Entidades sociales y ONG de Canarias denuncian que el actual sistema de reparto de los fondos procedentes del dinero asignado a través de la casilla del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) pone en riesgo la atención que prestan a diferentes colectivos vulnerables del Archipiélago. A través de la Coordinadora de Acción Social de Canarias, que aglutina a una treintena de entidades sociales, denuncian que el sistema es “injusto”, ya que la mayor parte de los fondos van a parar a grandes organizaciones sociales con presencia nacional e internacional y deja fuera a entidades regionales más pequeñas que también llevan a cabo un servicio determinante en materia de dependencia, diversidad funcional, diversidad psicosocial, colectivos de mujeres, LGTBI o atención a menores en exclusión social.

Verónica Polegre, una de las portavoces de la Coordinadora, explica que el colectivo lleva reivindicando un reparto más justo de estos fondos desde 2018 y recuerda que ya en 2019 varias organizaciones de ámbito insular o provincial se quedaron sin dinero para desarrollar sus proyectos. Sin embargo, este año asegura que la Consejería Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud les ha informado de que el reparto se hará de forma nominativa, es decir, que los fondos se distribuirán de manera directa sin que exista concurrencia competitiva entre los diferentes proyectos algo que mantiene “dejará a más de 50 ONG de Canarias sin posibilidad de presentarse”.

Polegre afirma que la Consejería repartirá en torno a nueve millones de euros utilizando una fórmula “que antes tanto había criticado la consejera Noemí Santana en el Parlamento”.

La representante de la Coordinadora sostiene que la red de atención básica que prestan las grandes entidades sociales en Canarias “debería poder financiarse a través de otros mecanismos” y no concurriendo en las mismas convocatorias a través de las que las pequeñas ONG obtienen fondos para sus proyectos. Polegre determina que esta situación pone en riesgo no solo a las entidades que no obtienen financiación sino también a la población vulnerable que se beneficia de sus proyectos sociales. “El sistema dificulta la supervivencia de estas entidades, desmantelando la red de asociaciones de carácter autonómico”, valora.

De la misma opinión es Emma Colao, otra de las portavoces de la Coordinadora, quien acusa a la Consejería de “mala gestión” en la tramitación de las diferentes convocatorias. “Las entidades nos vemos abocadas a adelantar el dinero si queremos sacar adelante los proyectos, pero no sabemos si después esos fondos van a llegar”, lamenta. Por eso, reclama una mesa de trabajo con el equipo de la Consejería para modificar las bases y criterios de concesión de los fondos procedentes del IRPF.