Marcha atrás en los planes del Gobierno regional de convocar oposiciones para estabilizar los puestos de trabajo del personal interino y temporal de la Administración autonómica. La precariedad laboral en la Comunidad Autónoma afecta a unos 26.000 trabajadores, por encima del 40% del total entre personal laboral, funcionario y estatutario. La Dirección General de Función Pública prefiere esperar a lo que decida el Gobierno central en la Ley de Presupuestos del Estado de 2021 y los posibles cambios en la reforma prevista del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), modificaciones que pueden afectar a los procesos selectivos.

En la última mesa de negociación con los sindicatos, celebrada recientemente, Función Pública comunicó también la suspensión de la oferta pública de empleo (OPE) extraordinaria que estaba previsto convocar antes del 31 de diciembre para dar fijeza a unos 1.500 empleados públicos entre laborales y funcionarios del ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma. Esta convocatoria salió adelante en verano pero con la división sindical al oponerse Sepca e Intersindical, mayoritarios en la mesa frente a UGT, CCOO y CSIF, que sí están a favor de este procedimiento. Sin embargo esta situación ha provocado una crisis interna en el CSIF, cuyo presidente provincial en Las Palmas, Manuel Collado, fue destituido de forma fulminante por la dirección nacional del sindicato por oponerse a la OPE de estabilización planteada.

Pero en el trasfondo de estas suspensiones también figuran otros elementos que preocupan al Ejecutivo. Tanto los sindicatos mayoritarios como la plataforma de empleados públicos en fraude de ley de Canarias (Prefalca) han amenazado con impugnar los procesos selectivos si no se negocian e incluso se prepara una huelga ya que, en su opinión, el Gobierno canario está incumpliendo una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado mes de marzo que invalida las OPE como sistema válido para dar estabilidad al personal interino y propone indemnizaciones a estos empleados, lo que puede ocasionar sanciones muy elevadas para la Administración autonómica que pueden superar los 50 millones de euros.

Una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE invalida las OPE y avala las indemnizaciones

El consejero de Administraciones Públicas del Gobierno canario, Julio Pérez, confirmó recientemente que su departamento no contempla el acceso directo de este personal a la condición de fijeza porque así lo han dictaminado los servicios jurídicos frente a las peticiones de la plataforma y de los sindicatos. La legislación española sólo contempla para acceder a la función pública los procesos de concurso-oposición, si bien el estatuto del empleado público establece una excepción en su artículo 61.6: “Sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso que consistirá únicamente en la valoración de méritos”. Esto quiere decir que solo a través de una ley extraordinaria aprobada por las Cortes se podría obviar las pruebas escritas, tal y como reclaman la plataforma y los sindicatos.

Fuentes de la plataforma de empleados públicos interinos advierten que el Ejecutivo regional está soslayando la aplicación del Derecho comunitario, que prevalece sobre el nacional en caso de sentencias como la emitida en marzo. El fallo del TJUE recoge que “una normativa nacional que prevé la organización de procesos selectivos que tienen por objeto cubrir de manera definitiva las plazas ocupadas provisionalmente por empleados públicos con una relación de servicio de duración determinada, así como los plazos concretos a tal fin... no resulta adecuada para prevenir la utilización abusiva, por parte del empleador de que se trate, de sucesivas relaciones de servicio de duración determinada”. Asimismo, la sentencia comunitaria desarrolla las indemnizaciones como un sistema alternativo al de la fijeza directa si la Administración quiere sacar a concurso-oposición las plazas que durante muchos años han estado ocupadas por personal temporal. Para los jueces europeos se trataría no solo de resarcir económicamente a los afectados, sino también de ser un elemento “disuasorio” para la Administración para evitar los abusos en la contratación que se producen en el ámbito público. La sentencia deja en manos de los jueces de cada país la valoración de estas indemnizaciones, que serían muy onerosas para las arcas públicas.

En base a la sentencia europea, la plataforma y los sindicatos mayoritarios reclaman que se establezca un sistema que dé fijeza a los empleados públicos que se encuentran en situación de precariedad –unos 3.000 solo en el ámbito de la Administración General– bien sea de forma directa, con los mismos derechos que los fijos de su misma categoría, o mediante un sistema restringido de concurso de méritos. Hasta ahora el Gobierno regional no ha aceptado estas opciones, aunque el aplazamiento de la OPE extraordinaria puede abrir una nueva vía de entendimiento siempre y cuando el Gobierno central introduzca alternativas en la legislación básica.