Alrededor de 6.000 canarios están a la espera de la ayuda para el pago del alquiler de sus viviendas. La burocracia ha ralentizado la concesión de estas subvenciones extraordinarias a las familias y ciudadanos más afectados por la pandemia. El Gobierno regional calcula que hay unos 7.000 potenciales beneficiarios, pero quienes ya están recibiendo la ayuda no llegan al millar. El problema no es el dinero, hasta el punto de que el Archipiélago es una de las comunidades autónomas que más fondos destinan para esta medida de auxilio —algo más de 20 millones de euros—, sino el cuello de botella que se ha producido en la tramitación de las subvenciones en el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi). Consciente de la situación, el Ejecutivo ha decidido dar por anticipado la mitad de la ayuda a los colectivos más castigados, como los parados o asalariados en suspensión temporal de empleo, de modo que la otra mitad se abonará una vez culminen todos los trámites. Los beneficiarios no tendrán así que esperar a que termine todo el proceso para contar con parte de una ayuda cuya efectividad y eficacia dependen de su inmediatez.
La subvención al pago del alquiler de la vivienda habitual se puso en práctica en mayo pensando en esos hogares que de repente se han quedado sin ingresos o sin gran parte de estos. Esas familias que han visto cómo su mantenedor o mantenedora se ha quedado en el paro o en la incertidumbre del ERTE porque el hotel, el bar o el restaurante en que trabajaba ha tenido que cerrar sus puertas, ya sea temporal o definitivamente. La ayuda cubre seis meses de alquiler de la residencia habitual, un alivio importante porque el principal gasto de la gran mayoría de hogares de las Islas es precisamente el recibo de la casa. En principio la Comunidad Autónoma contaba con 5,3 millones de euros para estas subvenciones, una cuantía transferida ad hoc para este fin por el Estado. Sin embargo, y teniendo en cuenta la delicada situación socioeconómica de Canarias —en todo caso peor de la que atraviesa el conjunto del Estado—, la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda ha sumado 15,3 millones de sus fondos propios a la cantidad inicial, con lo que hay un total de 20,6 millones de euros para estas ayudas. Solo la Comunidad de Madrid ha puesto más dinero de sus propios recursos para financiar estas subvenciones al alquiler, unos dos millones más.
No obstante, el esfuerzo económico de la consejería aún no se ha visto reflejado por ese embudo que se ha producido en el Icavi. Fueron prácticamente 25.000 solicitudes en los 33 días que duró el plazo de presentación —en Cataluña, con una población mucho mayor que el Archipiélago, hubo poco más de 14.000 peticiones—, es decir, una media de casi 760 solicitudes al día. Pese a este aluvión, lo cierto es que los canarios que ya están percibiendo la ayuda no llegan al millar, cuando en el mejor de los casos hasta 7.500 familias podrían percibir la subvención. Quedan, por tanto, entre 6.000 y 6.500 potenciales beneficiarios en la lista de espera cuando ya han transcurrido tres meses desde que empezaran a abonarse las ayudas —los pagos efectivos comenzaron en octubre—. Ante este atasco, la Consejería de Vivienda, que dirige Sebastián Franquis, ha decidido incluir en el Decreto ley de medidas extraordinarias y urgentes en los ámbitos de Vivienda, Transportes y Puertos Canarios, aprobado el último día 23 en Consejo de Gobierno, el abono anticipado de estas ayudas al alquiler. O más bien de una parte de las ayudas. De esta manera, esos hogares en especiales dificultades —hay 350.000 canarios desempleados, incluidos los 83.000 que permanecen en el limbo de los ERTE— percibirán por anticipado la mitad de la ayuda y la otra mitad cuando completen todos los requisitos.
En el Icavi se está trabajando con celo en la tramitación de las solicitudes no por mero capricho, sino porque la Audiencia de Cuentas le dio en su día un tirón de orejas tras detectar una importante cantidad de dinero pendiente de justificar por ayudas concedidas por anticipado entre 2009 y 2012. A raíz de esa advertencia del órgano fiscalizador de la Comunidad Autónoma, el Icavi no abona las subvenciones hasta que su concesión esté totalmente justificada, una saludable ortodoxia administrativa que, sin embargo, está ralentizando el pago de las ayudas al alquiler, de ahí que el consejero haya decidido acelerar el proceso. La idea es que los pagos estén al día hacia finales de este mes, según adelantaron ayer desde la consejería.
Franquis explicó semanas atrás que la posibilidad del abono anticipado de estas subvenciones se puso sobre la mesa ya en mayo, si bien no se aplicó desde ese primer momento porque la Intervención General de la Comunidad Autónoma alertó sobre esa cuantía —de 50,8 millones de euros— pendiente de justificar por el Instituto Canario de la Vivienda de ejercicios anteriores.
Una ayuda extra para los más castigados
AYUDAS EXTRAORDINARIAS. Las ayudas a las familias para el pago del alquiler de la vivienda habitual contaban en principio con 5,3 millones de euros. Una cantidad inicial, aportada por el Estado, a la que la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno regional, que dirige Sebastián Franquis, ha sumado otros 15,3 millones de sus fondos propios. Así pues, esta subvención extraordinaria, que cubre hasta seis meses de alquiler, dispone de un total de 20,6 millones de euros. Solo la Comunidad de Madrid ha puesto más dinero que Canarias de sus propios recursos.
POTENCIALES BENEFICIARIOS. El Ejecutivo autonómico calcula que los potenciales beneficiarios de esta ayuda al alquiler suman alrededor de 7.000, una cantidad que podría aumentar en medio millar más gracias al último incremento de los fondos aprobado por la Consejería de Vivienda. Las subvenciones comenzaron a abonarse en octubre, hace ya tres meses, pero la mayoría sigue sin percibirlas.
HOGARES QUE LA COBRAN. En estos momentos son menos de un millar las familias que ya están percibiendo la ayuda al alquiler de su residencia habitual, es decir, menos de mil de ese total de entre 7.000 y 7.500 potenciales beneficiarios. El problema es que se ha producido un cuello de botella en el Instituto Canario de la Vivienda, que es el encargado de tramitar las cerca de 25.000 solicitudes que se presentaron en los 33 días que duró el plazo. Para agilizar el proceso, la consejería ha decidido autorizar el pago anticipado de la mitad de la ayuda a las familias más necesitadas.
