El cuatripartito se escuda en “la urgente y extraordinaria necesidad” que supone la crisis del Covid-19 para legislar a base de decretos leyes. Hasta 20 normativas de este tipo ha aprobado el Ejecutivo regional desde que llegó al poder en julio de 2019 pero no todas están vinculadas directamente a la emergencia sanitaria, económica y social de la pandemia ya que el pacto ha aprovechado la facultad que le otorga el Estatuto de Autonomía tras su reforma para modificar hasta 12 leyes y normativas, unas más justificadas que otras. De esta forma en este periodo se han introducido cambios en la Ley del Suelo, de Radiotelevisión Canaria (RTVC), Vivienda, Renovación y Modernización Turística, Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos o Atención a los Menores, entre otras.
El propio Ejecutivo reconoce que “la apreciación de la extraordinaria y urgente necesidad se inscribe en el juicio político o de oportunidad que corresponde al Gobierno”, es decir, se trata de una decisión política la mayor o menor utilización de la figura del decreto ley, circunstancia que en esta ocasión se ha visto reforzada por el impacto de la pandemia tanto en el ámbito sanitario, como en el económico y social. De hecho una buena parte de la normativa aprobada hasta ahora hace alusión a las medidas urgentes y extraordinarias que se han ido adoptando para hacer frente a la crisis, como también ha sucedido en el Estado y en el resto de las comunidades autónomas.
Juegos y Apuestas, RTVC, Aguas, Suelo, Turismo, AIEM o Menores, entre los cambios
El cuatripartito no ha querido esperar por el procedimiento ordinario o por los tiempos del Parlamento para cambiar varias leyes, algunas de ellas sin estar vinculadas directamente a la crisis del Covid, circunstancia que le ha valido varias reprimendas del Consejo Consultivo, que en algunos de sus dictámenes ha llamado la atención al Ejecutivo por el abuso que supone la utilización del decreto ley. El órgano que asesora a la Comunidad Autónoma sobre el encaje jurídico de las leyes pone en duda los argumentos utilizados por el Gobierno para justificar la “urgente y extraordinaria necesidad” de modificar leyes, aunque finalmente les ha dado su visto bueno y el Ejecutivo ha obviado estos reparos porque estos informes son preceptivos pero no vinculantes.
Disposiciones previas
Antes del inicio de la pandemia en marzo ya el cuatripartito había aprobado cuatro decretos leyes para poner orden en las ofertas de empleo público ante el colapso que existía en las pruebas y en el acceso de los opositores a sus plazas; garantizar la gratuidad de los medicamentos a los pensionistas con ingresos inferiores a los 18.000 euros; la suspensión de nuevas concesiones para locales de juegos y apuestas y los límites del IGIC en el sector primario. Una vez que se impuso el estado de alarma a mediados de marzo la profusión de decretos leyes se ha disparado.
Uno de los decretos leyes más llamativos de esta situación fue el referido a la modificación de la ley 13/2014 de la Radiotelevisión Canaria (RTVC) ante la incapacidad del Parlamento para cumplir la ley con el nombramiento de la Junta de Control del ente y de un nuevo mandato marco. Ante esta situación “sobrevenida” y ser RTVC un “servicio público esencial y necesario” se procedió a ampliar las funciones del administrador único hasta que se cumpla la ley.
Bajo el argumento del impacto económico y social de la crisis del Covid el Ejecutivo aprobó en septiembre un decreto ley de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias que supone modificaciones en cinco leyes (Aguas, Regulación del Sector Eléctrico, Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos, Renovación y Modernización Turística y Suelo) con el fin de agilizar trámites y simplificar procedimientos relativos a estos sectores ante los efectos negativos en la actividad económica. Sin embargo, el Consejo Consultivo remarca en su informe que no ve la urgente necesidad de introducir estas modificaciones porque se trata de disposiciones que no están directamente vinculadas a los efectos de la pandemia y tampoco palían las consecuencias de la misma.
El Consultivo pone en duda el criterio del Ejecutivo de gobernar a golpe de decreto
En el penúltimo Consejo de Gobierno de 2020 se aprobaron cuatro decretos leyes más que ya se publicaron en el BOC: modificación de la ley que regula el AIEM, la ley de Atención Integral de los Menores ante la situación de los menores inmigrantes no acompañados; la regulación de las escuelas infantiles municipales y medidas en materia de vivienda y transportes. Tres decretos vinculados a la emergencia provocada por el Covid y el AIEM por la necesidad de que entre en vigor a partir del 1 de enero tras el visto bueno de Bruselas.
En medio de este aluvión legislativo el Ejecutivo ha aprobado más de una decena de decretos para aplicar medidas urgentes y extraordinarias de índole social, económica y sanitaria por el Covid. Como le ha sucedido al Gobierno central y al resto de las comunidades autónomas , se trata de un escenario inédito y la profusión de decretos y posteriores convalidaciones en el Parlamento ha dominado la gestión pública de las administraciones públicas desde marzo.
