Canarias dispone desde la semana pasada de un foro específico en el Parlamento español de análisis y estudio sobre la insularidad. También Baleares y Ceuta y Melilla como los otros territorios extrapeninsulares del Estado. El Senado acaba de aprobar la constitución de una ponencia que aborde los problemas concretos y singulares que presentan estos territorios por su situación geográfica, y que en el caso de Canarias se complementan con los derivados de la lejanía respecto de la Península y su entorno económico de referencia. Será la sociedad civil de cada una de las dos comunidades insulares y de las dos ciudades autónomas, la que ofrecerá sus puntos de vista sobre las dificultades que representa su ubicación en el mapa estatal, así como las propuestas para afrontarlas.
Expertos de cada uno de los ámbitos de estudio, del mundo de la economía, la universidad, de los agentes sociales, o de representantes de las administraciones, acudirán a las sesiones de esta ponencia a partir de su puesta en funcionamiento a principios de febrero para trasladar a la Cámara sus experiencias y conocimientos. Se trata de poner en claro de una manera integral cómo los problemas de la insularidad acaban mermando los derechos para los ciudadanos de estos territorios, y tratar de arbitrar medidas desde los poderes públicos, en especial por parte del Estado y de la UE, para paliarlos o compensarlos adecuadamente más allá de los ya establecidos en estatutos especiales como el REF canario o el Régimen Especial de Baleares.
Los territorios extrapeninsulares exigen medidas específicas en las políticas del Estado
La iniciativa, constituida en el marco de la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico de la Cámara alta, se pone en marcha con el nombre de ‘Ponencia de estudio sobre la singularidad y la situación periférica de las Ciudades de Ceuta y Melilla’, y la integran diez ponentes de los distintos partidos, la mayoría de ellos electos por algunos de los territorios extrapeninsulares. Canarias está representada en la ponencia por la socialista Paloma Hernández, senadora por Fuerteventura; y el nacionalista Fernando Clavijo, senador autonómico de CC, aunque es posible que también se integre en ella como representante del Grupo Mixto el senador por La Gomera, Fabián Chinea, de ASG. Por parte del PP, ninguno de los cuatro senadores canarios entra en la ponencia al no formar parte de la comisión que le da cobijo. Completan la ponencia un senador catalán de ERC, uno vasco del PNV, y un andaluz por parte de Cs.
“Canarias siempre ha mantenido sus cuestiones bilaterales con el Estado y dispone de sus dos grandes instrumentos de defensa y reconocimiento de sus singularidades como son el REF y el Estatuto. Pero ahora se trata de poner el hecho insular en el debate territorial y especialmente que los otros territorios conozcan sus singularidades, dar a conocer las necesidades que por nuestra condición geográfica tenemos”, afirma Paloma Hernández. “Nos unen singularidades comunes con Baleares, como puede ser la dependencia del turismo, o los problemas del transporte, el coste de los bienes y los servicios. Estamos diseñando el plan de trabajo y queremos abordar todos los grandes asuntos, desde la conectividad y la movilidad, hasta las políticas económicas, la sostenibilidad y cambio climático, las políticas sociales con el problema de la pobreza, o la empleabilidad”, recalca la senadora socialista.
Expertos y representantes de colectivos de las islas comparecerán hasta julio
Para Fernando Clavijo, esta ponencia, con ser positiva, no acaba de resolver la presencia de los problemas de la insularidad en las instituciones estatales. El ahora líder de CC había propuesto en febrero pasado, junto al senador mallorquín Vicenc Vidal (Més per Mallorca), cuando se adaptó la nomenclatura de las comisiones del Senado a la estructura del Gobierno que acababa de constituirse, que la nueva Comisión de Despoblación y Reto Demográfico añadiera el concepto de insularidad. El PSOE y el PP lo rechazaron. Clavijo sigue defendiendo su posición y asegura que la insularidad “es una realidad permanente que condiciona la vida de los habitantes de ambos archipiélagos y condiciona también todas las políticas pues deben adaptarse a las singularidades de esos territorios y no valen las mismas recetas que se aplican en el continente”. Sostiene que la creación de la ponencia “no resuelve” la necesidad de los territorios insulares de tener más peso en la estructura institucional como sería disponer de una comisión específica en el Senado, sobre todo ahora que la pandemia sanitaria y la crisis económica están demostrando hasta qué puntos estos territorios, y en especial Canarias, son más sensibles a los problemas.
La insularidad, apunta Clavijo, “merma oportunidades y debe ser compensada y estudiada y es el Senado, Cámara territorial, el mejor espacio para ello”. “No se puede hablar de servicios públicos, de despoblación, de movilidad sin atender el hecho insular porque no se estaría garantizando la igualdad de oportunidades entre todos los ciudadanos del Estado”, asegura. En todo caso, el senador de CC confía en que la ponencia pueda alcanzar acuerdos en sus conclusiones que sean elevadas al Gobierno central y al resto de poderes del Estado, y a la propia UE, para que actúen en consecuencia.
La ponencia tiene un plazo inicial de funcionamiento de seis meses, prorrogable a un año si así lo considera la comisión en la que se ha creado, y sus integrantes han pactado iniciar las comparecencias en febrero, con la idea de convocar al menos una sesión al mes, y entre tres y cuatro comparecientes por sesión.
“Tenemos muchos nombres en la lista, queremos sacar unas conclusiones para que el Gobierno las incluya en su agenda política. Y queremos llevar a la sociedad civil a que planteen sus ideas y sus experiencias y poner en conocimiento las características, las necesidades y las soluciones a problemas en nuestros territorios con los que esta sociedad civil convive”, señala Hernández, quien asegura que “de momento creemos que es mucho más efectivo crear una ponencia de estudio para hacer un trabajo concreto centrado en el tema, que una comisión permanente en el Senado”. En todo caso, asegura que “no es descartable que, si la ponencia recomienda la creación de una comisión permanente, como ha ocurrido con otras anteriores, eso se acabe planteando”.
Más allá del REF y del régimen balear
El senador mallorquín Cosme Bonet (PSOE), uno de los tres senadores baleares que integran la ponencia sobre la insularidad que se acaba de constituir en el Senado, asegura que “el objetivo político claro es meter la insularidad en el debate territorial y en la agenda política del Estado”. “Vamos a convocar para que exponga la problemática a representantes de las Islas de la sociedad civil, para que en el Senado pongamos negro sobre blanco las dificultades que genera la insularidad o las necesidades asociadas desde el punto de vista de los derechos de los ciudadanos”. No cree que esta ponencia y sus conclusiones sean redundantes con los asuntos que ya se abordan en los regímenes especiales de ambos archipiélagos, el REF canario y el Régimen Especial de Baleares (REB). “Esos regímenes los hemos conseguido en nuestras respectivas relaciones bilaterales con el Estado, esto es parte de esa política de compensación de la insularidad, y en el caso canario de la lejanía, pero hay otros temas que son comunes, transporte, conectividad, encarecimiento de la vida, que el Estado puede tener que abordar desde una perspectiva global y en esta ponencia podemos darle a estas cuestiones una visión transversal”, señala el senador mallorquín. “Son batallas diferentes, porque hay temas que son comunes y para las que las comunidades insulares tendremos más fuerza si las planeamos conjuntamente”, recalca.
“Conseguimos que el Senado incorpore la insularidad como territorio a considerar a través de un organismo provisional, que es esta ponencia. Hemos conseguido dar un paso importante, abordar la insularidad como un todo”, insiste.| J.A.
