La presidenta del PP, Australia Navarro, ha acusado al Gobierno de Canarias de estar llevando a cabo "una gestión caótica y desastrosa" en materia de derechos sociales, lo que sitúa al archipiélago en la cola de la atención a las necesidades de los ciudadanos.
La cobertura de las necesidades es una de las más bajas del Estado, según la presidenta del PP, que este lunes ha analizado en una rueda de prensa la gestión del Gobierno de Canarias en derechos sociales y ha informado de varias propuestas elaboradas por su partido en ese área.
Canarias es la tercera comunidad de toda España con "peor desarrollo del sistema de Servicios Sociales" y en su territorio la cobertura de prestaciones y servicios sigue siendo "una de las más bajas" con relación a la media estatal, según Navarro.
Otro de los problemas que afronta el archipiélago es el solapamiento y duplicidad de prestaciones debido a la falta de coordinación entre los ayuntamientos y el Gobierno.
Navarro considera que "el panorama es desolador" y se ha preguntado qué más tiene que pasar para que el Gobierno actúe con eficiencia.
Al respecto, la presidenta del PP ha enfatizado que Canarias ocupa el último lugar en prestaciones a las personas dependientes y ha recordado que el 25 por ciento de quienes tienen derecho a una prestación no la reciben.
Uno de los problemas que se derivan de la falta de eficiencia es la tardanza en evaluar a los dependientes, de manera que en Canarias supone el 31 por ciento del total frente al 8 por ciento de media de personas no evaluadas en el resto de España.
Esta situación se produce también con los discapacitados, que deben espera el doble de tiempo que la media nacional a ser examinados, una media de 24 meses.
Como consecuencia de ello, hay 15.000 canarios que esperan un reconocimiento de su discapacidad, ha asegurado Navarro.
Navarro aseguró que "el supuesto escudo social" que esgrime el Gobierno para proteger a esos ciudadanos "solo es propaganda" sin una realidad detrás.
Igualmente, el 35 por ciento de los canarios están en situación de riesgo de pobreza y exclusión social, un porcentaje muy superior al de otras comunidades autónomas.
La presidenta del PP ha asegurado que "el supuesto escudo social" que esgrime el Gobierno para proteger a esos ciudadanos "solo es propaganda" sin una realidad detrás.
El Ingreso Canario de Emergencia y el Ingreso Mínimo Vital solo han llegado a una minoría de los canarios, que ven cómo sus necesidades quedan descubiertas, ha argumentado.
Según ha asegurado, el Ingreso Canario de Emergencia solo ha llegado a tres de cada diez familias vulnerables que lo han solicitado y el Ingreso Mínimo Vital ha dejado fuera a casi 70.000 solicitantes.
Navarro ha criticado que la situación en que se encuentran los servicios sociales coincide con "el peor momento de Canarias en su historia reciente" debido a la pandemia del coronavirus.
"El Gobierno de Canarias es incapaz de afrontar la situación y ello va a tener consecuencias para todos los canarios, en especial para los más desfavorecidos", ha asegurado
Por su parte, el presidente del PP de Gran Canaria y portavoz de Derechos Sociales del grupo popular en el Parlamento regional, Poli Suárez, ha informado de que su formación ha aportado una serie de medidas con el objetivo de contribuir a la mejora de la situación social de Canarias, pero la Consejería de Derechos Sociales no las ha tenido en cuenta.
Entre las aportaciones del PP de Canarias, Suárez ha destacado la necesidad de desarrollar un plan de empleo específico para el área de asuntos sociales, valorado en 10 millones de euros, en el que participen los ayuntamientos, cabildos y los distintos colegios sociales, con el objetivo de reducir las listas de espera en el ámbito de los servicios sociales en el archipiélago y corregir las actuales deficiencias.
Suárez también ha hecho hincapié en la necesidad de crear un plan de empleo para los jóvenes que contribuya a mejorar la empleabilidad; además de garantizar a los menores de 30 años una oferta individualizada y de calidad de empleo, autoempleo o acción formativa.
Igualmente, el PP pide a la Consejería de Derechos Sociales un plan de formación para jóvenes desempleados y para aquellos que no hayan completado la formación obligatoria o carezcan de titulación.
Suárez también ha requerido al Gobierno autonómico la puesta en marcha del II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias, así como la Ley para el Tercer Sector y el Plan Canario para la Igualdad, y ha insistido en la necesidad de que la comunidad pueda gestionar directamente el Ingreso Mínimo Vital, como así lo hacen los gobiernos de Navarra y el País Vasco.
