Aumentan las presiones para el cierre “inmediato” del ‘campamento de la vergüenza’

En una jornada en la que fueron rescatadas otras 63 personas en dos pateras cerca de Gran Canaria, Francisco Fernández Marugán anuncio que la próxima semana visitará el denominada campamento de la vergüenza, una instalación de uso pesquero de apenas 400 metros que llegó a albergar a 2.600 personas a comienzos de noviembre. Tres de cada cuatro de los migrantes acogidos allí durmió en esos días sin un techo, con temperaturas de 30 grados de días y con mucha humedad en la noche. El único abrigo: un manta. No hay posibilidades de ducha diaria y la comida se limita un bocadillo y fruta tres veces al día.

La exigencia del Defensor del Pueblo en funciones supone que los ministerios de Interior y Migraciones cumplan a pies juntillas el plan de emergencia anunciado hace una semana en las Islas y que pasa, como primera medida, por la culminación de un campamento en el antiguo polvorín de Barranco Seco. Ahí estará de forma definitiva el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) con capacidad para 800 personas. Servirá para lo que se debería utilizar ahora Arguineguín y ni la avalancha de pateras y cayucos ni los controles sanitarios por el Covid-19 permite: de centro de retención de 72 horas donde se toma la filiación a los recién llegados y se les realiza las pruebas médicas. Interior asegura que trabaja a “contrarreloj” con ese objetivo.

Portavoces de la Delegación de Gobierno en Canarias subrayan que se están adecuando las instalaciones para que los migrantes puedan permanecer en ellas de la forma más digna posible y que poco a poco se irá evacuando Arguineguín.

El Defensor del Pueblo se suma con su demanda a organizaciones como Amnistía Internacional, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) o Human Rights Watch (HRW). Todos ellos han reclamado de forma reiterada el cierre del campamento de Cruz Roja en el muelle por sus condiciones de hacinamiento. Lo demanda también el Ejecutivo regional, igual que lo ha hecho el juez del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Las Palmas de Gran Canaria, Arcadio Díaz Tejera. Este incluso ha revelado testimonios de personas que han permanecido más de tres semanas allí, cuando el máximo deben ser 72 horas.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y Amnistía Internacional celebraron ayer la petición de Marugán y esperan que el Gobierno haga caso y garantice los derechos de acogida de los migrantes.

La directora general de CEAR, Estrella Galán, apuntó que confían en que “este informe del Defensor sea definitivo y de una vez por todas se ponga en marcha un procedimiento acorde al Estado de derecho y se reactiven los traslados a la Península para que las Islas no se colapsen más de lo que ya están”.

“El Defensor destaca en su informe que la condiciones de precariedad ponen en riesgo la salud física de las personas y constata que muchas de ellas han permanecido privadas de libertad por más de 72 horas vulnerando así la Constitución”, aseveró.

El campamento del muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, se abrió el 20 de agosto con capacidad teórica de 400 personas, aunque la instalación alberga este viernes 763 personas y ha llegado a acoger 2.600 a principios de noviembre.

“Ya no solo somos las ONG las que reclamamos una actuación de urgencia, ahora también el Defensor ha pedido el cierre de las instalaciones porque no reúnen las condiciones adecuadas para acoger a las personas migrantes y refugiadas que llegan a Canarias”, ha asegurado a Efe la portavoz de Amnistía Internacional, Ana Gómez.

Amnistía Internacional lleva reclamando insistentemente en las últimas semanas al Gobierno que establezca un mecanismo de emergencia con instalaciones adecuadas que saque a esas personas de Arguineguín, para garantizar que todas ellas, especialmente las más vulnerables, como las posibles víctimas de trata, tengan garantizados todos sus derechos.

“Esperamos que Interior tenga en cuenta todas las recomendaciones del Defensor y de las organizaciones para que de manera urgente se garanticen unas condiciones dignas de acogida para todo el mundo, que incluyan asistencia letrada individualizada con garantías para que la protección internacional, a la que tienen derecho algunas de esa personas que llegan, no sea solo una quimera”, ha añadido.

Amnistía lamenta que a pesar del aumento de llegadas no se han acondicionado las instalaciones y se están tramitando órdenes de devolución sin que las personas hayan recibido una adecuada asistencia letrada, tal y como exige el derecho internacional de los derechos humanos.

Aunque Amnistía reconoce que “se han tomado medidas para aliviar la situación y realizar traslados a nuevas instalaciones”, de Barranco Seco, cree necesario que el Gobierno “actúe con mayor transparencia y responda a determinadas preguntas” que siguen sin respuesta como: “qué nacionalidades están llegando y con qué perfil”, si “se están llevando a cabo todas las medidas adecuadas para proteger a las personas más vulnerables”, si “hay acceso individualizado a procedimientos de asilo con todas las garantías”, “cuántos traslados han llevado a cabo en total, o cuántos harán en los próximos meses”.

La ONG muestra también su preocupación porque la mayoría de las medidas del Gobierno central presentadas en el plan de choque estén centradas en un refuerzo del control migratorio, olvidando que muchas personas huyen de sus países como consecuencia de graves violaciones de derechos humanos.