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‘Dumping’ fiscal o libertad de impuestos

Se reabre la batalla de la armonización tributaria de las comunidades, condicionada por el retraso de seis años de la reforma del sistema de financiación autonómica

‘Dumping’ fiscal o libertad de impuestos

Se reabre la batalla por la gestión tributaria de las comunidades autónomas, que incide en el debate de fondo sobre el funcionamiento del Estado de las Autonomías y que no acaba de resolverse desde su puesta en marcha hace ya más de 40 años. La capacidad de los gobiernos regionales para actuar sobre los impuestos cedidos (Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, y Transmisiones Patrimoniales; además del tramo autonómico del IRPF) que gestionan siempre ha sido controvertida, porque no sólo afecta a la recaudación de cada una de las comunidades que decide aplicar su autonomía fiscal, sino que también puede tener efectos secundarios sobre el resto de las comunidades, sobre todo las limítrofes. Es desde hace tiempo una polémica que ha alimentado sobre todo la Comunidad de Madrid, gobernada desde hace décadas por el PP, por sus conocidas políticas liberales de rebajas fiscales, pero sobre la que no hay posiciones claras en el resto de autonomías.

El acuerdo entre el actual Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos con ERC, en el marco de la tramitación de los Presupuestos estatales para 2021, de crear un grupo de trabajo para una futura “armonización fiscal” entre comunidades autónomas ha vuelto a poner sobre la mesa una cuestión que ya planteó en la legislatura pasada el Gobierno del PP . Fue el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien abanderó este debate para que se incluyera entre los elementos a tener en cuenta en la reforma del sistema de financiación autonómica que se iba a plantear en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. La falta de consenso y otros avatares políticos (el procés catalán y las múltiples elecciones celebradas) impidieron que el Comité de Sabios que se creó al efecto concluyera sus trabajos, y que tanto la propia reforma de la financiación autonómica, como la armonización fiscal entre regiones se quedaran por el camino. De hecho, una de las causas de la nueva guerra sobre el margen de gestión tributaria de los gobiernos regionales es la ausencia de un marco amplio, seguro y transparente de suficiencia financiera de las comunidades autónomas a través de un nuevo sistema de financiación.

La cuestión que se suscita, no ajena a batallas políticas de todo tipo tanto de ámbito ideológico como territorial, es hasta qué punto la armonización fiscal sobre esos impuestos cedidos debe condicionar la autonomía fiscal de que gozan los comunidades autónomas. Y, en sentido contrario, aunque su objetivo sería el de impedir el llamado dumping fiscal entre territorios y la competencia desleal entre ellos en materia tributaria, una regulación estricta y restrictiva podría acabar con ese margen del que disponen ahora los gobiernos regionales para actuar sobre esos impuestos.

Canarias se ve sólo parcialmente afectada por este debate por su mayor dependencia de los impuestos propios recogidos en el REF, y por su lejanía geográfica respecto de aquellas comunidades que, con sus decisiones de política fiscal, pudieran perjudicar a las Islas. El Gobierno regional se limita por el momento a condicionar ese debate a que el mismo no afecte a su fuero y se muestra abierto a participar en las discusiones sobre los términos en que se producirá esa posible armonización fiscal, así como de qué forma eso afecta al futuro modelo de financiación autonómica.

Madrid capta contribuyentes de rentas altas y empresas de otras regiones

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Canarias ha sido, en todo caso, una de las autonomías que en algún momento ha mantenido algunos de los tributos cedidos, en concreto el de Sucesiones y Donaciones, con una bonificación, del 99%, similar a la de otras regiones que están en el ojo del huracán por este motivo, como es el caso de Madrid, donde es del 100 %. El actual Gobierno canario, sin embargo, lo retocó este año estableciendo unos tipos progresivos en función de la cuantía de la herencia.

Madrid, ¿paraíso fiscal?

La mirada sobre Madrid es especialmente incisiva por parte de algunas de las regiones, sobe todo las limítrofes pero también Cataluña (de ahí la enmienda de ERC a los Presupuestos) y Comunidad Valenciana (la primera en quejarse de la situación), porque sus rebajas fiscales están captando contribuyentes, sobre todo en el rango de grandes fortunas, pero también domicialización de sociedades.

Según cálculos de su propia consejería de Hacienda, la comunidad madrileña ha dejado de recaudar en torno a 42.000 millones de euros entre 2004 y 2019 por las continuadas rebajas fiscales decretadas por los sucesivos gobiernos del PP en estos años. Un resultado que para muchos es una consecuencia directa del dumping fiscal practicado, mientras que los gestores de la región, especialmente su actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso, lo achacan a las buenas cifras macroeconómicas (Madrid se ha convertido recientemente en la región con mayor PIB, adelantando a Cataluña), y defienden estas prácticas porque dinamizan la economía y generan empleo.

Retan al resto de autonomías a que secunden sus pasos y exigen que cualquier armonización para el conjunto de regiones sea a la baja, nunca al alza: “No vamos a consentir que los independentistas nos obliguen a subir los impuestos”, ha clamado Díaz Ayuso en relación con el acuerdo presupuestario entre el Gobierno y ERC. Pese a los 33.500 millones de deuda autonómica, el Gobierno de Ayuso defiende que es una de las regiones con menor déficit público, del 0,34% del PIB regional y tres veces menor que la media del conjunto de comunidades, y que eso le legitima a actuar con sus propias recetas impositivas en este campo.

La gran cuestión que se plantea aquí es hasta qué punto la competencia fiscal es lícita para los impuestos cedidos, o si condiciona la igualdad de oportunidades de los ciudadanos en función del lugar en el que vivan.

Además de aprovecharse de las ventajas por el efecto capitalidad, y de ser la sede de las grandes empresas españoles, Madrid promueve la deslocalización empresarial en otros territorios por tener sus tramos de IRPF con mucha menor presión fiscal que el resto.

Además, centra sus rebajas fiscales en los contribuyentes con mayores ingresos, gracias a ese tipo cero en el impuesto sobre el patrimonio, y al 99 % de bonificación en los de sucesiones y donaciones.

En un informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas se señala que “los beneficios fiscales diseñados por la Comunidad de Madrid operan de manera que se concentran considerablemente en los contribuyentes de mayor renta y riqueza”, de forma que el 7% de los contribuyentes de rentas superiores a 60.000 euros se benefician del 42 % de las minoraciones de las cuotas del IRPF autonómico. ç

Esta entidad cifra en 4.100 millones al año lo que representan las rebajas madrileñas, mientras por otro lado sus dirigentes exigen mayores inversiones al Estado y sus servicios públicos se han deteriorado gravemente en los últimos años, como demostraría la situación de la sanidad madrileña durante la actual pandemia de coronavirus.

Los millonarios de Madrid se han ahorrado 6.000 millones en el impuesto de Patrimonio desde el 2011, según la Agencia Tributaria, y la batalla por las rebajas fiscales se reabre mientras España reclama a Europa fondos para afrontar la crisis y las secuelas de la pandemia sanitaria.

En el actual contexto de crisis económica y de cuestionamiento del funcionamiento de los servicios públicos en el conjunto de las comunidades autónomas toman mayor sentido las dudas sobre si armonizar fiscalmente por arriba, o por abajo, o si darles mayor autonomía para, partiendo de una base imponible igual para todos los territorios, estos tengan un gran margen para mover los tipos impositivos y establecer las bonificaciones que consideren oportunas.

Guerra fiscal

En el inicio de esta guerra fiscal, las comunidades autónomas se están posicionando más en clave política que económica. De momento, los barones del PP gobernantes en Galicia, Murcia, Castilla-León y Andalucía se alinean junto a Madrid con las posiciones liberales de una autonomía fiscal en la gestión de estos impuestos incluso aunque en otras ocasiones han defendido una cierta armonización. En todas ellas hay grandes bonificaciones en varios de estos tributos, aunque no al nivel de la comunidad madrileña, y como norma general defienden que sean las demás quienes rebajen los tipos. Gana peso en estas comunidades el relato ideológico de que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos, frente a las regiones socialistas que apuestan por una mayor presión fiscal para garantizar servicios públicos, al menos hasta que la reforma de la financiación autonómica, a partir de febrero, y la revisión de la armonización fiscal planteen un nuevo escenario.

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