguno lo va a ser.
¿Tiene Visocan problemas de ocupación en su parque de viviendas?
El tema de la ocupación es muy controvertido, es una situación mucho más allá de la sociedad y el parque público. Estamos hablando de la necesidad de satisfacer dos derechos constitucionales, uno es el derecho de una vivienda y el otro el derecho a la propiedad. Cada caso es un mundo y así los tratamos.
Pero sí existe este problema en el parque público de la entidad, ¿en qué porcentaje?
Sí, pero no es representativo sobre el total del parque. Solo hay 30 viviendas de un parque de 5.777, lo que supone un 0,5%. En cada caso se trata diferente.
