Iratxe Serrano, directora general de Protección a la Infancia, sostiene que al colarse adultos en centros donde la mayoría son menores puede distorsionar la convivencia que, hasta ahora, han tenido “más o menos controlada”, precisa. Se refiere, por ejemplo, al altercado protagonizado por un joven en uno de los apartamentos de Mogán que supuestamente es menor pero que intuyen que puede superar los 18 años. Serrano reconoce que el cuidado de estos menores es complejo, porque si en las familias hay problemas con niños de distinta edad, en estos centros con tantos chicos se multiplican. A ello se suma que tienen mucho tiempo ocioso, aunque les dan clases de alfabetización, entre otras actividades. Pero cuentan con un problema añadido: no están escolarizando a los menores de 16 años, que ocupan los apartamentos turísticos, por las restricciones de la pandemia y la falta de plazas. ¿Y cómo calculan que 600 de los 1.792 migrantes que esperan por las pruebas óseas pueden ser mayores de edad? “A ojo”, contesta Serrano.
Cuando ya llevan días en los centros, las ONG se percatan de que pueden ser adultos. Hay casos evidentes, afirma la directora general, que cuenta que un hombre que se declaró menor resultó tener 36 años, tras pedir a Fiscalía que comprobara con celeridad su identidad. También reconoce que hay una franja que genera dudas, con chicos de 20 ó 21 años que pueden aparentar menos edad. Pero hay otros casos muy claros, “por sus barbas, sus entradas o la piel”, enfatiza. No obstante, si alegan al llegar que son menores no se puede hacer nada hasta que se compruebe la edad. Y muchos lo suelen decir para evitar ser devueltos. Son personas que vienen en busca de trabajo, pueden fumar o beber, y estar en un centro con niños, con horarios y controlados por monitores, complica más aún más la situación, recalca.
