En unos días Canarias será la primera comunidad autónoma que exigirá un test negativo de coronavirus a los turistas nacionales y extranjeros que se alojen en algún establecimiento de las Islas. El visitante tendrá que aportar un certificado que acredite que la prueba se ha realizado al menos 72 horas antes de llegar al alojamiento, que también está obligado a exigir a los turistas que cuenten con este documento acreditativo o que se lo hagan de inmediato si llegan sin el mismo porque si no puede ser denegada su entrada en el hotel. En caso de que dé positivo el turista será derivado a la sanidad pública o privada con las medidas que se adoptan en estos casos de aislamiento y determinación de contactos y otras circunstancias.
El decreto ley aprobado ayer por el Consejo de Gobierno está ahora pendiente de unas modificaciones técnicas para que sea publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), con el fin de que entre en vigor de inmediato. No obstante, habrá un régimen transitorio hasta que el decreto ley sea convalidado por el Parlamento. La nueva normativa de seguridad en el sector turístico para hacer frente a la pandemia ha obligado al Ejecutivo regional a modificar dos leyes. Por un lado, se introducen cambios en la Ley de Ordenación Turística de Canarias para introducir estas medidas de protección de la salud de los clientes y trabajadores del sector y, por otro lado, se modifica la Ley de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos en la parte referente al derecho de admisión.
El presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, dijo que se trata de una normativa que no tiene precedentes y con la que se pretende garantizar la seguridad sanitaria y económica del sector, al tiempo que recordó que la incidencia de la pandemia en Canarias es la más favorable de todo el país, por lo que es fundamental mantener los actuales niveles de contagios por cada 100.000 habitantes y que la entrada de turistas no suponga un incremento de la emergencia sanitaria.
El Ejecutivo aprueba el decreto ley que entrará en vigor nada más publicarse
La norma exime de la obligatoriedad de presentar un test de diagnóstico a los residentes canarios que declaren bajo su responsabilidad que no han abandonado el territorio de la comunidad autónoma en los 15 días previos a su llegada al establecimiento, así como a los no residentes que acrediten mediante su documento de viaje la permanencia en las Islas en los 15 días previos a su llegada al establecimiento alojativo.
La consejera de Turismo del Ejecutivo regional, Yaiza Castilla, reiteró que el coste de los test recaerá en los turistas tanto antes de llegar al alojamiento como si se lo hacen al llegar a las Islas. Castilla dejó a criterio de la libertad empresarial si algún grupo hotelero quiere costear las pruebas a sus clientes o si necesita más personal, si bien la titular de Turismo puntualizó que su responsabilidad respecto a esta nueva normativa queda limitada a la verificación de los certificados que se aporten en el acceso a sus instalaciones, así como al deber de facilitar la información relativa a los lugares en los que los usuarios turísticos pueden someterse a los test diagnósticos si no los trajeran ya hechos.
El decreto ley también establece igualmente que, con carácter previo a la formalización de la reserva o contratación del alojamiento turístico en cualquiera de sus modalidades regladas en Canarias, se informe al usuario de que entre las condiciones de acceso a éste se incluye la de acreditar la realización de aquel test de diagnóstico. Además, será necesario contar con la aceptación del cliente de que recibe esa información.
Yaiza Castilla recordó que el 80% de los más de 15 millones de turistas que visitaron Canarias en 2019 se alojaron en establecimiento reglados, es decir, hoteles, apartamentos, viviendas vacacionales y alojamientos rurales, con lo que se trata de una norma que abarcará a la gran mayoría de los visitantes que vienen a las Islas al menos hasta que finalice la emergencia sanitaria provocada por el Covid.
También dijo la consejera de Turismo que el texto normativo incluye la obligatoriedad para los turistas de instalarse la app de móvil Radar Covid, que tendrán que tener activa al menos 15 días después de su estancia en el Archipiélago.
Otros asuntos
Contratación. Red de emergencias:
El Consejo de Gobierno autorizó ayer, a propuesta de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, el gasto de 7,7 millones de euros relativo a la contratación, mediante procedimiento abierto y tramitación anticipada, del mantenimiento integral de la Red de Emergencias y Seguridad de Canarias (Rescan) y asistencia con apoyo técnico a la oficina de la red. El importe se distribuirá en cinco anualidades: 1.618.233,37 euros en 2021; un total de 1.941.880,03 en cada uno de los años 2022, 2023 y 2024, y una última anualidad, en 2025, por importe de 323.646,66 euros.
Subvenciones. Ayudas de Educación:
El Consejo de Gobierno conoció las ayudas que la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes ha concedido en forma de subvenciones directas en el segundo trimestre de este año y que ascienden a 4,06 millones de euros. Estas ayudas, con cuantías de entre los 3.960 y los 111.417 euros, han estado dirigidas a las ayudas de comedor de cuota cero (que suman un total de 3,39 millones y llegan a casi 14.000 familias); estudiantes de 0 a 3 años con necesidades educativas especiales; sufragar el desplazamiento diario de los alumnos y alumnas escolarizados en centros privados de Educación Especial, y la manutención de alumnado residente de enseñanzas obligatorias, correspondiente a los meses de enero a junio de 2020.
Proyectos. Mediación judicial:
El Consejo de Gobierno de Canarias conoció ayer las subvenciones otorgadas de forma directa por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad durante el tercer trimestre de 2020 destinadas al programa de Puntos de Encuentro familiar y al establecimiento de un proyecto de mediación intrajudicial y extrajudicial. Se trata de nueve subvenciones por importe total de 461.702,04 euros que dan cumplimiento a lo recogido en los presupuestos autonómicos de 2020 para este tipo de organizaciones.
