Interior calla. El Ministerio mantiene un sospechoso silencio amparado en la apertura de una investigación interna para no informar sobre quién ordenó el martes por la tarde la liberación de 227 migrantes marroquíes del campamento de Arguineguín. Ha pasado más de un día desde que agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional –una de las unidades más disciplinadas y jerarquizadas de las fuerzas de seguridad españolas– abrieron las vallas de seguridad de muelle para dejar salir a un grupo de migrantes y oficialmente aún no se ha informado sobre cuál fue la cadena de mando que desencadenó en una polémica decisión que ha irritado a la sociedad canaria. Tirados en la calle, abandonados, sin agua, comida y cobijo los emigrantes acabaron llegando desde el puerto a las puertas de la Delegación del Gobierno, tras fletar la alcaldesa de Mogán unas guaguas que les trasladaron a la capital.
Nadie se quiere hacer responsable de esta vergonzosa orden que los agentes desplazados a Arguineguín cumplieron porque alguien, un superior, se lo ordenó. El problema es saber quién. Y el Ministerio del Interior es el primero que trata, por un lado, de ganar tiempo para que la presión informativa se evapore y, por otro, de mantener en el anonimato el nombre del máximo responsable que trasladó la instrucción de que los inmigrantes marroquíes salieran de Arguineguín.
En la Delegación del Gobierno de Canarias, el máximo órgano de dirección política sobre las Fuerzas del Seguridad del Estado en las Islas, dicen que no saben nada. Y tampoco están muy interesados en aclarar el incidente. Más bien en quitarse de encima del problema. “Nosotros no hemos sido”, dicen. Pero tampoco desean entrar en más detalles sobre el bochornoso incidente.
“Es evidente que ha habido un error de coordinación que tenemos que solventar. La magnitud del problema al que se enfrenta Canarias es mayúscula. Hablamos de crecimientos por encima de 1.100%, con llegadas que ya superan las 18.000 personas en lo que va de año”, intentó ayer aclarar Anselmo Pestana, el delegado del Gobierno en Canarias. Poco más dijo. Que él no era el responsable, pese a que es el máximo representante del Estado en las Canarias.
Que se aclare cómo se dieron las instrucciones y quién asume las responsabilidades no es un asunto menor. Le preocupa hasta al presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, que ayer pidió conocer la identidad del mando policial o político desde la que partió la instrucción. “Es un hecho incalificable, indefendible y que no tiene ninguna lógica. Es evidente que alguien dio esa indicación, tiene que saberse por qué y quién es el que asume la responsabilidad”.
El ministro del Interior desde luego no va a asumir ninguna responsabilidad. Ayer en el Congreso de los Diputados lo dejó claro: “No voy a dimitir. Estamos investigando lo ocurrido y si se observa que ha habido descoordinación no tendré inconveniente en reconocerlo”. Más nada.
La descoordinación es lo que precisamente hay entre los ministerios implicados en la gestión de la crisis de los cayucos –Interior, Defensa y Migraciones– pese a que los servicios de información de la Policía Nacional en Canarias llevan desde hace un año enviando informes a Madrid del colapso que se iba a producir, con miles y miles de africanos llegando a los costas canarias sin que el Gobierno de España se diera por enterado.
Los policías se sienten huérfanos sin un protocolo claro y un mando único. Y esta orfandad es la que notan en cómo se trata una crisis que afecta a la seguridad del Estado pero que a la vez es un drama social en una dura crisis económica en plena pandemia.
En Las Palmas de Gran Canaria estaba prevista ayer en la Jefatura Superior de la Policía Nacional un relevante relevo. Llegaba un nuevo jefe, Rafael Martínez López. El acto institucional se tuvo que suspender, sin embargo, como consecuencia de la incomprensible y polémica liberación de los emigrantes en el muelle de Arguineguín. La cúpula policía española, con el director general Francisco Pardo, el comisario general de Extranjería, Rafael Martínez, y el director adjunto operativo José Enrique Taborda, se había desplazado para arropar a Rafael Martínez. La ceremonia protocolaria del traspaso de poderes se tuvo que aplazar. Era más urgente afrontar desde las competencias que le son propias a la Policía Nacional, garantizar la seguridad y el orden público, la bomba migratoria de las Islas para que no explote y si lo hace, que sea con el menor daño posible.
