En el debate político y redes sociales proliferan las denuncias de supuestos traslados de inmigrantes sin control sanitario desde Canarias hasta ciudades de la Península, pero lo cierto es que todos pasaron una PCR y los vuelos polémicos no forman parte de los que gestionan ONG con fondos del Gobierno.

¿EL GOBIERNO PAGA VUELOS DE INMIGRANTES A LA PENÍNSULA?

El Ejecutivo financia traslados puntuales de inmigrantes en situación especialmente vulnerable o solicitantes de asilo a través de programas específicos de ayuda para estos colectivos, pero ni el Gobierno ni Cruz Roja tienen nada que ver con los desplazamientos aéreos de Canarias a distintos puntos de la Península denunciados por formaciones como PP o Vox.

Así lo han precisado tanto fuentes de Cruz Roja como distintos representantes gubernamentales, que explican esos recientes y polémicos vuelos desde Canarias a varias ciudades de la Península, entre ellas Granada, Valencia o Alicante, como ejemplos de inmigrantes que viajan solos con el pasaporte y gracias a la ayuda de redes familiares o de amigos.

La secuencia del procedimiento que se aplica a los inmigrantes que llegan a las costas canarias es la siguiente, según detalla en declaraciones a EFE José Javier Sánchez Espinosa, subdirector de Inclusión Social de Cruz Roja Española, la ONG que más inmigrantes llegados a esta Comunidad atiende en estos momentos (unos 9.000):

Nada más desembarcar tras ser rescatados en el mar, los inmigrantes reciben ropa seca, bebida caliente, una ducha y la atención médica de urgencia necesaria, antes de pasar a custodia policial, momento en que se les identifica, se reseña su llegada y se someten a una PCR -bajo responsabilidad de las autoridades sanitarias autonómicas- para prevenir la covid-19.

A partir de ahí, Cruz Roja recibe de la Secretaría de Estado de Migraciones un listado de personas con los resultados de sus PCR y la ONG se encarga de cubrir sus necesidades básicas, ofrecerles asistencia psicológica y detectar "posibles perfiles vulnerables": Menores, víctimas de trata, embarazadas, mujeres solas con niños, discapacitados, potenciales solicitantes de protección internacional...

CRUZ ROJA PIDE TRASLADOS PARA LOS CASOS MÁS VULNERABLES

Así, al amparo del programa de atención humanitaria de la Secretaria de Estado de Migraciones, Cruz Roja envía a este departamento del Ministerio de Inclusión un listado de inmigrantes que necesitan ser trasladados a la Península para que la ONG les pueda atender debidamente en uno de sus centros "de acogida integral".

Una vez que la Secretaría de Estado concede autorización expresa para el traslado, Cruz Roja ayuda a cada inmigrante en el obligado trámite de solicitar a la Policía un salvoconducto para viajar y gestiona no solo su viaje sino la recogida en el aeropuerto de llegada en la Península y el acompañamiento hasta el centro de acogida concreto al que ha sido asignado.

Es decir: Cruz Roja paga el billete de barco o de avión de cada uno de estos inmigrantes porque gestiona el traslado, pero el dinero procede de fondos estatales. Concretamente, de las subvenciones establecidas por el Gobierno en el programa de ayudas a las organizaciones que ofrecen atención humanitaria a inmigrantes.

La concesión de estas subvenciones está regulada en un real decreto de 2007, modificado en julio de 2019, y exige que la ONG justifique debidamente cada uno de los desembolsos realizados con cargo a esas ayudas.

Y ¿cuántos inmigrantes han viajado por este procedimiento desde Canarias hasta la Península? Pues, desde el 25 de noviembre hasta este lunes, Cruz Roja había reservado plazas para unas 140 personas en seis aviones y un barco.

CON PASAPORTE Y AYUDA DE LA FAMILIA VUELAN POR SU CUENTA

¿Cómo han viajado entonces los centenares de inmigrantes que, según denuncian portavoces del PP y Vox, se han desplazado en avión desde Canarias hasta Andalucía y la Comunidad Valenciana? Por su cuenta y con el dinero que les han hecho llegar familiares o amigos.

Así lo argumenta Cruz Roja: Si se habla de que Granada ha recibido unos 200 inmigrantes repartidos en tres vuelos con 70 o más inmigrantes a bordo, la experiencia de esta ONG es que cuesta mucho hacer reservas para trasladar a estas personas juntas y, de hecho, nunca lo consiguen para más de 20 personas en un avión o más de 35 en un barco.

Pero las personas a las que atiende Cruz Roja en Canarias, fundamentalmente de origen marroquí, suelen llevar encima su pasaporte o bien se lo hace llegar su familia. Para viajar, la aerolínea solo les va a pedir ese documento y el billete de avión.

En cuanto al dinero, muchos de esos inmigrantes reciben ayuda de familiares o amigos que viven ya en España o en otros países europeos. Y los recién llegados pueden disponer de un teléfono móvil que resulta básico para comprar el billete de avión o recibir la transferencia necesaria para pagarlo, según indicaban hace unos días fuentes policiales consultadas por EFE.

La misma explicación ofrece el Gobierno: La subdelegada del Ejecutivo en Granada, Inmaculada López, aseguraba que los inmigrantes llegados a esa ciudad andaluza se habían desplazado "con recursos propios", mientras que la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana también señalaba que quienes viajaron a Valencia y a Alicante había pagado el billete de avión por su cuenta.

POR QUÉ PUEDEN DESPLAZARSE LIBREMENTE POR ESPAÑA

Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, subrayaba que el Gobierno solo había autorizado reubicaciones para inmigrantes en situación de vulnerabilidad o susceptibles de protección internacional. Y su ministerio insistía en que los pasajeros de la polémica eran personas que pagaban de su bolsillo un billete en un vuelo comercial porque ninguna ley les retenía en Canarias.

Y ¿cómo pueden tener semejante libertad de movimientos? Efectivamente, a los inmigrantes que no pueden optar a la concesión de asilo o refugio se les abre un expediente de expulsión, pero la deportación no siempre es factible porque a veces su país de origen no la acepta, algo que se ha acentuado con la pandemia de covid-19.

De modo que, pasadas 72 horas -plazo que se dedica al reconocimiento médico, la prueba PCR y la filiacion-, recuperan libertad de movimientos si no hay perspectivas de que se pueda ejecutar su devolución en sesenta días, el periodo máximo que pueden permanecer en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CEI).

Nada ni nadie les retiene en ese momento. Y, si les conviene y tienen la posibilidad de hacerlo, aprovechan para viajar a la Península, a veces incluso como una mera escala cuando el destino final no es España, sino Francia o Italia, donde cuentan con familiares o amigos ya asentados.

Eso sí, existe la posibilidad de que algunos lleguen a Canarias no con un pasaporte en regla, sino con uno falsificado o con el de un hermano o un amigo. Para la compañía aérea es muy difícil descubrirlo, pero en aeropuertos de llegada como el valenciano de Manises la Policía ha reforzado ya los controles para vigilar la legalidad de estos documentos.

¿LOS INMIGRANTES PROPAGAN LA COVID SIN CONTROL SANITARIO?

Portavoces de la oposición y algún sindicato policial han alertado del riesgo sanitario que pueden suponer a su juicio estos desplazamientos de inmigrantes, pero la realidad es que todos los que llegan a las costas españolas son sometidos a una PCR, como han querido dejar claro Grande-Marlaska y la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul.

Los estrictos protocolos sanitarios que se aplican a los recién llegados a Canarias incluyen además las debidas cuarentenas.

Otra cosa distinta es que incumplan restricciones de movimientos establecidas al amparo del estado de alarma como los cierres perimetrales fijados en muchas comunidades autónomas. En lo que respecta a este punto, la Policía Nacional notificó la semana pasada 107 propuestas de sanción a inmigrantes por infringir el confinamiento perimetral de la Comunidad Valenciana.

¿SE LES DA CHEQUES BANCARIOS?

La controversia sobre el dinero destinado a los inmigrantes se agudizó asimismo hace unos días con imágenes de africanos esperando a la puerta de una sucursal bancaria para entrar a cobrar lo que la propia entidad financiera explicó en Twitter que eran cheques nominativos para refugiados emitidos por Cruz Roja.

Aunque numerosos mensajes en redes sociales denuncian lo que consideran un privilegio económico para inmigrantes indocumentados en detrimento de tantos españoles desfavorecidos, lo cierto es que estos pagos corresponden exclusivamente a las ayudas establecidas para personas admitidas como solicitantes de asilo.

Tras aclarar que a los inmigrantes recién llegados a las costas canarias no se les entrega dinero, Espinosa puntualiza que esos pagos no tienen nada que ver con el programa de atención humanitaria, sino con otro completamente diferente, el de acogida e integración de solicitantes de asilo, con el que también colabora Cruz Roja.

Una vez que formalizan la petición de asilo, los inmigrantes pasan a centros de acogida temporal donde pueden permanecer un máximo de nueve meses, pero, en una segunda fase, ya con permiso de trabajo, es cuando se les proporciona dinero para que puedan pagar el alquiler de una vivienda sencilla, su manutención y los avances en su inserción sociolaboral.

El subdirector de Inclusión Social de Cruz Roja Española puntualiza que las cantidades de dinero dependen de un baremo oficial que valora si tiene o no menores a su cargo, mayores dependientes... Y, cuando el inmigrante consigue ingresos por sí mismo, las ayudas se reducen o se retiran por completo.

En todo caso, Cruz Roja y el resto de organizaciones que colaboran con este programa ejecutan los pagos, pero las ayudas a solicitantes de asilo son fondos de financiación estatal. EFE