El Ministerio de Inclusión Social financia en estos momentos 5.748 plazas de acogida de inmigrantes en Canarias, el doble que a principios de mes, de las que casi 4.500 están en 12 complejos turísticos que se encontraban sin actividad debido a la crisis del sector, esto es el 78% del total. Mientras, el Gobierno central tiene previsto construir en en los terrenos del antiguo polvorín de Barranco Seco del Ministerio de Defensa, en Las Palmas de Gran Canaria, un centro de acogida temporal de extranjeros (CATE), para evitar la imagen de la masificación de las últimas semanas con más de un millar de africanos en momentos puntuales en el campamento del muelle de Arguineguín, en Mogán.

En su comparecencia del 7 de octubre ante el Congreso, antes de viajar Canarias, el ministro José Luis Escrivá subrayó ante los diputados que en ese momento tres de cada cuatro plazas de acogida para inmigrantes en España estaban volcadas en las islas, cuando a comienzos de año estas disponían de poco más de un centenar.

Se trataba, en concreto, de 2.698 plazas de acogida humanitaria en Canarias sobre un total de 3.450.

Para llegar a esa cifra, el Estado había contado con la colaboración de recursos cedidos por el Gobierno de Canarias, algunos cabildos y varios ayuntamientos, pero el gran salto se dio convirtiendo en albergues de acogida complejos turísticos enteros que estaban cerrados debido a la crisis desatada por la covid.

El primero de ellos fueron los apartamentos Vistaflor, en el campo internacional de Maspalomas (Gran Canaria), que permitieron dar un alivio transitorio al campamento de emergencia de Arguineguín cuando este sufrió la primera crisis de saturación.

Empleo y dinero

Gracias a esta iniciativa, ese complejo sacó del ERTE a medio centenar de empleados y volvió a facturar con sus proveedores, en una situación que se ha repetido en otros hoteles, convertidos en albergues de acogida humanitaria.

El día que Escrivá ofreció esos datos al Congreso, el flujo anual de inmigrantes a Canarias acababa de rebasar los 6.000. Cerca de 2.000 fueron derivados en esas semanas a complejos turísticos.

Tres semanas más tarde, las llegadas superan las 11.000, el muelle de Arguineguín ha acogido algunos días a cerca de 1.400 personas (el triple de los que alarmaron a las instituciones en septimbre) y las plazas de acogida se han duplicado, por la vía habilitar hasta doce complejos turísticos como albergues humanitarios.

De las 5.748 plazas de acogida que este momento están operativas en Canarias, el 78% corresponde a complejos turísticos, reconoce el Ministerio. Es decir, algo menos de 4.500 (unas 4.483).

Dos días después de comparecer en el Congreso Escrivá visitó Arguineguín. El ministro no solo reconoció que pisar el muelle (con desembarco incluido de inmigrantes de un barco de Salvamento mientras él estaba allí) le había mostrado la dimensión real del problema, sino que enfatizó que el recurso de las plazas turísticas debía necesariamente transitorio, por varias razones.

La primera, por el coste de esas plazas (no se ha hecho público); la segunda, porque el sector vacacional podía reactivarse en la temporada de invierno (con el regreso de británicos y alemanes), y la tercera, porque estaba trabajando en alternativas con Defensa y la Sareb, el llamado “banco malo” que absorbió activos inmobiliarios de la recesión de 2008.

En aquel momento, Escrivá explicó al Congreso que estaban gestionando 1.800 plazas potenciales en 380 viviendas de la Sareb y varios espacios militares, aunque sobre estos últimos advirtió de que se estaba topando con dificultades para su cesión.

A esto se suma que la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, acaba de pedir formalmente a los juzgados que ordenen el desmantelamiento el campamento de Arguineguín, por sus condiciones “inhumanas”.

El Ministerio de Defensa confirmó este miércoles que cede tres espacios en Canarias para acoger inmigrantes: el cuartel de Las Canteras, en La Laguna (Tenerife); unas instalaciones en Barranco Seco, en Las Palmas de Gran Canaria; y El Matorral, en Puerto del Rosario (Fuerteventura), que necesitan obras de adaptación.

Este último cuartel ya fue un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) en la crisis de los cayucos hace 15 años, pero quedó sin uso como tal en 2012 y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, lo cerró en 2018, antes de reactivarse la Ruta Canaria, tras cuestionar los gastos q generó el tiempo que estuvo vacío.

El Ministerio y el Gobierno de Canarias han anunciado reiteradamente su deseo de poder contar con El Matorral de nuevo.