La parlamentaria por Nueva Canarias (NC) Sandra Domínguez cree que el aumento de los presupuestos de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca para 2021 es “tímido”, principalmente, para la envergadura de los “retos” del sector agrícola. La diputada del grupo nacionalista progresista defendió la necesidad de aprobar algunas mejoras en la fase de las enmiendas parciales al proyecto de ley del Gobierno de Canarias.
El aumento del 7,7% (8,6 millones de euros) de este departamento, para Domínguez, es “tímido” respecto a otras áreas e inferior al 11% que experimentó en 2020. “Lo ideal es un ascenso que, si no es progresivo, sí el mismo” que en las cuentas del ejercicio económico en curso.
La diputada por NC avisó que el sector agrícola se enfrenta a retos importantes como los sobrecostes por la elevada competencia en los mercados exteriores de destino y por las producciones foráneas en los mercados insulares; por las mayores exigencias de la Unión Europea (UE) “decidida” a avanzar en la aplicación de la directiva para el uso sostenible de los plaguicidas y por la todavía “perpetua” incertidumbre sobre los efectos del brexit en las exportaciones de productos hortofrutícolas.
Ayudas al transporte
También refirió la pérdida de los mecanismos de compensación (ayudas al transporte, entre otras) que, según cálculos de la consejería, pueden llegar a ocasionar una merma de competitividad de los productos canarios del 20%. Sin olvidar, advirtió, los posibles acuerdos entre Reino Unido y Marruecos para establecer un arancel del 0% a las importaciones de tomate marroquí, lo que “agudiza la incertidumbre”.
Después de preguntar a la responsable gubernamental, Alicia Vanoostende, si considera suficientes los 121,2 millones de euros totales disponibles, subrayó la minoración de los créditos para la cofinanciación del Poseican por 1,7 millones de euros y del Poseican Pesca del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca con 8,7 millones de euros.
Resaltó el mantenimiento de los 3,4 millones de euros para los seguros agrarios al mismo tiempo que propuso buscar una “fórmula para que los robos puedan estar asegurados”. Como importante, definió, los 37,8 millones de euros del capítulo de inversiones además de los 200.000 euros para un plan de reactivación del tomate, de la agricultura y el sector ganadero.
Formación, agricultura ecológica y nuevos suelos
Domínguez solicitó conocer las razones para rebajar en 301.528 euros la partida de la Escuela de Capacitación Agraria y Finca de Prácticas en Tacoronte y por la reducción de 47.000 euros para la formación profesional marítimo-pesquera. Defendió que no se deben “mermar” los fondos para la formación y para hacer un esfuerzo, en el próximo debate de las enmiendas parciales, para mejorar las ayudas a las escuelas de las islas no capitalinas.
Con respecto a los organismos autónomos, precisó el aumento del 33% para el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria y, en concreto, los 991.562 euros para la agricultura ecológica. “Es necesario un apoyo, en este sentido, dado que la política internacional dificulta el gran reto de establecer un plan estratégico para la soberanía alimentaria de las islas, que incluya una agricultura sostenible y ecológica”, señaló la diputada por NC.
En relación al Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, valoró el crecimiento del 20,6% porque, como ha evidenciado la pandemia, “se necesita impulsar” la investigación aplicada a la agricultura y la ganadería.
Cuestionó la ausencia de créditos para la captación de nuevos suelos y su explotación, una “alternativa necesaria” para los jóvenes, según Domínguez. Es “oportuno”, planteó, incorporar una política de captación de suelo cuando existe una superficie agraria útil de 130.000 hectáreas y el terreno cultivado ocupa una tercera parte, solo 45.000 hectáreas frente al abandonado de 85.000 hectáreas.
Llamó la atención sobre la “importante” bajada de 908.000 euros de las ayudas del Feaga y el Feader si se tiene en cuenta que sirven para la correcta gestión de los fondos europeos y pidió hacer una “reflexión” sobre la ausencia de medidas para el fomento del pastoreo. Una actividad con una relevante dimensión medioambiental y de prevención de incendios. Sandra Domínguez dijo que los cabildos insulares no pueden arbitrar compensaciones económicas por la ley de contratos públicos.
