El grupo de CC-PNC en el Cabildo de Tenerife ha mostrado este lunes su rechazo al proyecto conocido como ley Celaá y ha reclamado al Gobierno central que dote al Plan de Infraestructuras Educativas para Canarias con 45 millones de euros.

En un comunicado de prensa la portavoz adjunta de CC, Verónica Meseguer, afirma defender la educación pública, universal y gratuita, "pero siempre desde el respeto al principio constitucional que reconoce el derecho a la libertad de elección".

A su juicio, esta nueva ley pretende imponer un pensamiento "único y sectario", que limita, además, el derecho de padres y madres a elegir la educación y el centro educativo que quieren para sus hijos.

"Está tramitada sin el consenso de la comunidad educativa, ya que no han permitido que comparezcan profesionales para aportar su punto de vista, y limita la libertad de elección", ha insistido.

Para la portavoz nacionalista lo importante es que el Gobierno de España dote al Plan de Infraestructuras Educativas de Canarias con 45 millones de euros.

"Necesitamos que el Gobierno de España incluya esas partidas en los Presupuestos Generales del Estado para que Tenerife tenga centros educativos acordes a las necesidades de nuestra comunidad educativa", ha abundado.

Verónica Meseguer también ha criticado el tratamiento que la Ley Celaá da a los centros concertados y a la educación especial, y recuerda que fue el PSOE el que estableció la educación concertada en 1985.

"La aprobación de la Ley Celaá solo responde a un criterio político, el de contentar a sus socios de gobierno, y no tiene en cuenta las necesidades de la comunidad educativa", ha reprochado Meseguer.

La portavoz ha hecho hincapié en que los centros concertados tienen una "indudable dimensión pública", asimismo ha recordado que el gasto de la educación concertada representa el 12,5 por ciento del presupuesto total, "pero PSOE y Podemos la están demonizando para poder instaurar el adoctrinamiento", critica.

En cuanto a la educación especial, la consejera nacionalista asegura que se trata de un colectivo que necesita "unos recursos específicos que el sistema no les va a proporcionar".

Por todo ello, CC considera un "error" que desaparezca y se incluya en el sistema general, pues "estamos hablando de personas que requieren de un profesorado especializado y una dedicación exclusiva", concluye.