Las primeras rentas canarias de ciudadanía para la inclusión y protección social, cuyos perceptores deberán tener más de 23 años y menos de 65, se empezarán a abonar a finales de 2021, es decir, no antes de un año, según prevé la Consejería de Derechos Sociales, que ya ha sacado a consulta pública el “primer borrador” de este anteproyecto de ley.
La titular de este departamento del Ejecutivo regional, Noemí Santana, informó ayer, en su presentación en rueda de prensa, de que esta iniciativa legislativa se aprobará en el último cuatrimestre del próximo año, ejercicio en el que se la dotará con 45 millones de euros para que pueda ayudar a unas 40.000 familias y a unos 2.000 jóvenes extutelados o emancipados de entre 18 y 23 años. “Cumplimos con el compromiso de este Gobierno desde el día en que se firmó el Pacto de las Flores, con el Estatuto de Autonomía y con la ciudadanía canaria”, aseveró Santana, quien recalcó que, a diferencia de otras comunidades autónomas, que han preferido “no hacer nada” y esperar al Ingreso Mínimo Vital que promueve el Estado, el Ejecutivo regional ha optado por habilitar, para 16.000 familias, el ingreso canario de emergencia en este período transitorio, en el que también sigue vigente la Prestación Canaria de Inserción (PCI), que perciben 8.000 hogares.
Tanto la consejera como la viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez, subrayaron que el derecho a la renta de ciudadanía se concederá por un período de 12 meses “y se mantendrá hasta que la situación de exclusión social persista”, a diferencia de la PCI, que se concede por un plazo máximo de 24 meses. Ambas detallaron que esta renta complementará los ingresos que reciban los potenciales perceptores del Ingreso Mínimo Vital, que se calculan en 40.000 familias del Archipiélago, y llegará también a jóvenes extutelados o emancipados a los que no cubra esta ayuda estatal, que se estiman en unos 2.000.
Tercer sector
Martínez explicó que este anteproyecto de ley, que se consensuará con entidades del Tercer Sector y corporaciones locales e insulares, además de someterse al filtro del CES y el Consejo Consultivo, establece tres modalidades de ayudas, en función de la existencia o no de ingresos en la unidad de convivencia: la renta de ciudadanía para la inclusión y protección social, la renta de ciudadanía para la inclusión social de jóvenes y la renta de ciudadanía complementaria de ingresos de trabajo.
También reconocen tres complementos, de vivienda, educación y pensiones no contributivas, que se desarrollarán a través de un reglamento específico.
