La Audiencia condena a un año de prisión a dos exresponsables de Infecar
No entrarán en la cárcel y tendrán que resarcir al Cabildo con los 3.500 euros que malversaron
En la imagen, uno de los testigos que comparecieron en la Audiencia Provincia en el juicio del ‘caso Infecar’. / C.D.A./EFE
La Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado a un año de prisión a los exresponsables de la Institución Ferial de Canarias (Infecar) Rafael Suárez y Carlos Orce por un delito de malversación de caudales públicos, además de indemnizar a Infecar con 3.500 euros. Los condenados no tendrán que entrar en prisión, según dictamina el juez Miguel Ángel Parramón en su sentencia, pero a cambio tendrán que realizar trabajos durante seis meses en beneficio de la comunidad y no delinquir en el plazo de cinco años.
El jurado de la Audiencia de Las Palmas ya había considerado culpables en octubre a los acusados Rafael Suárez y Carlos Orce por haber modificado el concepto de la factura de 3.500 euros del catering que se sirvió en el congreso del Centro Canario Nacionalista (CCN) en Infecar en 2011 por el de un taller infantil para que lo pagase el Cabildo.
Junto a los dos condenados, el magistrado también declara como responsable directo al CCN por haberse lucrado y la responsabilidad civil subsidiaria de Hérgora Catering SL. La formación política se benefició del catering sin ningún tipo de gasto mientras que la empresa de comidas aceptó el pago cargándolo a un taller infantil sin que fuera el objeto de la factura.
El jurado consideró por mayoría que Orce puso como concepto en la factura del cátering que se trataba de un taller infantil de comida saludable por indicación de Suárez, sabiendo los dos procesados que no se correspondía con ningún servicio prestado por la citada empresa con cargo a Infecar. El jurado no creyó la versión de los hechos de los acusados pero sí la de la entonces directora del Palacio de Congresos de Infecar, Mónica Gómez, quien en el testimonio que prestó en el juicio afirmó que Carlos Orce, en una conversación telefónica, le dijo que había cambiado el concepto de la factura por orden de Rafael Suárez.
Además de la condena, los dos acusados quedan suspendidos de empleo y cargo público durante un año, 11 meses y 30 días y también se les deniega el indulto que habían solicitado las defensas.
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