Fernando Redondo no llegó a irse nunca de la esfera pública. Siempre amable, atento y dispuesto cuando los periodistas requerían de su visión, su experiencia al frente del Consejo Económico y Social (CES) se convirtió en un faro a la hora de alumbrar complicados análisis macroeconómicos, así como otros ámbitos de vital importancia para la sociedad canaria. Pocos matices se escapaban a su certero análisis, que era bien aprovechado por los medios de comunicación, ávidos de aportar los distintos ángulos de la misma realidad para enriquecerla y masticarla mejor.
Para –por lo menos– acercarse a cumplir esta misión periodística, Redondo siempre era un apuesta segura. El economista diseccionaba con certeras palabras el contexto canario y, se discrepara o no con ellas, resultaban útiles herramientas para comprender los entresijos de acontecimientos históricos con tantas aristas como el brexit, el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o la maltratada educación; tampoco escapó a su análisis el terremoto económico causado por la pandemia.
Ya en abril de 2017 Redondo discrepaba con la patronal de Tenerife al rechazar su tesis de que la moratoria turística había sido la causa principal del empeoramiento del Producto Interior Bruto (PIB) per cápita canario en relación con el nacional. El expresidente del CES señalaba que este empobrecimiento se había producido en todas las regiones de la periferia europea y, en paralelo, en el interior de esos mismos países. Ese mismo año y con el brexit que todavía colea recién aprobado en referéndum, el economista se negaba a atribuir exclusivamente a la salida británica de la Unión Europea (UE) la caída de las exportaciones de las Islas al Reino Unido y hablaba de un cambio de ciclo. “Canarias se está convirtiendo en un mercado de servicios, algo que está en línea con el objetivo de su reconversión económica”, declaraba.
El último episodio, las catastróficas consecuencias de la pandemia sobre la economía canaria, con un 2021 más que incierto, era abordado por el economista desde la perspectiva de la importancia de que el Gobierno regional traslade a Madrid la necesidad de exprimir el Régimen Económico y Fiscal (REF). “Se trata de presionar para que Bruselas acceda a elevar las ayudas del REF al menos hasta lograr la plena recuperación”, explicaba en abril de este año, en pleno confinamiento, a LA PROVINCIA / DLP.
La izquierda
Redondo era un caballero a la hora de hablar de antiguos compañeros de batallas, aunque hiciera años que no mantenían contacto por los extraños vericuetos por los que en incontables ocasiones se desvían los políticos de izquierdas. Fue el caso del carismático líder de Izquierda Unida (IU) Julio Anguita, ilustre compañero ideológico de Redondo, de quien guardaba gratos recuerdos y sobre quien derrochó grandes elogios cuando éste falleció el pasado 16 de mayo. Del califa rojo, con quien el economista mantuvo una estrecha relación política y personal, recordaba cómo intercambiaban pareceres mientras comían pescado fresco en Melenara. “Siempre fue una persona muy coherente con su forma de pensar y con una gran honestidad”, aseguraba el exconsejero de Política Territorial.
Su ideología, siempre a la izquierda, queda plasmada en su defensa del aumento del SMI. “Un buen ejemplo de actualidad es la afirmación reiterada de que la subida del salario mínimo provoca la inmediata pérdida de empleo, a pesar de que es algo que sencillamente no es cierto. Porque no existe una evidencia real de que la subida del salario haya provocado el aumento del paro automáticamente”, explicaba en el artículo publicado en este periódico en octubre de 2018 con el título Sobre la evidencia científica: la mejora salarial no ocasiona desempleo.
En este texto ya hablaba de la que sería su última gran batalla. “Que un responsable político no entienda que la educación, el conocimiento y la formación no son tirar el dinero y como mínimo tiene que invertir el 5% del PIB para ponernos al mismo nivel que la media nacional (...) da pena”. Fue hace dos años cuando el economista se unió a otros compañeros y compañeras para exigir que se cumpla la Ley Canaria de Educación, que recoge que en 2022 el porcentaje del Producto Interior Bruto destinado a este ámbito debe ser por lo menos de ese citado 5%.
En LA PROVINCIA / DLP y mano a mano con Bernardino Ruiz, portavoz de la plataforma, publicó el 1 de marzo del año pasado un artículo de opinión titulado Potenciar la enseñanza pública. Toda una declaración de intenciones que no dejaba lugar a dudas: “Bajo la bandera de la libertad de enseñanza se esconde un gran engaño, basado en el clasismo y la insolidaridad. (...) Tras los miedos que se propagan en cada crisis, buscan en la enseñanza privada concertada unas relaciones sociales y una formación extra (más supuesta que real) que sitúe a sus hijos en una situación de ventaja en un mercado laboral cada vez más salvaje, competitivo y precario”.
El último comunicado publicado en la web de la plataforma se congratulaba de que los presupuestos autonómicos de 2021 centraran su mayor incremento en la educación, con 98 millones más (5,3%), lo que supone estar más cerca de esa meta, pues con este aumento se dedicaría ya el 4,55% del PIB al sector educativo. Fernando Redondo ya no estará presente para disfrutarlo, pero este logro también habrá sido suyo.
