La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha insistido este jueves en señalar el 31 de diciembre como fecha límite para que hoteles y apartamentos del municipio grancanario dejen de alojar a inmigrantes, argumentando que supone un "incumplimiento de la legislación turística y urbanística" del que acusa al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Departamento que vulnera dicha normativa "al destinar fondos o subvenciones a organizaciones que prestan servicios asistenciales a personas migrantes alojadas en los complejos hoteleros de Gran Canaria", sostiene la alcaldesa, que, desde ese planteamiento, ha remitido un escrito al ministro lo dirige, José Luis Escrivá, según ha anunciado mediante un comunicado.
En su misiva, Onalia Bueno "insta a Escrivá a tomar las medidas que estime necesarias para obedecer la ley y permitir que las zonas turísticas del municipio recuperen su actividad natural", destaca la nota.
En ella se matiza que la primera edil de Mogán, en su carta, "reconoce comprender la decisión que hace más de dos meses tomó el Ministerio de Migraciones de alojar a las personas migrantes en establecimientos turísticos, como solución de urgencia social, por no disponer en aquel momento el Estado de instalaciones públicas habilitadas para responder al incesante flujo de llegadas de pateras y cayucos a las costas de la isla".
Si bien añade que "lo que en unos primeros instantes se presento´ como algo estrictamente provisional se ha convertido en una alternativa de acogimiento casi permanente" y que "la prolongación de estos hechos esta´ suponiendo un obstáculo añadido y evidente a la ya de por si débil recuperación de nuestros mercados turísticos".
Además, insiste en que ese uso de dichos establecimientos, permitido "mediante autorización administrativa del propio ministro", según recalca, "no debería ser posible" en virtud de la normativa turística de Canarias.
La cual especifica que "es deber de los titulares de los establecimientos turísticos destinarlos al ejercicio de la actividad turística, de alojamiento o complementaria, conforme a la calificación de uso asignada a la parcela por el planeamiento, y la del inmueble construido en ella", apostilla.
Por todo ello, Onalia Bueno reitera su exigencia de no alargar más allá del 31 de diciembre la referida práctica argumentando que vulnera la legalidad.
En esa línea, señala incluso que "el Estado podría verse obligado a anular estas subvenciones por incurrir el destino de las mismas en infracciones del ordenamiento jurídico".
Algo que afirma que "reconoce la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones", en aplicación de la cual "no se pueden conceder subvenciones para financiar centros de acogida de inmigrantes que sean empleadas para contratar, de forma contraria a la Ley, un establecimiento turístico", sentencia la alcaldesa e Mogán.
