El gobierno municipal de La Laguna –liderado por PSOE y Unid@s Podemos– ha firmado dos contratos a dedo de 15.000 euros cada uno con la abogada y dirigente socialista Sandra Rodríguez Vázquez, vocal de la Comisión de Ética de la Ejecutiva del PSOE de Canarias, para la defensa de los intereses municipales ante dos demandas judiciales, una tributaria y otra laboral, interpuestas contra el Ayuntamiento. Sandra Rodríguez es la letrada de Santiago Pérez, concejal de Urbanismo de La Laguna que en diciembre volvió al PSOE, en las denuncias de los denominados caso grúas y caso reparos, sobre la gestión de los gobiernos municipales de Coalición Canaria.
Especialista, sobre todo, en derecho civil y penal, Sandra Rodríguez ha sido contratada por la Concejalía de Hacienda, que dirige el socialista Alejandro Marrero, para la asistencia jurídica, en este caso, de contenciosos mercantiles y administrativos. En uno de los asuntos cuya defensa encarga el Ayuntamiento en febrero a la abogada socialista, los servicios jurídicos se iban a prestar, en un principio, “sin coste alguno”, según consta en un decreto de Alcaldía, una gratuidad que se corrige el 9 de marzo en una resolución de la Concejalía de Hacienda.
En los decretos por los que se conceden las dos asistencias jurídicas de 15.000 euros cada una a Sandra Rodríguez, el Ayuntamiento de La Laguna admite además que en uno de los casos el servicio se realizó antes incluso de que se aprobara el abono por las gestiones jurídicas realizadas por la abogada socialista. “La prestación del servicio se realizó con anterioridad a la firma del acto formal de aprobación del gasto”, se admite en un escrito firmado por el concejal de Hacienda el 18 de marzo.
Sandra Rodríguez, compañera del exministro socialista de Justicia y eurodiputado, Juan Fernando López Aguilar, aparece implicada en la denuncia del exconcejal de La Laguna, Javier Abreu, quien responsabiliza a la abogada de intentar condicionar su declaración en el caso reparos, que afecta también a Santiago Pérez, un caso que fue trasladado al jugado por la fiscal jefe provincial y de Anticorrupción, María Farnés.
El 9 de marzo, la Alcaldía firma un decreto que aprueba el primer contrato a dedo a Rodríguez para asistencia jurídica contencioso-administrativa por 15.000 euros. Es la cantidad límite que permite la ley a un contrato menor, que se otorga sin concurso público. El límite de 15.000 euros lo establece la Ley de Contratos del Sector Público, una normativa creada para evitar una práctica muy extendida en los ayuntamientos: trocear grandes contratos para evitar los controles y poder adjudicarlos a dedo. Solo 9 días después, la Alcaldía firma el segundo contrato, también de 15.000 euros, a la misma abogada, en este caso para la representación mercantil entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre.
En los decretos se informa de que uno de los contratos tuvo que ser convalidado porque la prestación del servicio de Sandra Rodríguez “se realizó con anterioridad a la firma del acto formal de aprobación del gasto”. En otro decreto, del 6 de marzo, se le encomienda la defensa de un caso “sin coste alguno”. Días después, el 9 y 18 de marzo, se aprueba el pago a Sandra Rodríguez de los 30.000 euros por los dos contratos de asesoramiento.
El grupo de gobierno de La Laguna admite que en este tipo de contratos menores “no existe ninguna exigencia legal de que haya que analizar otras ofertas”. Aclara con respecto a la fórmula elegida que es “la más económica para las arcas municipales”. “A diferencia del criterio de anteriores directores, que encargaban asistencias externas y las pagaban por pleitos individuales, con el elevado coste económico y procedimental que supone”, ahora se realiza un contrato menor “por periodo de un año”.
“Es un contrato profesional denominado iguala, por el que el despacho lleva todos los procedimientos por un mismo importe, con independencia del número de juicios y su dificultad”, detalla el gobierno local. Los decretos señalan además que Rodríguez es “una abogada de reconocida capacidad y solvencia”, explica el Ayuntamiento de La Laguna.
El equipo del alcalde, Luis Yeray Gutiérrez (PSOE), niega que la elección de Sandra Rodríguez, dirigente socialista y abogada de uno de sus miembros más destacados, Santiago Pérez, obedezca a criterios políticos o personales. Además de vocal de la Comisión de Ética, Rodríguez fue secretaria de Justicia de la dirección regional socialista cuando Juan Fernando López Aguilar fue su secretario general. “Es competencia exclusiva de la directora de la asesoría jurídica, sin que el grupo de Gobierno intervenga en estos procedimientos”, expone el gobierno lagunero.
Su principal argumento para esta contratación externa es la falta de medios para abordar la defensa jurídica del Ayuntamiento: “La asesoría jurídica del Ayuntamiento de La Laguna está compuesta por la directora, una técnico interina y una asesora jurídica, además del personal auxiliar. La técnico interina no está apoderada para asistir a los procedimientos y la asesora jurídica se dedica a la realización de informes. Por tanto, para asistir a las vistas solo se cuenta con la propia directora y un funcionario del área de Bienestar Social, que puntualmente acude a algún juicio como apoyo”. “Por ello, es necesario acudir a la contratación externa”, alega el equipo de gobierno, que asegura que estas contrataciones “han pasado todos los filtros de intervención y asesoramiento jurídico, sin que haya ningún reparo”.
El hecho de que Sandra Rodríguez represente al denunciante del Ayuntamiento de La Laguna en dos casos –reparos y grúas– y defensora al mismo tiempo de los intereses municipales en otros “no es incompatible” para el equipo de gobierno del municipio universitario. “Ninguno de esos asuntos se sigue contra el Ayuntamiento, que en todo caso sería el perjudicado”, argumenta el equipo de Gobierno local. Ninguna resolución firme del caso grúas y el caso reparos, ambos denunciados por Santiago Pérez con la representación jurídica de Sandra Rodríguez, ha declarado sin embargo como perjudicado al Consistorio hasta ahora.
El 9 de mayo, el Tribunal Supremo archiva una de esas denuncias, la del caso grúas, al no hallar ningún indicio de delito en las decisiones que adoptó Fernando Clavijo, primero como concejal de Seguridad y luego como alcalde de La Laguna, en la gestión del servicio de recogida de vehículos entre 2003 y 2015. Tampoco aprecia indicios de pérdida económica para las arcas municipales, en contra de lo denunciado por Santiago Pérez –con la representación letrada de Sandra Rodríguez–, que calificó repetidas veces el caso, cuando estaba en la oposición, como una gran trama de corrupción y amiguismo.
En la segunda denuncia de Santiago Pérez –de nuevo con Sandra Rodríguez como letrada– contra los gobiernos municipales que lideraron los nacionalistas Fernando Clavijo (2008-2015) y José Alberto Díaz (2015-2019), la abogada tinerfeña –al igual que su representado, Santiago Pérez– empezó como denunciante y ha acabado también como denunciada. Es el llamado caso reparos, otra causa que promueve Santiago Pérez cuando está en la oposición, en 2018, por presuntas irregularidades relacionadas con el levantamiento de reparos del interventor municipal para prorrogar contratos de servicios municipales vencidos entre 2013 y 2017, una práctica por otro lado legal y muy extendida en los ayuntamientos.
El 5 de noviembre, Javier Abreu, exteniente de alcalde de La Laguna, acusa en el Palacio de Justicia de la plaza de Los Adelantados a Sandra Rodríguez de prometerle la retirada de su imputación de prevaricación continuada si se “porta bien” en su declaración. El 27 de noviembre, 22 días después, la jueza del caso reparos, Ana Serrano-Jover, remite al Decanato las denuncias de Javier Abreu contra Santiago Pérez y Sandra Rodríguez de presionarle para que su declaración judicial les sea favorable. El principal objetivo de Pérez, según manifiesta Abreu, es el procesamiento de Fernando Clavijo.
La magistrada del Juzgado de Instrucción 4 de La Laguna considera que hay indicios para investigar a Santiago Pérez y Sandra Rodríguez por delitos contra la administración de justicia. Serrano-Jover recuerda en su providencia una de las afirmaciones de Abreu en sede judicial: el día anterior a su declaración recibe una llamada de Sandra Rodríguez en la que le asegura que su imputación ha sido un error y está dispuesta a presentar un escrito para apartarlo del proceso judicial.
Las revelaciones de Javier Abreu dan un vuelco al caso reparos. Instantes después de terminar su declaración, la fiscal jefa de la Audiencia Provincial, María Farnés, pide que Santiago Pérez sea llamado a declarar como investigado por delitos contra la justicia. Al poco llega la providencia de la jueza, que también señala las acusaciones de Javier Abreu contra Sandra Rodríguez. Abreu, exteniente de alcalde retirado de la política y antiguo socio de Santiago Pérez, no solo acusa a este y a su abogada de presionarlo para condicionar su declaración, sino que culpa a Pérez de conspirar con el interventor de La Laguna para preparar la denuncia e ir contra Clavijo aún a sabiendas de que eran acusaciones infundadas.
Santiago Pérez había circunscrito su denuncia del caso reparos a “una trama corrupta” de los gobiernos municipales liderados por CC, que mantendrían contratos vencidos sin sacarlos de nuevo a concurso. Pero otra decisión de la jueza Serrano-Jover, también basada en el testimonio de Abreu, amplía las investigaciones al gobierno actual, en el que Santiago Pérez es concejal de Urbanismo y que ha pagado 30.000 euros a Sandra Rodríguez por asistencia jurídica.
La jueza pide que se investigue la situación de los contratos de Urbaser y los centros ciudadanos al existir indicios de delitos contra la administración pública. Abreu mostró su extrañeza de que el actual gobierno mantuviera el contrato con Urbaser pese a que caducó en 2018. Recordó que Santiago Pérez anunció en 2019 que iba a añadir el caso de Urbaser en su denuncia. Ni lo hizo ni el contrato ha salido de nuevo a concurso, con Pérez ya en el gobierno lagunero, pese a que cuando estaba en la oposición tildó el mantenimiento de un contrato caducado de “escandaloso” y “un fraude inaceptable”.
