Los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2021 suman 9.501,7 millones de euros. Son unos 68 millones menos que las cuentas de este año. Y, sin embargo, son unos presupuestos que incrementan el gasto público de manera notable; son “expansivos”, tal como insistió ayer el consejero de Hacienda, Román Rodríguez. No en vano, los gastos financieros de la Administración autonómica, esos que se derivan de las operaciones de crédito (por ejemplo, el pago de intereses) y de la emisión de deuda pública (la amortización de títulos), caen en 475 millones, con lo que el gasto real o efectivo se incrementa hasta los 8.474 millones de euros, 407 más. En el gasto real entran las nóminas de los funcionarios, los alquileres de inmuebles, las inversiones, la construcción de nuevas infraestructuras y todos los demás desembolsos que redundan directa o indirectamente en los ciudadanos. En las cuentas de este año son menos de 8.067 millones, con lo que el incremento es de un 5%. ¿Cómo es posible que Canarias presente unos presupuestos en alza con la economía paralizada por el frenazo del turismo? Pues porque a diferencia de la mayoría de las restantes comunidades autónomas, el Archipiélago se esforzó desde 2012 en controlar déficit y deuda.
De otra manera habría sido imposible aumentar el gasto público sin aumentar a su vez la deuda y sin subir los impuestos. Román Rodríguez achacó ayer este logro presupuestario al hecho de que las reglas fiscales hayan quedado en suspenso, de modo que “se pueden utilizar los ahorros”, esto es, los remanentes. Pero no es menos cierto que esos ahorros existen por la disciplina fiscal de anteriores ejercicios, no pocas veces criticada por el propio consejero de Hacienda durante su etapa en la oposición.
Sea como sea, el superávit y los remanentes (la suma de los superávits acumulados año a año y bloqueados por la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera), amén del mantenimiento de las transferencias del Estado pese a la ralentización económica, hacen posible que todas las consejerías incrementen sus recursos para hacer frente al ejercicio más duro y con más necesidades que se recuerde.
La Consejería de Derechos Sociales se queda con los mismos fondos en espera del Estado
Destacan los incrementos en Turismo, Industria y Comercio, que contará con 133,3 millones, un 27,5% más, y Obras Públicas, Transportes y Vivienda, que dispondrá de 444,6 millones de euros, un 22,2% más. No obstante, siguen siendo Sanidad, con 3.291,7 millones, y Educación, Universidades, Cultura y Deportes, con cerca de 1.995,3 millones, las que manejarán la mayor parte del presupuesto, alrededor de 260 millones más que este año entre las dos. En cambio, sorprenden los menos de 521,3 millones destinados para Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, que solo son 4,2 más que este año. Para hacerse una idea, la Radiotelevisión Canaria (RTVC) tendrá 4,5 millones de euros más, hasta un total de 55. Es decir, el aumento para la RTVC supera en unos 300.000 euros al consignado para Derechos Sociales. Hay que puntualizar, eso sí, que el estancamiento presupuestario de la consejería de Noemí Santana se debe a que la proyectada renta ciudadana ha quedado aparcada por el Ingreso Mínimo Vital del Estado. Además, tal como aclaró Rodríguez, el Ejecutivo autonómico cuenta con arañar 80 millones de las arcas estatales para dependencia, ayuda domiciliaria y lucha contra la pobreza. En cualquier caso, el gasto social total crece en 304 millones de euros, hasta 6.356 millones, aseguró el consejero, que insistió en que el Gobierno canario confía en conseguir unos mil millones más de los fondos europeos para la reconstrucción económica.
Hasta 3.576,6 millones, un 6,1% más, se irán para pagar las nóminas de los empleados públicos, incluidos ahí los 11,6 millones para las retribuciones de los miembros del Gobierno y de los altos cargos, una partida que se incrementa la friolera de un 92,9%. El gasto corriente suma 1.227,8 millones; las inversiones reales, 665,8 millones; y las transferencias de capital, 514,1. Por último, las transferencias corrientes a otras instituciones, como cabildos y ayuntamientos, se elevan a 2.441,7 millones de euros, menos de un 1% más que en las cuentas del actual ejercicio.
