El Gobierno regional va a esperar a que se aprueben definitivamente los presupuestos generales del Estado por si hay cambios en la ley que afecten a los procesos para estabilizar al personal interino y temporal de la Administración autonómica. Si esto no sucediera el Ejecutivo mantiene su intención de convocar ofertas de empleo público pese a las protestas de los sindicatos mayoritarios y la plataforma de interinos, aunque sí está dispuesto a negociar una convocatoria con ciertas restricciones y adaptada a estos empleados tanto en la parte del concurso de méritos como en el examen de oposición para evitar que se queden en la calle. La inestabilidad laboral de la Comunidad Autónoma afecta a más de un 40% de los empleados públicos, alrededor de 26.000, 3.000 de ellos en el ámbito de la Administración General y el resto en Sanidad –donde se supera el 60% de interinidad en algunas categorías– y Educación.
Los presupuestos del Estado acaban de entrar en el Senado y estarán hasta finales de diciembre en la Cámara Alta. Existe la posibilidad de que se introduzca alguna enmienda de última hora en la ley que dé lugar a cambios en la articulación de los procedimientos para hacer fijos a los empleados públicos temporales de la Administración. La directora general de Función Pública del Gobierno canario, Laura Martín, asegura que “no nos vamos a oponer a cualquier cambio que se pueda introducir en la legislación del Estado”. En este sentido, hay una proposición no de ley impulsada por Compromís en la que se defiende que se hagan oposiciones restringidas donde sólo se evalúen los méritos y la experiencia, sobre todo en el caso del personal laboral.
Sin embargo, aún está por ver si esta propuesta se convierte en enmienda y se introduce en el articulado de la ley de presupuestos. Los antecedentes no son buenos ya que varias enmiendas presentadas en el Congreso para dar una solución a la temporalidad en la Administración fueron desestimadas por los grupos que respaldan al Gobierno.
Laura Martín asegura que la intención del Ejecutivo es “facilitar” que el personal afectado por la temporalidad adquiera la fijeza que acabe con la incertidumbre de tantos años, pero advierte que no se pueden eludir los procesos selectivos porque así está regulado en la legislación básica del Estado y está corroborado en un reciente informe de los servicios jurídicos autonómicos. Para Martín lo importante no es la publicación de la OPE porque se trata de un catálogo de plazas a cubrir, sino que lo verdaderamente esencial está en la negociación de las bases: “No nos fijemos en la oferta de puestos sino cómo se va a acceder a esas plazas, hablemos del examen y de los méritos y de cómo lo hacemos, ahí quizá podamos llegar a un acuerdo que no suponga perjuicios para los afectados, nuestra voluntad es facilitar las cosas”, añade.
Sentencia del TJUE
La directora general no cree que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) eche por tierra las ofertas de estabilización y consolidación que se realizan en España para reducir la temporalidad en la Administración Pública. “Lo que vienen a decir los jueces europeos es que las ofertas de empleo no es una herramienta suficiente para acabar con la inestabilidad laboral en las administraciones públicas”, concluye Martín, que recuerda que estas convocatorias extraordinarias no están sujetas a las tasas de reposición de las ofertas ordinarias, sino que son plazas ya existentes y que se pretenden estabilizar o consolidar en función de la antigüedad de los trabajadores que las ocupan.
Laura Martín no cree “coherente” que los mismos sindicatos que se niegan ni siquiera a publicar las plazas para después negociar las bases, sin embargo den su visto bueno a la oferta de estabilización de puestos de trabajo en Educación aprobada la pasada semana con el fin de reducir la temporalidad de los docentes. “Se trata de un mal trago para todos, también para nosotros, pero tenemos que ayudarnos entre todos y hablar de cómo lo hacemos para facilitar las cosas”, advierte la directora general de Función Pública.
Canarias es la única comunidad autónoma que ni siquiera ha publicado ofertas de empleo para reducir la temporalidad frente a otras comunidades que están más avanzadas como es el caso de Galicia o Cataluña. Y esta demora puede traer consecuencias negativas ya que la prórroga aprobada por el Estado termina el 31 de diciembre de 2021 y, en el caso de que España continúe con unos índices tan elevados de precariedad en la Administración pública, puede afectar a la llegada de fondos europeos a España en los próximos años, advierte la representante del Ejecutivo regional.
