El Gobierno de Canarias está preparando su propio plan de rescate para las empresas y trabajadores autónomos en especiales dificultades. Las ayudas no serán ni indiscriminadas ni masivas, sino que se dirigirán a negocios de ámbitos y actividades concretas. La intención es aprobarlas a lo largo del próximo mes para darlas de inmediato a los beneficiarios, de modo que la burocracia no dilate los trámites y el rescate sea en vano, es decir, para evitar que las empresas cierren antes de recibir la ayuda. Aunque el portavoz del Ejecutivo autonómico, Julio Pérez, no ahondó en qué actividades podrán acogerse a este flotador, el anuncio se produjo solo un día después de que la ministra de Turismo, Reyes Maroto, se desentendiera de las “ayudas directas” que reclaman la hostelería y el comercio. Y que reclaman al unísono y con especial énfasis la patronal y los sindicatos del Archipiélago, donde desde el estallido de la pandemia se va cada día a pique una media de doce empresas y donde hay unos 350.000 desempleados —a los 267.000 parados propiamente dichos se suman 83.000 en el limbo de los ERTE—.
Maroto avanzó el lunes que serán las comunidades autónomas —“algunas” comunidades autónomas— las que con sus propios recursos darán esas ayudas directas que tanto vienen reclamando los agentes sociales de las Islas. La ministra se ponía así de perfil y trasladaba la responsabilidad a los Gabinetes regionales, cuyas arcas no están precisamente llenas. La necesidad de poner en práctica ese plan de rescate fue ayer el principal motivo de discusión en el Consejo de Gobierno, algo que reconoció el propio Julio Pérez. Finalmente habrá ayudas para autónomos y empresas en “especiales dificultades”, sin que el portavoz del Ejecutivo pudiera ir mucho más allá en los detalles.
No obstante, el también consejero de Justicia sí precisó que la idea no es hacer un reparto “indiscriminado” de fondos públicos. “Queremos detectar bien a los sectores, empresarios y autónomos que más lo necesitan y que reciban este apoyo con la máxima prontitud y de la manera más fácil”, subrayó Pérez. El objetivo es que las entidades y trabajadores beneficiarios puedan contar con estas ayudas en los primeros meses de 2021.
Dentro del objetivo de paliar la grave crisis de tantas empresas, el Gobierno de Canarias, siguiendo los pasos del Ejecutivo central en el caso del IVA, ha prorrogado hasta 2021 la aminoración de los pagos del IGIC. La medida fiscal, de la que se benefician quienes tributan en régimen de estimación objetiva —por módulos—, les ahorrará a los contribuyentes unos cinco millones de euros en impuestos.
