Los empleados públicos temporales e interinos del Gobierno de Canarias han iniciado este lunes una huelga para exigir que sus puestos se conviertan en fijos, sin pasar por un concurso de oposición, después de más de 15 y 20 años trabajando.

El seguimiento se sitúa en el 3,6%, concretamente en 289 personas de las 7.956 que podía ejercer su derecho, descontando a los trabajadores que están de vacaciones, de días de permiso o baja laboral, según datos recabados por Europa Press del Gobierno regional y obtenidos por una empresa externa.

Los trabajadores se han concentrado ante las sedes de Presidencia del Gobierno en las dos capitales canarias para exigir estabilidad en sus puestos de trabajo.

Reivindicaciones

El portavoz del comité de huelga, Rafael Rodríguez, ha criticado que se les haga pasar por un concurso y tengan que demostrar después de 20 años que son capaces de llevar la función pública, recoge Efe.

Esta situación afecta a unos 11.000 trabajadores del Gobierno de Canarias, el 90 por ciento de los cuales ha secundado esta jornada de huelga, que está convocada todos los lunes y viernes, ha informado otro de los portavoces del comité, Manuel González.

Los paros están convocados por los sindicatos SepcaRafael , Intersindical y Co.bas, mayoritarios en la Administración autonómica, además de la Plataforma de empleados públicos en fraude de ley de Canarias (Pefralca).

Los sindicatos piden que se haga fijo al personal interino sin necesidad de pasar por un concurso oposición

Los sindicatos piden que se haga fijo al personal interino sin necesidad de pasar por un concurso oposición, tal como prevé el Gobierno regional.

La organizaciones sindicales consideran que se ha producido un fraude de ley, ya que el 91 por ciento de los trabajadores afectados llevan desarrollando sus funciones desde hace 14 años, y otros incluso desde hace 20 años.

González ha pedido que las negociaciones para intentar buscar una solución al conflicto las encabece el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez y no la Dirección General de la Función Pública, a la que no le reconocen interlocución.

En su opinión, el Gobierno de Canarias "no quiere negociar" y se escuda en el pacto que en 2017 firmaron varios sindicatos y no compensa el abuso de temporalidad.

Considera que "hay soluciones legales, pero no hay voluntad política" para dar estabilidad laboral a los trabajadores.

Asimismo, ha criticado que sea el PSOE, "un partido progresista y en el Gobierno de Canarias, el que ponga obstáculos" a sus pretensiones.

Por el momento, no se han difundido datos sobre la repercusión de la huelga en los diferentes servicios afectados.

Esta convocatoria de huelga abierta a los empleados temporales de la comunidad autónoma se produce después de que los médicos del Servicio Canario de Salud en similar situación organizaran otra protesta laboral por el mismo motivo en diciembre.

En su caso, protestaban por el hecho que el Gobierno canario pretendiera sacar a concurso libres más del 60 % de las plazas que el colectivo de médicos temporales venía cubriendo, en algunos casos, desde hace diez o veinte años.

En su caso, la huelga comenzó con carácter indefinido el 11 de diciembre, pero luego derivó en un paro de un día al mes. 

Negociación

La directora general de Función Pública, Laura Martín, sostiene que el Gobierno "no se puede salir de la legalidad vigente" y la Constitución recoge que el acceso al empleo público se basa en los principios de igualdad, capacidad y mérito y "hay que respetarlos".

En esa línea, señala que ni la sentencia del TJUE ni las posteriores del Supremo modifican la Constitución, y sostiene que en otros servicios, como en educación, sí se aprobó en diciembre la Oferta de Empleo Público de consolidación.

Martín afirma que el Ejecutivo mantiene su "oferta" de realizar una OPE donde se primen la experiencia y la antigüedad en el puesto frente a un proceso restringido que no tiene "viabilidad jurídica" porque no cumpliría la normativa vigente.

No obstante, cree que la "negociación" permitirá alcanzar un acuerdo basado en el cumplimiento de la legalidad vigente, subrayando que tampoco cabe en este caso una ley autonómica porque la función pública es normativa básica del Estado.

"¿Si hubiera una solución tan sencilla como cambiar una ley autonómica o dictar un decreto estaríamos pasando por este proceso?", se pregunta.

Con todo, Martín va a convocar al comité de huelga el próximo miércoles para proseguir con las negociaciones y empezar a negociar las bases de las futura OPE, que tardaría entre dos o tres años, con lo que niega "falta de interés" del Ejecutivo por más que los trabajadores quieran reunirse directamente con el consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez.