El Comisionado de Transparencia de Canarias, Daniel Cerdán, sostiene que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana no tiene ninguna base jurídica para declarar como “materia reservada” el informe que encargó a la Universidad Pompeu Fabra sobre el incremento de las tarifas aéreas entre Canarias y la Península desde la puesta en marcha del 75 % del descuento a residentes y considera injustificada la apelación del Gobierno central a las “limitaciones legales” que establece la Ley General de Subvenciones. Aunque Cerdán aclara que este asunto compete evaluarlo al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el ámbito estatal solo si allí se plantea, no duda en sumarlo a los múltiples casos en que, según él, el Ejecutivo central está “negando información sobre asuntos públicos de interés” solicitada por ciudadanos o sus representantes en las instituciones.
De la misma forma se expresan distintos parlamentarios canarios en relación con la respuesta del Ministerio a una pregunta del senador autonómico de CC Fernando Clavijo respecto al mencionado informe y sobre el que el departamento que dirige el ministro José Luis Ábalos señala que el “carácter restringido” del mismo y su condición de “información reservada” impide “ser cedida o comunicada a terceros”. Clavijo asegura que la negativa a la difusión del informe induce a pensar que “las conclusiones son muy negativas y puede cuestionar que los canarios tengamos derecho a esos descuentos”, mientras el senador del PP Asier Antona califica de “vergüenza” la decisión del Ministerio y su apelación a lo establecido en la Ley de Subvenciones.
Cerdán insiste en que “en este caso no se trata de una petición de ciudadanos particulares, sino de alguien que tiene un derecho reforzado a obtener información como es un miembro de las Cortes Generales”. “Desde el órgano garante de Canarias sí entendemos que cualquier representante público, sea del nivel que sea, puede apelar a la Ley de Transparencia para que le den la información que solicitan”, afirma Cerdán, quien añade que “el informe en cuestión es de carácter socioeconómico”, por lo que, según él, no hay una justificación argumentada para negarla “aunque haya partes de él que contenga elementos que no se puedan difundir”. “No se trata de una relación de subvenciones a personas lo que se reclama, sino el análisis económico sobre la evolución de los precios”, resalta.
“Para que el Ministerio niegue una información de ese tipo a un senador, el Consejo de Ministros tendría que clasificar como secreto el estudio sobre las subvenciones al transporte de pasajeros para que no pudiera ser entregado a un parlamentario o un ciudadano. No hay base jurídica para que el Ministerio no entregue el informe”, señala el comisionado canario. Añade Cerdán que la apelación del Ministerio a la ley de Subvenciones, del 2003, diez años anterior a la ley de Transparencia, “no tiene base de aplicación en este caso porque no se pide información sensible sobre los subvencionados [los ciudadanos particulares que toman el vuelo] sino sobre un estudio económico que es plenamente accesible”.
Mecanismos correctores
El departamento que dirige el ministro Ábalos insistía ayer en el “carácter interno” del informe y en la conveniencia y oportunidad de aplicación de la Ley General de Subvenciones, cuyo artículo 20.5 establece que “la información incluida en la Base de Datos Nacional de Subvenciones tendrá carácter reservado, sin que pueda ser cedida o comunicada a terceros”, salvo para casos muy concretos. Una de estas excepciones es “la colaboración con las administraciones públicas y los órganos de la Unión Europea para la lucha contra el fraude en la obtención o percepción de ayudas o subvenciones a cargo de fondos públicos o de la Unión Europea”.
Además, Transportes apunta que aunque el Observatorio de Precios y Conectividad para el Transporte Aéreo “sigue a diario” la evolución de las tarifas y “hasta ahora no se han observado comportamientos anómalos en el funcionamiento del mercado [salvo algún caso absolutamente puntual]”, ya hay en marcha mecanismos correctores a los posible sobrecoste tras entrada en vigor del 75%. De una parte, una disposición adicional de la ley de Presupuestos para 2021 recién aprobada en las Cortes establece una corrección en el sistema de reservas de las aerolíneas para evitar el encarecimiento del billete, de forma que a través de internet el carácter de residente se aplicará sólo una vez se haya finalizado la compra; y, de otro lado, la dirección general de Aviación Civil “trabaja en algunas iniciativas para poner en marcha proyectos piloto” de control de precios, pero que “es necesario que el mercado aéreo se recupere mínimamente para poder ponerlos en práctica y adoptar cualquier medida”.
Franquis hablará con Ábalos
El Gobierno de Canarias eludió ayer valorar la respuesta del Ministerio pese a haber sido una de las partes que más ha insistido en conocer los informes que se estaban elaborando para hallar las razones del incremento del precio de los vuelos a la Península y reclamar al Ejecutivo central medidas para evitarlo. Fuentes de la consejería de Transportes señalan que el máximo responsable de la misma, Sebastián Franquis, abordará esta cuestión con el ministro en la primera reunión que mantengan ambos, aún sin fecha pero que la propia consejería pretendía concertar para poco después de las vacaciones navideñas, en todo caso en enero. Según estas fuentes, Franquis desconoce el contenido del informe de la universidad catalana, y también si el ministro tiene intención de activar medidas para la vigilancia de precios más allá de lo que al respecto realiza el Observador de Precios que activó la dirección general de Aviación Civil en 2013 pero cuyos datos apenas se dan a conocer.
Una de las veces en las que se tuvo acceso a ellos fue precisamente por la información que al respecto difundió Franquis en una comparecencia en el Parlamento de Canarias. El Ministerio había detectado desde que en julio de 2018 se implantó el descuento del 75 % hasta el verano de 2019 una subida media del 24% del precio de los vuelos a la Península, con picos que alcanzaron el 50%. Esos datos fueron corroborados en septiembre de ese año por el ministro en el Congreso, momento en el que anunció el encargo del informe a la Universidad Pompeu Fabra para conocer las causas de ese incremento. Ábalos también avanzó que se esperaban a su vez sendos análisis sobre el tema por parte de la Autoridad de Responsabilidad Fiscal (Airef) y de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC).
Fernando Clavijo, el receptor de la controvertida respuesta por parte de Transportes, también se muestra extrañado por la apelación al “carácter reservado” del estudio de la universidad catalana, y sobre todo al hecho de que se niegue esa información a un representante de la Comunidad Autónoma en el Senado. El senador de CC pone el énfasis en el contenido de los informes ya conocidos al respecto, el de la Airef y el de la CNMC –que cuestionan el actual sistema de bonificaciones– y considera que la ocultación ahora de este tercero tendría que ver con que incidiría aún más en cuestionar un derecho reconocido en el REF y en el Estatuto de Autonomía.
Clavijo asegura que insistirá ante el Ministerio y que acudirá “ante quien haga falta” para tener acceso a un información que, según él, tiene que ser pública o, al menos, disponible para los representantes de los canarios en las Cortes. El líder de CC no descarta ninguna opción para hacer valer ese derecho, entre ellas la posibilidad de pedir amparo ante la presidenta del Senado, Pilar Llop, ya que fue a través del cauce de la Cámara Alta en una pregunta parlamentaria por escrito al Gobierno la vía utilizada para solicitar esa información, o la de acudir al Consejo de Transparencia. “No quieren que se sepa el resultado de ese estudio o bien porque concluye que las compañías han inflado los precios, y el Gobierno tendría que actuar contundentemente, o bien porque se vuelve a cuestionar ese derecho a los residentes de los territorios extrapeninsulares”, asegura Clavijo.
