La activación de “políticas de solidaridad en todo el país” manifestada por Pedro Sánchez el domingo para hacer frente a la migración irregular que llega a Canarias chocó ayer con la negativa de su partido, el PSOE, a las derivaciones de los migrantes a otras comunidades autónomas. Las palabras del presidente del Gobierno abrían la puerta a que se autoricen los traslados que reivindican de forma insistente el Gobierno canario y las fuerzas políticas que lo componen para reducir la presión a la que se están viendo sometidas las Islas por el intenso flujo migratorio de los últimos meses. Sin embargo, el secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, echó ayer un nuevo jarro de agua fría a las expectativas canarias al volver a rechazar el traslado de migrantes desde las Islas a la Península en una comparecencia en la sede nacional de los socialistas.
“Facilitar el acceso a la Península sería tanto como normalizar los flujos y entendemos que no es esa la vía ni va a resolver la presión de Canarias”, dijo José Luis Ábalos preguntado sobre la posición del líder del PP, Pablo Casado, que pide repatriar de forma “inmediata” a los inmigrantes que están en el muelle de Arguineguín. Ábalos reiteró que los centros para albergar a los migrantes en Canarias serán provisionales y defendió que España debe tener inmigración “regular y controlada” y por ello la irregular debe repatriarse.
Hasta el momento seis comunidades autónomas se han ofrecido para acoger migrantes, tanto menores como adultos: Castilla y León, Extremadura, País Vasco, Comunidad Valenciana, Aragón y Asturias, además de la ciudad de Barcelona. Han existido contactos del Ejecutivo regional con los gobiernos de estas comunidades bajo la supervisión del Gobierno central para avanzar en la disponibilidad de plazas. El propio presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, ha contactado con varios presidentes autonómicos para allanar el terreno de posibles derivaciones y traslados y, según fuentes del Ejecutivo, se entiende el problema por el que atraviesa Canarias y hay predisposición para acoger migrantes, aunque la coordinación corresponde al Estado.
En este sentido, la posición echa pública el fin de semana por el vicepresidente Román Rodríguez de alcanzar acuerdos bilaterales con comunidades o explorar otras vías jurídicas frente a la inacción de Madrid no ha sentado bien en el PSOE canario, ya que ponen en una difícil tesitura no solo a Torres frente al Gobierno central sino también las relaciones en el seno del cuatripartito. No es solo NC sino también Podemos, otro de los socios del Gobierno regional, quien critica la política migratoria del Estado e incluso ha pedido la dimisión de Grande-Marlaska.
Ayer Torres en una comparecencia informativa valoró la “conversación larga y productiva” que mantuvo con Pedro Sánchez el domingo, ya que tras ella el jefe del Ejecutivo central ha apelado a la solidaridad entre las regiones españolas a la hora de hacer frente al repunte migratorio que se registra en esta frontera sur de la UE. “Esta situación no se para porque haya estado una ministra en Senegal y el viernes otro en Marruecos, aunque espero que estas reuniones tengan sus frutos en las próximas semanas, pero se trata del primer paso” a dar para evitar que estas personas sigan saliendo del continente africano en busca de una vida mejor, “para lo que” también “hay que tener inversión desde otros países”. De igual modo, el presidente apuntó que durante los últimos días ha hablado con homólogos de otras comunidades, quienes han ofrecido instalaciones para ayudar a Canarias con este fenómeno. “Es la mejor respuesta que se puede dar a la situación presente”, matizó.
Por su parte, en relación con los menores inmigrantes no acompañados que acoge la Comunidad Autónoma, unos 2.000 en la actualidad, la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 se ha comprometido con Canarias en destinar un fondo extraordinario de 10 millones de euros para financiar gastos derivados de la atención y acogida de estos menores, según informó ayer la Consejería de Derechos Sociales. Esta partida llegará a la Comunidad Autónoma antes de finalizar el año y complementa los 25 millones que se han gastado en estos meses para esta labor.
