El peso de la crisis migratoria ya no recae exclusivamente en Canarias. Las derivaciones, tan reclamadas por las autoridades isleñas y en un principio rechazadas por el Gobierno central, se han empezado a producir y no están convenciendo a todo el mundo. Durante el puente de la Constitución, pequeños grupos de inmigrantes han llegado a Granada, Málaga, Sevilla, Huelva, Alicante y Valencia, según señala el diario El Español. Lo que no está claro es la forma en la que se gestionaron estos viajes, ni quién pagó los billetes. Ninguno de los gobiernos provinciales conocían esos traslados. Son, desde el punto de vista del PP, derivaciones opacas ante las que el Gobierno debe dar explicaciones. Miembros del Ejecutivo defienden que no son los “responsables” de lo sucedido, pero la sorpresa y la falta de transparencia ha provocado el revuelo de parte de la clase política, que exige explicaciones e incluso, en algunos casos, la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La polémica por las derivaciones ha copado la atención de todas las formaciones políticas. De tal forma que la oposición aprovechará el último Pleno del Congreso del año para pedir cuentas de lo sucedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá; y al ministro de Transportes, José Luis Ábalos. La gran ausencia, será Grande-Marlaska, que ya ha comunicado que no asistirá al pleno.

En concreto, el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, preguntará al jefe del Ejecutivo si estaría dispuesto a consensuar con las instituciones canarias una “gestión solidaria a escala estatal” para hacer frente a esta crisis, “de manera que la atención a los menores y los adultos sea compartida por el conjunto del Estado”.

“¿Considera que el traslado clandestino desde Canarias a la Península de inmigrantes que entraron irregularmente en territorio nacional merece una explicación del Gobierno que se ajuste a la verdad?”, apunta textualmente la pregunta que ha registrado el popular Carlos Rojas para el ministro de Migraciones. De su lado, ERC pedirá que algún miembro del Gobierno explique “cómo se está gestionando la acogida de personas refugiadas” en el Archipiélago.

Alguno partidos van más allá, y exigen dimisiones. Para Ciudadanos estos episodios “solo son un ejemplo más de la absoluta oscuridad con la que actúa el Gobierno” por lo que el partido ha registrado en la Cámara baja una batería de preguntas para el Ejecutivo. La más dura será sobre si Grande-Marlaska va a dimitir por “su demostrada incapacidad para gestionar esta crisis migratoria”.

La polémica por las derivaciones opacas ha llegado a otros sectores. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) se ha dirigido al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para conocer la cifra exacta de ciudadanos subsaharianos que están siendo trasladados a la Península. La organización policial demanda conocer qué tipo de autorización de desplazamiento se ha otorgado teniendo en cuenta que España se encuentra afectada por las restricciones de movilidad. El portavoz del SUP en la Comunidad Valenciana, Fermín Gimeno, pregunta al Ejecutivo quién les ha pagado el billete a los migrantes, puesto que “no tienen ni para comer”.

El Gobierno, por su parte, mantiene que los inmigrantes son “personas libres” tras haber pasado la primeras 72 horas, por lo que pueden utilizar sus recursos para trasladarse a otras zonas. Hace tan solo unos días que el País Vasco, Navarra, Aragón, Extremadura, la Comunidad Valenciana y al Ayuntamiento de Barcelona, ofrecieron plazas de acogida para los migrantes. Escrivá agradeció la oferta y avanzó que harán uso de estas “en las próximas semanas”, por lo que continuarán los traslados a pesar de la polémica.