El Ejecutivo regional tiene garantías por parte del Gobierno central de que los casi 1.000 millones que adeuda el Estado a la Comunidad Autónoma por el anterior convenio de carreteras se van a recuperar. Se está ultimando la fórmula jurídica mediante un acuerdo extrapresupuestario o, por el contrario, comprometer el pago en la ley de presupuestos del Estado. A la espera de que se concreten las negociaciones, las cuentas autonómicas de 2021 reflejan 100 millones de euros a cuenta de la deuda de carreteras para gasto corriente vinculado a los servicios públicos de los 516 millones que en 2018 se destinaron al superávit.
El vicepresidente se mostró prudente a la hora de incluir toda la partida en el presupuesto regional por el riesgo de que no se pueda ejecutar en su totalidad en un solo ejercicio pero, sobre todo, porque la Comunidad Autónoma se tiene que preparar para lo que sucederá en los años 2022 y 2023, en los que la liquidación de la financiación autonómica de este ejercicio y de 2021 será negativa y las comunidades tendrán incluso que devolver fondos al Estado. El próximo año el Gobierno central ha adelantado a las regiones más de lo que les corresponde para hacer frente a la crisis sanitaria.
El vicepresidente detalló el acuerdo con el Estado para materializar lo adeudado por el convenio de carreteras: de los 516 millones en obras adelantadas por el Gobierno de Canarias se recibirán 100 millones en 2021 y el resto en años sucesivos; de los “cuatrocientos y pico” aún no ejecutados del convenio anterior se incorporarán al convenio vigente para su ejecución en sus últimos años de vigencia. Rodríguez señaló que la Consejería de Obras Públicas ya tiene un acuerdo “avanzado” para que esos fondos engrosen el actual convenio de carreteras, que cuenta con 1.200 millones en total, como gasto plurianual.
Las vías serán de nuevo uno de los principales capítulos inversores de la Comunidad Autónoma una vez que el presupuesto del Estado contiene la partida de 200 millones de euros correspondiente a la anualidad del actual convenio.
Las cuentas autonómicas presentadas ayer cuentan con 1.179 millones de euros en inversiones, de los que 665 millones son inversiones reales (+25%) y 514 millones transferencias de capital (+9,2%), lo que supone una inyección de fondos públicos para incentivar la actividad económica de las empresas.
El vicepresidente y titular de Hacienda admitió las dificultades que existen para ejecutar la ingente cantidad de fondos públicos que engrosan el presupuesto y que también han puesto en duda las organizaciones empresariales. Rodríguez responsabilizó de esta situación a las dificultades de la legislación vigente para contratar personal con el fin de hacer frente a los servicios públicos. De hecho, el dirigente nacionalista puso como ejemplo el departamento de Obras Públicas en el cual, por muchos proyectos que se tengan preparados, “faltan ingenieros” para desarrollarlos porque hay problemas para contratarlos de forma ágil.
Renta de Ciudadanía
En cuanto a la renta básica de ciudadanía, Román Rodríguez dijo que ese proyecto será revisado y sus fondos destinados a otros gastos sociales, toda vez que el Estado va a poner en marcha el Ingreso Mínimo Vital, que beneficiará a 135.000 personas en Canarias por un importe de entre 180 y 200 millones de euros.
El presidente de NC, uno de los abanderados de esta renta, reconoció que la “complementariedad” en la que se ha quedado uno de los proyectos estrella del cuatripartito ”no es lo que pretendíamos” pero que, no obstante, el ingreso mínimo vital impulsado por el Gobierno que preside Pedro Sánchez servirá para que el Ejecutivo regional realce otras políticas sociales hacia las familias más vulnerables.
Como presidente de NC, Román Rodríguez aseguró con contundencia que en el presupuesto del Estado de 2021 habrá una partida específica para la pobreza en Canarias tal y como sucedió en 2017 y 2018. Los fondos se negociarán mediante una enmienda parcial a las cuentas estatales cuando lleguen al Congreso.
