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Ábalos declara ‘materia reservada’ el informe sobre el sobrecoste de los vuelos

Transportes alega “limitaciones legales” para evitar difundir las conclusiones de la Universidad Pompeu Fabra sobre el efecto del 75 % de subvención aérea

Viajeros en el aeropuerto de Barajas.

No habrá información pública sobre las causas de la subida de precios en los vuelos entre Canarias y la Península tras el incremento al 75 % de las subvenciones aéreas a residentes desde julio de 2018. El informe que encargó hace más de un año el ahora Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana –entonces denominado Ministerio de Fomento– a la Universidad Pompeu Fabra no será dado a conocer y con ello se mantendrá la incógnita sobre sus conclusiones. El Ministerio se escuda en la “limitaciones legales” a que está sujeta la difusión de este tipo de informes y a que el “carácter restringido” del mismo y su condición de “información reservada” impide “ser cedida o comunicada a terceros”.

Así lo sostiene el departamento que dirige el ministro José Luís Ábalos en su respuesta a la pregunta escrita del senador de CC, Fernando Clavijo, que éste formuló en octubre pasado y en la que se interrogaba por la fecha en que dicho informe se daría a conocer. Este estudio pretendía ser, según expuso en su día el propio Ábalos, uno de los elementos con los que el Ministerio podría contar para conocer las razones por las que los precios de los billetes se dispararon desde que se empezó a aplicar la nueva subvención al trasporte aéreo para residentes. Junto a este análisis académico, la dirección general de Aviación Civil, responsable de esta gestión, cuenta también con sendos informes de la Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), de julio pasado, y de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), hecho público en abril, sobre la evolución de los precios en las conexiones aéreas de Canarias y Baleares con la Península en todo este periodo.

Uso interno

En su respuesta a Clavijo, el departamento de Ábalos señala que el informe de la Universidad Pompeu Fabra “no se había encargado para publicarlo sino para uso interno en el ámbito de las actuaciones de seguimiento del Ministerio”. Este, al igual que otros informes, asegura dicha respuesta, “son herramientas de análisis interno utilizadas por el Ministerio en su esfuerzo por buscar continuamente formas de mejorar la efectividad de los programas de ayuda, y que, por tanto, no tienen por qué reflejar la postura oficial del Ministerio”.

Insiste la respuesta ministerial a Clavijo en que “parte de la información contenida en el informe es de carácter restringido, al tratarse de datos procedentes de la liquidación de las bonificaciones al transporte aéreo de residentes en territorios extrapeninsulares que tienen carácter de subvención, por lo que su tratamiento queda sujeto a las limitaciones legales” que impone la normativa, en este caso la Ley General de Subvenciones, considerándose información reservada, “sin que pueda ser cedida o comunicada a terceros”, salvo para aquellos supuestos expresamente citados en el mencionado texto legal. “Es debido a estas razones que no se ha contemplado la publicación de dicho estudio”, resuelve el escrito ministerial antes de señalar que el coste del encargo a la universidad catalana ha sido de 14.990 euros.

El último de los informes conocidos por el Ministerio con cuyas conclusiones pretendía adoptar medidas para evitar el incremento de precios en estos vuelos se produjo el pasado mes de julio por parte de la Airef. En él, este organismo regulador consideraba que la subvención porcentual de los billetes de avión a los residentes baleares y canarios del 75% es un modelo desigual socialmente que ha llevado a subidas en las tarifas y propone sustituirlo por una de cuantía fija para cada una de las rutas. En un estudio sobre infraestructuras de transporte, el organismo independiente encuadrado en el organigrama del Ministerio de Hacienda dedicó un apartado a las subvenciones al transporte aéreo en el que planteó que se estudien mecanismos para lograr una distribución más igualitaria de las ayudas por niveles de renta, ya que en el caso de Canarias, el 20% de residentes con rentas más altas concentra el 50% del total de la subvención. Recomendaba fomentar la competencia en el mercado interinsular canario y eliminar las barreras de entrada a otras compañías. “La subida de la subvención del 50% al 75% ha influido significativamente en el aumento de precios observado en los trayectos entre la península y las Islas Canarias (12%) y la Península e Islas Baleares (15%)”, una subida que rompe la tendencia a la baja que se venía registrando desde hace diez años y es más importante en aquellos vuelos con mayor porcentaje de residentes, según la Airef.

Encarecimiento

Por su parte, la CNMC aconsejaba en su propio informe la revisión del sistema de bonificaciones y apuntaba medidas a la vista de la experiencia de Francia, Portugal, Reino Unido o países más remotos como Australia. Los responsables del organismo señalaban que “ningún modelo de los que hemos estudiado para fomentar la conectividad es perfecto, pero creemos que el actual sistema adoptado en España puede tener efectos negativos sobre el turismo o los viajes de negocios a Canarias y Baleares”.

El alza de las bonificaciones iba en la línea de fomentar la conectividad entre islas, y de estas con la Península. El primer efecto colateral de una mayor demanda, según la CNMC, ha sido el de una subida de los billetes entre los dos archipiélagos y la Península, que cifraba en un 22 en el caso balear y de un 9% en el canario, aunque el propio Ministerio llegó a elevarlo hasta el 24 % de media con picos de un 50 % en los momentos de más demanda para las conexiones entre Canarias y el continente. Según la CNMC, los viajeros tratan de esquivar la escalada de precios anticipando sus reservas o primando el uso de aerolíneas de bajo coste. Incluso en el caso de los residentes, la CNMC apunta que en Baleares se está pagando un 21% más de lo que se abonaría si no hubieran subido los precios, y en Canarias los viajeros locales pagan un 12% respecto a un escenario con mayor descuento y precios estables.

La CNMC defiende que existan medidas de apoyo a la conectividad de los territorios extrapeninsulares, pero aconseja que la Administración “sopese en cada caso las distintas alternativas y valore sus costes y beneficios para garantizar que sean eficaces y beneficiosas para los ciudadanos”. La primera recomendación al Gobierno es la activación de mecanismos para que el residente sea más sensible hacia la carga que suponen sus vuelos a las arcas del Estado.

Otras medidas sugeridas son la del establecimiento de topes a la cantidad bonificable; limitar los conceptos sobre los que se aplica el descuento en los billetes; o la adopción de sistemas alternativos de liquidación de la bonificación al viajero.

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