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Crisis migratoria

El Gobierno calcula que 600 migrantes que están en centros de menores son adultos

El colapso en las pruebas óseas, por la pandemia y la masiva llegada de pateras, provoca que estén pendientes desde hace meses 1.792 verificaciones de edad

El Gobierno calcula que 600 migrantes que están en centros de menores son adultos

El Gobierno calcula que 600 migrantes que están en centros de menores son adultos

El Gobierno canario espera desde hace meses por las pruebas óseas de los menores no acompañados que llegan en embarcaciones a las Islas para determinar la veracidad de su edad. En estos momentos, el Ejecutivo regional tiene bajo su custodia a 2.524 jóvenes de los que 1.792 están aún pendientes de comprobación. Si son mayores pasarían a los recursos del Estado y podrían ser repatriados, pero si se declaran menores al llegar a las Islas van directamente a centros para chicos y son tutelados por el Ejecutivo regional. La Consejería de Derechos Sociales calcula que, como menores, se han colado nada menos que unos 600 migrantes que ya han sobrepasado los 18 años. El colapso se da principalmente en la provincia de Las Palmas, con 1.398 pruebas óseas pendientes, y 394 en la de Santa Cruz de Tenerife.

La situación es distinta en ambas provincias. En Las Palmas se pide una radiografía de la muñeca y otra de la dentadura. Ambas se hacen en el centro de referencia, el Hospital Insular. En Santa Cruz de Tenerite solo se barema la de la muñeca. En el Foro Canario de la Inmigración que tuvo lugar a principios de septiembre, la Consejería de Derechos Sociales reclamó al Estado la unificación de los criterios utilizados por la Fiscalía de Extranjería en ambas provincias canarias con respecto a la determinación de la edad por pruebas óseas e instó al Gobierno central a dotar de mayores recursos, tanto a la Administración de Justicia como al Instituto de Medicina Legal, para favorecer la agilidad y resolución de estas comprobaciones.

El protocolo es el siguiente: cuando llegan a los puertos canarios la Policía Nacional hace la filiación de identidad. Si la persona manifiesta tener menos de 18 años pasa a un centro de menores y a estar bajo la tutela del Gobierno de Canarias. La Fiscalía de Extranjería abre expediente para determinar la edad. Las pruebas de huesos y dentadura se realizan en los hospitales canarios y se remiten al Instituto de Medicina Legal para que efectúe los informes correspondientes que mandan luego a la Fiscalía de Extranjería. En Tenerife se están haciendo con más agilidad porque, además de que únicamente se pide la prueba de la muñeca, hay menos volumen de menores, explica Iratxe Serrano, directora general de Protección a la Infancia y la Familia.

Con la pandemia, estas pruebas óseas se han retrasado al estar los centros menos operativos, a lo que se ha de añadir la masiva llegada de migrantes en 2020 y en lo que va de año. Solo de menores ha habido un incremento de un 367%. De hecho, en estos días han arribado pateras con mujeres y niños a bordo. Ante el importante incremento, el Gobierno de Canarias ha abierto 25 dispositivos de emergencias para albergar a los menores que gestionan entidades colaboradoras. Entre estos recursos se encuentran los tres apartamentos turísticos de migrantes de Mogán, con más de 600 menores.

El pasado viernes, el Servicio Canario de Salud pidió a la Consejería un listado de los menores a los que hay que hacer las pruebas. Desde Derechos Sociales ven con esperanza que se reactive el proceso parado en estos meses, pero son tantos expedientes que han de pasar por distintas instituciones que la resolución va a tardar tiempo, augura Serrano, quien asevera que persistirá el embudo si no ponen más personal para las pruebas. Paralelamente, ha reclamado a la Físcalía de Menores que este tipo de pruebas se puedan hacer en centros sanitarios privados. Si se confirman sus cálculos, 600 personas que se han declarado como menores serían mayores de edad, lo que aliviaría “mucho” la situación de masificación porque pasarían a recursos del Estado. Además, si se suman los 100 menores que se han comprometido a acoger otras comunidades autónomas, se podrían desalojar los recursos hoteleros del Sur, como pide el Ayuntamiento de Mogán, y evitar eventuales problemas que se puedan estar produciendo en los municipios sureños. El Estado ha dotado

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