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Gobierno y entidades locales deben 186 millones a las empresas en plena crisis

El importe de las facturas pendientes de pago de Ejecutivo, cabildos y ayuntamientos se dispara un 25% durante la pandemia | Los autónomos avisan: “Es insoportable”

Román Rodríguez, consejero de Hacienda regional, en un pleno del Parlamento de Canarias. | | DELIA PADRÓN

La deuda de la Administración pública regional con las empresas se ha disparado desde el estallido de la pandemia. En apenas unos meses, el montante que ayuntamientos, cabildos y Gobierno de Canarias les deben a los proveedores ha aumentado la friolera de un 25%. El importe de las facturas pendientes de pago ha crecido así en 36,5 millones de euros desde marzo, cuando Pedro Sánchez decretó la alarma nacional. En total, la deuda asciende ya a 186,4 millones. El problema es que los principales proveedores de bienes y servicios de la Administración pública son pymes y micropymes, sobre todo en el caso de las entidades locales. De modo que el carpintero que se encarga del mobiliario de los servicios sociales; el fontanero que repara las tuberías del Consistorio; o el albañil que cambia las tejas de la biblioteca dependen de que el Ayuntamiento, el Cabildo o el Ejecutivo les paguen en tiempo y forma los 2.000, 3.000 o 5.000 euros por su trabajo. Máxime en una situación como la actual, donde alrededor de 30.000 trabajadores autónomos de las Islas están al borde de cerrar sus pequeños negocios por no contar con las ayudas directas que vienen pidiendo.

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) en Canarias, Juan Carlos Arricivita, explicó ayer que nada más estallar la pandemia, “desde el primer momento”, lo primero que pidieron a la Administración es que “agilizara los pagos al máximo”. Lo cierto es que la morosidad en los pagos de gobiernos y corporaciones no es un mal que haya traído consigo el coronavirus, sino que viene de lejos. Pero también es cierto que si hay un momento en el que resulta a todas luces “insoportable”, subrayó el representante de ATA, es precisamente este. Sin embargo, y aunque hay casos donde se ha mejorado de forma notable, la radiografía del conjunto de la Administración en el Archipiélago muestra que la petición de los autónomos de aligerar las facturas ha caído en saco roto. El ejemplo más claro es el del propio Gobierno de Canarias.

A mediados de septiembre, la Consejería de Hacienda avanzó que el Ejecutivo había conseguido bajar en diez días el período medio de pago a sus proveedores durante el primer semestre de 2020, dejándolo en menos de 17 días. De hecho, a 30 de junio el Gobierno tardaba menos de 15 días en abonar sus facturas. Pero a 1 de noviembre, que es hasta donde abarcan los datos suministrados por el Ministerio de Hacienda, ya superaba los 23 días. El período medio de pago se incrementó así en casi nueve días en solo cuatro meses. Y es justamente esto lo que más enfada a empresas y autónomos. “Se supone que están teletrabajando y que muchos departamentos han tenido menos carga de trabajo por el confinamiento, pero no han tenido tiempo para agilizar”, se quejó Arricivita. Es verdad que el Ejecutivo autonómico no es, ni de lejos, el que más tarde paga. El Gobierno de la Comunidad de Madrid se demora más de 41 días, y el de Cataluña, casi 45. No obstante, es igualmente verdad que es el tercero —tras los Gabinetes de Asturias y, de nuevo, Madrid— que más ha empeorado su período medio de pago desde que Hacienda se congratulara de haber logrado reducirlo en diez días a mediados del año pasado.

Aun con este empeoramiento, Canarias sigue cumpliendo el plazo de pago que estipula la ley, fijado en un máximo de 30 días. Pero el empeoramiento se nota, claro, en el importe adeudado. El Ejecutivo regional les debía a sus proveedores en marzo, al inicio de la pandemia, algo menos de 79 millones. La suma incluso cayó en mayo por debajo de los 56 millones, pero a partir de ahí se disparó hasta los 115 millones de octubre.

En el caso de los cabildos y de los ayuntamientos en régimen de cesión de tributos —los de municipios de más de 75.000 habitantes—, la evolución es mejor, hasta el punto de que el montante adeudado solo se ha incrementado durante la pandemia en medio millón de euros. En total les deben a las empresas 71,4 millones, que con los 115 del Gobierno elevan la deuda comercial de la Administración pública de la región a los susodichos 186,4 millones de euros.

Si se pone la lupa sobre cada entidad local, en los extremos aparecen los cabildos de Lanzarote y de Gran Canaria. El primero ha aumentado la deuda con las empresas en más de 3,8 millones a lo largo de la pandemia, para un total de 9,1 millones de euros; mientras que el segundo la ha reducido en 2,7 millones, para dejarla en unos 2,4. También la ha bajado de forma notable la corporación insular de Fuerteventura, en concreto en 2,3 millones (en total debe ahora 1,5 millones de euros). El Cabildo de Tenerife se ha quitado de encima 227.000 euros, pero sigue siendo, con diferencia, el de mayor deuda comercial, con casi 17 millones. En La Palma se mantiene estable en torno a los 4,5 millones de euros, mientras sube en 732.000 euros en La Gomera y se reduce en 158.000 en El Hierro, que casi no debe dinero a las empresas (menos de 129.000 euros).

Por último, los cinco grandes ayuntamientos —los dos capitalinos y los de La Laguna, Arona y Telde— adeudan un global de 34,7 millones, uno más que en marzo. Los importes oscilan entre los 16,8 millones de deuda de Las Palmas de Gran Canaria y los 646.000 euros de Arona. Telde debe 8,7 millones; La Laguna, 5,2 millones; y Santa Cruz, menos de 3,3 millones.

Datos


186,4 Millones de deuda: La deuda conjunta de Gobierno regional, cabildos y ayuntamientos con las empresas asciende a 186,4 millones de euros según los últimos datos del Ministerio de Hacienda.

115 Millones el Gobierno: La deuda comercial de la Administración autonómica a 1 de noviembre es de 115 millones. El Ejecutivo espera haberla reducido de forma considerable en diciembre y enero.

71,4 Millones los entes locales: Los cabildos y ayuntamientos en régimen de cesión de tributos, los de más de 75.000 habitantes, les adeudan a sus proveedores otros 71,4 millones de euros.

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