La renta canaria de ciudadanía inició ayer el proceso para convertirse en una ley que garantice este derecho a los residentes en Canarias. Sin embargo no será hasta el último trimestre de 2021 cuando comience a aplicarse, pese a que el primer compromiso del cuatripartito había sido llevar la ley antes de acabar 2020 al Parlamento. La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, confirmó ayer que se estima que el proyecto de ley llegará al Parlamento en junio y que comience su entrada en vigor en octubre de forma escalonada. Ayer el Consejo de Gobierno dio el visto bueno al anteproyecto de ley, que aún tiene un recorrido normativo: primero exposición pública, luego informe del Consejo Consultivo, después regresa al Consejo de Gobierno y finalmente debe tramitarlo y aprobarlo el Parlamento de Canarias.
La renta ciudadana ha terminado convirtiéndose en una paga complementaria al ingreso mínimo vital (IMV) puesto en marcha por el Gobierno central. La renta de ciudadanía tendrá carácter subsidiario y complementario de las pensiones no contributivas y de otras prestaciones y su cuantía mensual estará determinada por la diferencia entre la cuantía base y el conjunto de todas las rentas, prestaciones e ingresos de las persona beneficiarias.
La renta será un complemento para el alquiler o los estudios en familias vulnerables
La consejera Noemí Santana no prevé que haya un tercer ingreso canario de emergencia, ya que se está tramitando el ingreso mínimo vital para las familias vulnerables que perciben actualmente ayudas o pagas de la Comunidad Autónoma o de otros organismos públicos. Desde que se inició la crisis provocada por la pandemia el Ejecutivo regional ha aprobado dos pagas extras como ingresos de emergencia.
Paga extra
Ayer el Consejo de Gobierno también aprobó una paga extra de 250 euros para 50.000 personas vulnerables que reciben ayudas como la prestación canaria de inserción (PCI) o pensiones no contributivas. Se trata de un abono único que no hay que justificar y va destinado a que las familias puedan hacer frente a los gastos extraordinarios derivados del Covid como mascarillas, geles, etcétera. La paga la recibirán los beneficiarios entre la segunda quincena de diciembre y la primera de enero, con un gasto total de 13,7 millones de euros.
En Canarias hay 42.977 personas que perciben una pensión no contributiva, el 65,5% mujeres, de las cuales 26.991 es de invalidez y 15.986 de jubilación. La media de la pensión de invalidez es de 395 euros y la media de jubilación de 370 euros. También hay 7.770 personas beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción (PCI).
Las personas a las que va destinada esta ayuda “se encuentran en una situación generalizada de precariedad económica para hacer frente a gastos derivados de la situación de la pandemia” y la recibirán “de oficio mediante transferencia bancaria”, según indicó Santana.
En relación con la renta ciudadana llegará como complemento de ayudas al alquiler o a los estudios a personas especialmente vulnerables perceptoras del IMV. Pero también beneficiará a colectivos a los que no alcanzará esta ayuda estatal, como jóvenes de 18 a 23 años que cuando eran menores estaban tutelados por la Comunidad Autónoma. Habrá un complemento para las personas perceptoras de pensiones no contributivas.
Su implantación será por fases: alcanzará primero a quienes no alcanza el Ingreso Mínimo Vital y más adelante se aplicarán los complementos a este. Para poder acceder a esta ayuda, la persona solicitante tendrá que acreditar empadronamiento por un mínimo de doce meses o residencia efectiva de cinco años.
No habrá más ingresos de emergencia al estar tramitándose el IMV por el Estado
Las tres modalidades son la renta de ciudadanía para la inclusión y protección social, la renta de ciudadanía para la inclusión social de jóvenes y la renta de ciudadanía complementaria de ingresos de trabajo. También hay tres complementos (vivienda, educación y pensiones no contributivas) que se desarrollarán a través de un reglamento específico.
También tendrá que acreditar la solicitud del Ingreso Mínimo Vital, estar inscritos como demandantes de empleo en el Servicio Canario de Empleo, no residir de forma permanente en centros o establecimientos de titularidad pública, ser mayor de 23 y menor de 65 años, y carecer de recursos económicos suficientes. No obstante hay excepciones cuando se trate de colectivos especialmente vulnerables: mujeres víctimas de violencia de género, víctimas de explotación sexual o trata, víctimas de violencia familiar, personas sin hogar, personas emigrantes canarias retornadas, etc.
